Parecía broma del Día de los Inocentes, pero no, la noticia iba en serio. El pasado 28 de diciembre el Gobierno anunciaba con bombos y platillos -cadena nacional del Presidente Boric incluida- un protocolo de acuerdo entre Codelco y SQM para la exploración, desarrollo y explotación del litio en el país.
El solo hecho de que el Gobierno le abriera la puerta a Julio Ponce Lerou para mantener el control de la industria ya hace cuestionar este acuerdo. SQM ha sido una máquina que corrompió a la política, que opera permanentemente contra la organización sindical persiguiendo a dirigentes y trabajadores que se asocien y, además, desarrolla prácticas laborales que precariza a quienes son parte de sus faenas.
A eso se debe agregar, y recordar, que SQM -antes Soquimich- fue adquirida en las turbias operaciones financieras que desplegó la dictadura en el proceso de privatización de las empresas públicas, beneficiando en este caso a Ponce Lerou, a la fecha yerno del dictador Pinochet.
La concesión que le permitía la exploración y explotación de litio a la cuestionada compañía finaliza en 2030 y entonces uno puede con razón preguntarse ¿cuál es el motivo de adelantar su renovación? ¿Qué criterios técnicos, financieros y políticos contribuyeron a tomar esa decisión? ¿Por qué en vez de ir por el camino de una licitación internacional que entregara mejores resultados al Estado de Chile se toma el camino de negociar con Ponce Lerou? ¿Cuál es la jugada que prepara el hoy presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco? ¿Con cuánta libertad actuó Pacheco? ¿Alguien lo fiscaliza? ¿Alguien lo va a fiscalizar?
Además de lo anterior, ¿alguien le preguntó algo a las comunidades atacameñas sobre este proceso? Hace poco más de un mes se había acordado iniciar una mesa de diálogo compuesta por las comunidades, Codelco y SQM pero -hablando en castizo- "les pasaron máquina" y siguieron avanzando en sus negociaciones.
No solo eso, ¿cuál era el apuro por cerrar un trato con SQM? En estas semanas se escuchó el cuento de que no se quería sufrir lo mismo que pasó con el salitre: ¡patrañas! Licitar esta concesión tenía la gran ventaja de proteger los intereses del país, su soberanía sobre los recursos naturales y establecer mejores condiciones de negociación y control para el Estado chileno. Pero no, se decidió por el camino del acuerdo soterrado entre fieles representantes del Chile neoliberal como son Pacheco y Ponce Lerou.
Los números que resultan de este acuerdo establecen que el control de la exploración y desarrollo del litio en el país siguen estando, a la larga, del lado de SQM, perdiendo el foco en el proceso de nuevo modelo de desarrollo que hemos propuesto y que el Gobierno asumió como propio en tiempos de campaña: la Industria Nacional del Litio queda guardada en algún cajón de los escritorios de La Moneda.
De hecho, tal como lo plantea un informe del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), este acuerdo concede a SQM cerca de un tercio del valor de cada tonelada de litio que será extraído por la futura empresa mixta para, según explica el organismo, "recuperar el control del Estado sobre un yacimiento que le pertenece y cuya explotación jamás debió ser entregada a privados".
Considerando los antecedentes previos de SQM -corrupción, impunidad, persecución laboral y sindical- no se entiende que este primer acuerdo entre la estatal cuprífera y Ponce Lerou permita acceder a SQM a una cuota más alta de producción en 300.000 toneladas de LCE durante el periodo que le queda del presente contrato, que finaliza el año 2030. Mientras que Codelco, tal como señala la economista y académica de la Usach Marcela Vera, solo tendrá derecho hasta el año 2030 a recibir una utilidad correspondiente al beneficio por la comercialización de solo 201.000 toneladas de LCE. Peor aún, cifras que se han difundido en días posteriores a conocerse el acuerdo apuntan que éste le asegura a SQM beneficios por US$10.199 millones entre 2025-2030.
Con estos argumentos los trabajadores de la industria y las organizaciones sindicales a lo largo del país nos hemos manifestado en contra de este acuerdo y el avance de las conversaciones con entre el Gobierno y Ponce Lerou, las que validan la corrupción, las malas prácticas laborales y olvidan el compromiso con el desarrollo soberano de nuestro país.
Es tiempo que el Gobierno se detenga, respire y le pregunte a Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, qué pretende con este acuerdo, cuál es el real objetivo de entregar, nuevamente, el litio al control de una de las empresas más cuestionadas de nuestro país. ¿Qué pretende con detener una propuesta de soberanía y de desarrollo para nuestro país? Son innumerables las dudas y temores que genera este acuerdo, que -por ahora- solo asegura seguir siendo marionetas del nefasto orden de Ponce Lerou.
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