Crecer requiere mucho más que bajar y eliminar impuestos
Parece correcta la decisión del grueso de la oposición de oponerse al paquete ultraliberal promovido por el ministro de Hacienda. Existen varias razones que justifican esa posición y que exceden largamente la discusión puntual sobre impuestos corporativos. Cada cierto tiempo reaparece en Chile una explicación aparentemente simple para el bajo crecimiento económico. Los impuestos corporativos serían demasiado altos y el costo del capital estaría frenando la inversión. A partir de ese diagnóstico se impulsa una receta igualmente conocida: reducir tributos, abaratar la inversión y desregular la economía. Aunque esos factores tienen relevancia y pueden influir sobre determinadas decisiones empresariales, resulta equivocado atribuirles un papel decisivo en la trayectoria del crecimiento potencial chileno.
La idea de que la debilidad económica del país se explica principalmente por la carga tributaria presenta varios problemas analíticos. El primero es cronológico. La desaceleración de Chile comenzó antes de la reforma tributaria de 2014. Diversos estudios sobre actividad y productividad muestran un quiebre alrededor de 2012, e incluso antes si se considera el desempeño de la minería. La pérdida de dinamismo, por tanto, difícilmente puede atribuirse fundamentalmente a un aumento posterior de la tasa corporativa.
Además, la discusión suele enfocarse casi exclusivamente en los impuestos y deja en segundo plano otros componentes fundamentales del costo del capital. Entre ellos destaca la tasa de interés. En economías con déficits fiscales persistentes y trayectorias crecientes de endeudamiento público, la política monetaria enfrenta mayores restricciones para reducir tasas de manera agresiva. Si durante los próximos años Chile combina déficits fiscales relevantes con un escenario internacional más incierto, es probable que las tasas reales permanezcan relativamente elevadas durante un período prolongado. Ese escenario encarece el financiamiento de proyectos productivos y afecta directamente la inversión privada.
El problema adquiere otra dimensión cuando se considera el impacto cambiario. Tasas de interés relativamente altas pueden contribuir a mantener una apreciación persistente del tipo de cambio real, debilitando la competitividad de sectores exportadores distintos de la minería. Para una economía pequeña y abierta como la chilena, el comportamiento del tipo de cambio continúa siendo un factor importante para diversificar exportaciones y desarrollar actividades transables de mayor sofisticación tecnológica.
La experiencia internacional tampoco respalda la idea de que menores impuestos corporativos basten por sí solos para acelerar sostenidamente el crecimiento. Las economías desarrolladas elevaron su productividad a través de innovación, acumulación de capital humano, infraestructura moderna, sofisticación productiva e instituciones estables. En la mayoría de esos países, además, la carga tributaria aumentó a medida que crecían y complejizaban sus economías. Chile, en cambio, multiplicó varias veces su ingreso per cápita durante décadas manteniendo una capacidad fiscal relativamente reducida.
Existe además un elemento estructural que suele quedar fuera de esta discusión. Una parte significativa de la economía chilena se sustenta en recursos naturales que generan rentas ricardianas. Ello ocurre en el cobre y el litio, pero también en salmones, recursos forestales y otras actividades asociadas a ventajas naturales escasas. En esos sectores, una fracción relevante de las utilidades proviene de condiciones geográficas, climáticas o geológicas excepcionales. Debido a su carácter difícilmente relocalizable, variaciones moderadas en la tributación rara vez alteran de manera decisiva las decisiones de inversión.
Durante los últimos años, uno de los principales obstáculos para muchas decisiones de inversión estuvo asociado a la incertidumbre institucional. Chile atravesó un ciclo de aproximadamente cinco años marcado por debate constitucional permanente, dos procesos constituyentes fallidos y discusiones abiertas sobre derechos de propiedad, régimen político, estructura del Estado y numerosas reglas económicas fundamentales. En inversiones de largo plazo, la previsibilidad jurídica tiene un peso comparable al de las variables tributarias. El capital suele adaptarse a cargas impositivas relativamente altas cuando existen reglas claras y estabilidad institucional. La incertidumbre política y jurídica prolongada produce efectos considerablemente más corrosivos.
Un estudio reciente del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social muestra que la incertidumbre institucional posterior a 2019 tuvo efectos económicos concretos. La investigación describe una fuerte transnacionalización patrimonial de sectores empresariales chilenos tras el estallido social y el proceso constitucional. Las inversiones y activos de residentes chilenos en el exterior aumentaron de manera significativa durante esos años, reflejando pérdida de confianza y un proceso de desanclaje respecto del país. El fenómeno ilustra hasta qué punto la percepción de riesgo político puede movilizar capitales con rapidez y alterar decisiones económicas de largo plazo.
También existe una tensión evidente en parte importante del debate económico actual. Frecuentemente se sostiene al mismo tiempo que la permisología mantiene paralizados proyectos por decenas de miles de millones de dólares y que la principal causa de la debilidad de la inversión radica en la tasa del impuesto corporativo. Ambas afirmaciones difícilmente pueden conservar simultáneamente plena consistencia explicativa. Si existen proyectos altamente rentables esperando aprobación regulatoria durante años, ello sugiere que el problema dominante no reside en la inexistencia de rentabilidad después de impuestos. La magnitud de las inversiones pendientes indica precisamente que continúan existiendo retornos esperados suficientemente altos como para justificar esos proyectos.
