El futuro del trabajo en los tiempos del coronavirus
Los momentos excepcionales legitiman respuestas políticas excepcionales. La declaración de emergencia mundial por la propagación de la pandemia del coronavirus (o COVID-19) ha conllevado a la disminución de derechos y libertades democráticas. No obstante, tiempos como estos deben abrir la oportunidad para impulsar experimentos que expandan los límites de lo políticamente posible, para mejorar la situación de las y los trabajadores.
Teniendo presente que la pandemia no tiene fecha de término conocida, esto va a significar un periodo en que se va a requerir más apoyo a las personas que trabajan para controlar una enfermedad altamente contagiosa.
Las consecuencias están demandando nuevos niveles de atención, protección social y estímulos económicos, en especial en los países del sur global, con Estados más precarios. Por ello, el diálogo entre los interlocutores empresariales, sindicales y gubernamentales es fundamentales para dar respuestas rápidas.
En ese sentido, en Chile hace algunos días se aprobó la Ley de Trabajo a Distancia y Teletrabajo, la cual permite regular una de las aristas que la revolución digital había instalado como oportunidad.
Esta ley permite establecer una modalidad total o parcial con el empleador para ejercer las labores propias del puesto de trabajo desde cualquier espacio, distinto a las instalaciones de la empresa pero con el uso de herramientas tecnológicas para el caso del teletrabajo.
Ahora bien, de acuerdo con estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existe una tendencia en el teletrabajo a laborar más horas, de cargar con los mayores costos en servicios (Internet y electricidad), sumado al manejo trabajo-casa, que puede afectar y generar una intensificación de las funciones.
Además, esta modalidad está destinada a ser utilizada por directivos, administrativos, profesionales de ventas y por el subsector de la educación, pero ¿qué ocurre con aquellos trabajadores en donde su puesto de trabajo es intrínsecamente presencial?
El COVID-19 nos ha mostrado que las organizaciones, en algunos casos, pueden adoptar nuevos ambientes de trabajo y que el cierre de universidades y colegios ha permitido establecer nuevas formas de relacionarse entre las y los trabajadores.
La importancia de las competencias digitales concede un espacio de reconversión para un gran número de empresas, pero dicha reconversión no puede venir de la mano con un retroceso en los derechos laborales de las y los trabajadores.
Según estimaciones de la OIT, los grupos más vulnerables producto de los efectos de este virus serán las y los trabajadores sin protección social, las mujeres, migrantes, jóvenes y adultos mayores. Además, el impacto financiero de la pandemia permanecerá durante muchos años en la medida que los gobiernos no protejan las cadenas de suministro y las pequeñas empresas.
A medida que cierren las tiendas y la demanda caiga en los países del G-20, el impacto en millones de trabajadores se sentirá en las próximas semanas. En cuanto a la actividad turística, el análisis preliminar del Consejo Mundial para el Comercio y Turismo estima que exista una disminución de hasta el 25% en desplazamientos internacionales durante el año 2020, lo que afectaría millones de empleos.
Las y los trabajadores de la salud, del transporte y de los sectores minoristas y de servicios se van a encontrar entre los más afectados por la pandemia debido a su riesgo de exposición, así como a la escasez de equipos de protección personal.
Las preocupaciones de las y los trabajadores informales, de las pequeñas empresas, independientes, de las economías colaborativas son importantes debido a la menor demanda por los cierres necesarios para detener la propagación del virus.
Hay advertencias tempranas en la caída de las exportaciones en industrias como la textil, donde las y los trabajadores están en riesgo económico, a medida que crecen las restricciones fronterizas y la producción se cancela o pospone debido a la falta de demanda de los países importadores.
En ese sentido, la Confederación Sindical Internacional (ITUC, por sus siglas en inglés) ha identificado doce gobiernos donde se han implementado políticas para proteger vidas, empleos e ingresos, entre los que se encuentran Argentina, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda y Suecia.
Para el actual contexto, el apoyo directo de los Estados a la economía es la única forma en que las y los trabajadores permanecerán en sus hogares y alimenten a sus familias, mientras las industrias estén cerradas.
Hay medidas que son un comienzo, sin embargo, hay otra serie de demandas que tendrán impacto directo, como licencias por enfermedad remuneradas, apoyo en salarios para trabajadores dependientes como transferencias directas para trabajadores informales, independientes y por cuenta propia, alivio en préstamos, pagos de arriendos o hipotecas, facilidades en servicios básicos, y gratuidad en cuidados de la salud.
El futuro del trabajo tendrá su mayor recambio después de la contención que los países afectados por esta pandemia realicen, es decir, cuando exista un control epidemiológico y que, posteriormente, de paso a una vacuna.
Aquí, el desafío de la mayoría de los países será el de restablecer sus economías en base al resguardo de la dignidad de las y los trabajadores, pero con la implementación de nuevos formatos de flexibilidad laboral, lo que nos debe mantener en alerta, para que el mundo del trabajo no se vea afectado y ponga en juego lo que ha logrado en todos estos años.
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