Infraestructura en el pacto fiscal
En el marco del pacto fiscal anunciado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se dieron a conocer una serie de medidas relacionadas con la inversión pública en infraestructura. Desde nuestra perspectiva, esto resulta extraordinariamente importante dada la relevancia que tienen las grandes obras para el desarrollo del país.
Hay que resaltar la creación de una "Comisión Asesora de Política de Infraestructura Nacional", la que tendrá como misión la generación de un plan de largo plazo, focalizado en áreas claves para el desarrollo y la competitividad.
Esta iniciativa -sugerida por la Comisión Nacional de Productividad en 2020-, es muy similar a las formas a través de las cuales se diseñan las políticas de infraestructura en países que miramos con interés. Además, debería constituir un cambio importante en la planificación de las inversiones, pensando en el largo plazo.
La infraestructura cumple una función importante en la superación de brechas, al hacerse cargo de los rezagos de inversión que permitan el buen desempeño de las actividades productivas y un acceso a servicios públicos de calidad para las personas. Además, cumple una función de superar desigualdades sociales, al permitir que sectores vulnerables puedan recibir progresivamente servicios de mejor calidad y cumple con diseñar capacidades futuras.
Una de las grandes dificultades que tiene la infraestructura es la magnitud de las inversiones, especialmente aquellas que transforman en forma significativa la realidad pasada y generan las condiciones para el futuro.
En este sentido, en reconocimiento de las dificultades fiscales que el país enfrentará, y dada la exitosa experiencia que ha tenido Chile en la Asociación Pública-Privada (APP), un plan de largo plazo que apunte a desarrollar áreas clave debería ser una gran señal para las agencias públicas ejecutoras de modo que sus esfuerzos sean complementarios y cooperativos para alcanzar propósitos asociados a iniciativas de desarrollo.
De igual forma, esto integrará a los proyectos que se puedan materializar a través de formas de APP a una propuesta similar, de modo que efectivamente sean comprendidos como iniciativas de Estado y no como procesos de privatización. Pensamos también que las indicaciones dadas en un plan de este tipo debiera ser relevante para las instituciones reguladoras, de modo de alinear sus objetivos con las prioridades de Estado que se destaquen en este instrumento.
Y, por último, la existencia de un plan como el que se aspira debiera ser para el sector privado una potente señal, especialmente, cuando muchas de sus decisiones de inversión están condicionadas a las iniciativas que tome el sector público para desarrollar el territorio.
Esta propuesta de crear una comisión asesora recupera el rol central de los proyectos de inversión en el proceso de desarrollo de Chile, ordena los esfuerzos públicos y privados para avanzar en esa dirección y facilita las exigencias normativas y los procesos de control de calidad de las obras.
Como CPI, nos ponemos desde ya a disposición de las autoridades para trabajar en el perfeccionamiento de la propuesta, con la esperanza de que en un plazo breve podamos estar colaborando en el diseño de un plan nacional de infraestructura.
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