A ello se suma el deterioro persistente de la productividad. Los informes reiterados de la Comisión Nacional de Productividad muestran que Chile lleva más de una década exhibiendo un desempeño extremadamente débil en productividad total de factores. El problema no depende únicamente del volumen de inversión, sino también de la eficiencia con que los recursos son utilizados y reasignados dentro de la economía.
En la misma dirección, un estudio del Banco Central de Chile publicado en 2025 concluye que la reasignación de capital y trabajo entre empresas ha contribuido muy poco al aumento de productividad. Esa situación refleja dificultades de competencia, innovación y sofisticación empresarial que no se corrigen automáticamente mediante rebajas tributarias.
La calidad de la competencia económica constituye, de hecho, un factor mucho más relevante de lo que habitualmente se reconoce. Mercados poco competitivos reducen incentivos para innovar, elevar productividad o incorporar nuevas tecnologías. Empresas protegidas por posiciones dominantes pueden sostener rentabilidades elevadas sin necesidad de mejorar eficiencia. Paralelamente, estructuras excesivamente concentradas favorecen desigualdades persistentes y estimulan mecanismos de búsqueda de rentas mediante influencia regulatoria, captura institucional o cooptación política. Cuando el éxito económico depende crecientemente de la cercanía al poder político antes que de la capacidad de innovar y producir eficientemente, el crecimiento de largo plazo termina deteriorándose.
Las dificultades aparecen también en la estructura productiva del país. Chile logró expandir durante décadas sectores exportadores muy exitosos como minería, fruta, vino, salmones y forestal. Sin embargo, en los últimos quince años prácticamente no han surgido industrias nuevas de escala comparable. La diversificación productiva continúa siendo limitada y el avance tecnológico permanece insuficiente.
En ese contexto, el rezago en investigación y desarrollo adquiere especial importancia. Chile invierte muy poco en I+D en comparación con las economías desarrolladas y además carece de continuidad estratégica. Cada administración redefine prioridades, modifica instrumentos o abandona iniciativas previas. La innovación requiere horizontes largos, coordinación público-privada y políticas relativamente estables en el tiempo.
La discusión sobre permisología contiene, por supuesto, elementos atendibles. Existen demoras excesivas, superposición regulatoria y problemas de coordinación estatal que afectan proyectos de inversión. Corregir esas deficiencias resulta necesario para elevar la capacidad de crecimiento. Sin embargo, sería equivocado concluir que las regulaciones ambientales, sanitarias o territoriales constituyen meros obstáculos arbitrarios al desarrollo económico. Las economías modernas requieren estándares regulatorios mínimos. El desafío consiste en construir procedimientos eficientes, previsibles y técnicamente coherentes.
A todo ello se agregan otros factores que inciden directamente sobre el crecimiento potencial. Entre ellos destacan la baja participación laboral femenina, el deterioro de la seguridad pública, las debilidades de las capacidades estatales y la polarización política que dificulta acuerdos de largo plazo. También resultan fundamentales la calidad del capital humano, determinada por el nivel educativo, la formación técnico-profesional y la capacidad de actualización de habilidades; las brechas de infraestructura en logística, energía y conectividad que encarecen la operación productiva y frenan la competitividad territorial; el acceso al financiamiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas; y las profundas disparidades regionales que mantienen desaprovechado parte importante del potencial productivo del país. En conjunto, estos elementos configuran una parte sustantiva de las condiciones estructurales que determinan el crecimiento de largo plazo.
Existe además una dimensión distributiva y política que suele quedar fuera de este debate. Las rebajas tributarias concentradas en los sectores de mayores ingresos, así como la eliminación de impuestos progresivos bajo la promesa de acelerar la inversión, generan efectos distributivos significativos. Cuando esas políticas van acompañadas de recortes fiscales indiscriminados en áreas sensibles como seguridad, salud, educación, infraestructura o capacidades estatales, el resultado puede ser un aumento de la irritación social y de la polarización política.
Esa dinámica posee consecuencias económicas relevantes. Sociedades más fragmentadas, con menor cohesión y creciente desconfianza institucional, tienden a producir entornos menos estables para la inversión de largo plazo. La experiencia reciente de Chile debiera servir como advertencia. El estallido de 2019, los posteriores ciclos de incertidumbre política y el deterioro persistente de la calidad del debate público muestran que la estabilidad económica también depende de ciertos equilibrios sociales básicos.
Mientras acá se insiste en discutir el crecimiento principalmente desde el costo del capital, la experiencia comparada es bastante clara en este punto. Ninguna economía exitosa basó su desarrollo exclusivamente en menores impuestos corporativos. Productividad, innovación, estabilidad institucional, diversificación exportadora, competencia efectiva y capacidad de sofisticación económica aparecen hoy como variables mucho más determinantes para el crecimiento potencial. Las rebajas tributarias pueden producir efectos positivos acotados en algún sector o industria, pero difícilmente constituyen el factor decisivo para mover al alza el PIB potencial de largo plazo de la economía chilena. Reiteramos que un crecimiento sostenible requiere también legitimidad y cohesión social, e instituciones políticas autónomas del gran capital que las hagan representativas y capaces de procesar tensiones distributivas sin crisis recurrentes.