Codelco: el análisis pendiente

La noticia ya pasó a la bitácora y, lamentablemente, ninguna conclusión pudo sacarse del impasse provocado por la intempestiva renuncia de Diego Hernández a la presidencia ejecutiva de CODELCO. Para el registro quedó la soterrada disputa entre el renunciado y Gerardo Jofré, Presidente del directorio de la empresa.

El primero alega la falta de flexibilidad y poderes para administrar con libertad a la estatal, agobiado por la burocracia interna e interminables obligaciones de reporte. El segundo se apuró en desmentir cualquier tensión entre los personeros, insistiendo que su celo estuvo siempre puesto en monitorear de cerca la gestión de Hernández, lo que constituye su obligación legal como director y presidente de CODELCO. ¿Quién dice la verdad?

Este evento no puede ser dejado pasar sin una reflexión, pues no se trata de un accidente insignificante en un modelo de gestión inaugurado con fanfarria hace poco tiempo, a propósito de la promulgación de la “Ley de Nuevo Gobierno Corporativo de CODELCO”, que muchos aplaudieron sólo leyendo el titular, pero sin atender a su contenido efectivo.

Como he señalado en otras columnas, la cuestión central del gobierno de la empresa, dice relación con la forma en que se conduce la tensión entre la propiedad de ésta y el poder de administración; esto es, finalmente, el control.

En este contexto, la clave para determinar un modelo virtuoso de gobierno empresarial, consiste en aplicar reglas precisas que fijen la posición de obligaciones y derechos entre los dueños y los administradores, a fin de asegurar que los beneficios de la agregación de valor (¡el maldito lucro!) y los riesgos de la gestión (accountability) vayan a parar a quien efectivamente le correspondan, en cada caso.

En el contexto de una empresa de propiedad del Estado, estos parámetros se deforman y difuminan notablemente. En particular, en el caso chileno, se ha evitado explícitamente una discusión acerca del rol empresarial del Estado en la economía y su función subsidiaria, de modo que los parámetros son todavía más confusos.

El gobierno corporativo de CODELCO, plasmado en sus estatutos y leyes del ramo, es epítome de la confusión de estos roles y sus criterios básicos; toda vez que cuesta distinguir con precisión de relojero suizo, la actuación propia del dueño de la del administrador.

Así, toda clase de desentendimientos puede darse en una regulación que yerra en asignar en el directorio de la empresa, funciones propias del dueño –o junta de accionistas- con las del órgano de administración.

En línea con esa confusión, integra normas de responsabilidad de director de sociedad anónima, a los “directores estatales”, que más bien debieran jugar el rol de junta de accionistas. Como nada queda claro, al final esta “junta de accionistas” se transforma en “directorio” y el director ejecutivo, es identificado con el rol de “gerente general”.

En esta neblina estatutaria, no es raro que los representantes del Estado asuman funciones de administradores, el administrador se queje de interferencia en su acción y, finalmente, lo más grave, colisionen dos visiones que, con legítimo derecho, pretenden definir la política estratégica de la empresa.

Esto fue lo que sucedió en CODELCO, en su decisión de ir o no a la conciliación en la disputa con Anglo-American. Cosas que ocurren cuando las normas de gobierno quedan mal reguladas en la ley o en los contratos.

Entonces, ¿de qué trataba la Ley de Gobierno Societario de CODELCO presentada con tanta pompa? Nada más y nada menos que de cómo repartirse los cargos del directorio dándole una validación política, a la usanza de TVN, pero ni hablar de lo que realmente importa, esto es, cómo definir el destino estratégico de la principal empresa de Chile con claridad de objetivo y sin interferencias políticas, y cómo competir en un mercado de gigantes transnacionales.

Quizás el caso Anglo-American nos ayude a reenfocar el análisis y aplicar modificaciones efectivas y eficientes al gobierno corporativo de CODELCO.

¿Cómo? Simplemente haciendo valer la ley vigente. ¿Por qué? Porque si el resultado del litigio con Anglo-American conlleva daños en los derechos y patrimonio de la estatal, a causa del erróneo ejercicio de la opción de compra de Los Bronces, será esperable que los que aplaudieron alegremente la promulgación de la pretendida Ley de Gobierno Corporativo de CODELCO, tengan la misma energía para perseguir la responsabilidad de aquellos que, con sus decisiones, llevaron a la empresa hacia este frustrante final.