Inflación, desempleo y quién paga la cuenta
En febrero, la inflación anual era de 2,4%. En agosto llegó a 4,1%. Al mismo tiempo, el Imacec de julio cayó 1,5% interanual y el desempleo llegó a 9,5% en mayo-julio, su nivel más alto desde 2021. Suben los precios y se enfría la economía a la vez.
Para entender por qué esto tiene tan pocas salidas fáciles, hay que distinguir dos tipos de inflación. Cuando los precios suben porque se demanda más de lo que la economía puede producir (como en la inflación pospandemia), enfriar la demanda funciona: se sube la tasa, cae el consumo y los precios ceden. Cuando el shock viene de la oferta, el problema es bastante más complejo. Sube el costo de un insumo esencial, en este caso el petróleo, y las empresas lo traspasan a precios. Los hogares pierden poder de compra y consumen menos; las empresas venden menos, invierten menos y contratan menos.
La demanda cae, pero los precios no bajan, porque su causa no era un exceso de consumo sino un costo de producir más alto. En estas condiciones, enfriar la demanda no resuelve el problema: el alza de precios se explica por el encarecimiento del petróleo, agravado por la decisión del Gobierno de no amortiguarlo, y no por un exceso de demanda.
De ahí la tensión: el objetivo de precios pide cautela y el de empleo pide impulso. Lo sensato no es elegir uno, sino repartir las tareas. El Banco Central debe evitar que el alza se propague a otros precios y a los reajustes, y la política fiscal debe sostener ingresos y empleo. El Banco Central proyecta volver a la meta de 3% en el segundo trimestre de 2027, es decir, que el golpe de precios se diluirá. Pero el hueco en empleo y demanda no se cierra solo y exige acciones más decididas del Gobierno.
La causa central de este escenario es el alza del petróleo y la decisión del Gobierno de dejar de amortiguarla con el Mepco, traspasando el costo íntegro a las personas, las pymes y las empresas. El 26 de marzo modificó el mecanismo y trasladó de una vez el diferencial acumulado: $370 por litro en las bencinas y $580 en el diésel, el mayor ajuste en casi 50 años. Con el Mepco operando, el alza habría sido de 2,4%, unos $26 por litro, como ocurrió durante la guerra Rusia-Ucrania en el gobierno del expresidente Boric.
El efecto principal de esta mala decisión de Kast y Quiroz es sobre la inflación: la bencina pesa 3,4% aproximadamente en la canasta del IPC, y un alza cercana a 30% implicaba una contribución directa estimada de entre 1 y 1,2 puntos porcentuales al IPC mensual. A eso se suma el traspaso a los alimentos y a otros bienes que usan petróleo en su producción o distribución. Sobre el crecimiento el efecto es más indirecto, pero real: menos ingresos disponibles para hogares y empresas. Así, la decisión de no amortiguar el alza nos deja en la situación descrita: precios al alza y una economía que se enfría.
Ante este escenario, el proyecto de Ley de Presupuestos ofrece una oportunidad para usar la política fiscal como herramienta de reactivación y evitar que los costos sigan recayendo en la ciudadanía. Algunas medidas posibles:
- Aumentar la inversión pública, especialmente en obras intensivas en mano de obra, para generar empleo
- Fortalecer el subsidio al empleo, con más recursos para ampliar su cobertura y requisitos más flexibles
- Entregar transferencias directas y focalizadas a los hogares para enfrentar el alza del costo de la vida. Además de aliviar a las familias, estas medidas dan un impulso a la demanda
- No recortar el gasto en políticas sociales ni hacer un ajuste fiscal. Con bajo crecimiento y una economía sin dinamismo, se necesita un presupuesto contracíclico, con crecimiento del gasto y la inversión
Hasta ahora, quienes han pagado los costos de estas decisiones son los hogares. La bencina acumula 13% de alza en el año y el petróleo 29%, el desempleo está en su máximo nivel en 5 años y la mayoría del empleo que se crea es informal. En vez de focalizar sus esfuerzos en esta situación, el Gobierno puso sus fichas en una reforma tributaria que beneficia principalmente a los sectores más acomodados y que no se ha traducido en mayor inversión ni empleo. Las medidas que vengan deberían pasar una prueba simple: quién las recibe, cuánto duran, cuánto empleo formal generan y quién las financia. Si la respuesta a la primera pregunta no son las mayorías, el país habrá repartido el costo del shock y no su alivio.