Fortaleciendo la empleabilidad desde el tripartismo
Coescrita con Ximena Rivillo Oróstica, secretaria ejecutiva de ChileValora
Hace unos días, y luego de su aprobación por amplia mayoría en el Congreso Nacional, el Presidente de la República promulgó la ley que fortalece el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, lo que constituye una gran noticia para el país. Este sistema, cuyo órgano regulador es ChileValora, reconoce formalmente las competencias laborales de las personas, independiente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal.
Dicho reconocimiento tiene un impacto positivo sobre la empleabilidad de quienes son certificados, ya que se valoriza su trayectoria laboral y su saber hacer, potenciando con ello la movilidad social ascendente. En lo que concierne a los empleadores, también se ven beneficiados ya que pueden tener certezas respecto a las competencias efectivas de las personas que están considerando contratar, de manera que se ajusten a sus necesidades de capital humano y aporten a la productividad de la empresa.
La certificación de competencias tiene además la virtud de favorecer las oportunidades de aprendizaje continuo, sobre la base de estándares de competencias definidos y validados por los sectores productivos y alineados con el Marco de Cualificaciones Técnico Profesional.
Una fortaleza central de ChileValora es su composición tripartita, lo que facilita la convergencia de visiones entre los representantes de Gobierno, trabajadores y empleadores. De hecho, el proyecto que dio origen a la norma fue previamente aprobado de forma unánime en su Directorio, integrado -entre otros- por representantes de la CUT, la CPC y la Conapyme.
Entre los aspectos más destacados de la ley, se establece la posibilidad de incorporar oficinas de ChileValora en las regiones, con el objetivo de reforzar el vínculo de la certificación con las demandas específicas de desarrollo de capital humano y los desafíos productivos de cada territorio. Asimismo, se dota de nuevas facultades y se les otorga un carácter permanente a los Organismos Sectoriales de Competencias Laborales, que estaban circunscritos sólo al proceso de generación, adquisición y actualización de las unidades de competencias laborales y funcionaban por un periodo acotado, con lo que se desaprovechaba su enorme potencial.
Por otro lado, se corrige una asimetría al equiparar las condiciones de uso de la franquicia tributaria respecto a la capacitación. De ahora en adelante las empresas podrán utilizar la franquicia bajo las mismas reglas para evaluar y certificar a sus trabajadores y trabajadoras, detectando y cerrando brechas de competencias. Esto contribuye a la empleabilidad individual y, a nivel agregado, es un factor dinamizador de la movilidad laboral intra e intersectorial.
Por último, para robustecer a ChileValora, resulta clave el hecho que se establece una norma permanente de financiamiento vía Ley de Presupuestos para el Sector Público, lo que dotará a esta entidad de mayor autonomía para cumplir su misión.
En definitiva, los avances referidos harán posible que nuestro país esté mejor preparado para enfrentar los desafíos del futuro del trabajo, la digitalización y la cuarta revolución industrial, que han adquirido un ritmo vertiginoso y requieren la actualización permanente de las competencias y habilidades de las y los trabajadores, dentro de un marco institucional moderno y anclado en la realidad de los sectores productivos.
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