La memoria no basta: ¿Estamos dispuestos a cambiar?
En mayo de 1960, mientras Chile intentaba comprender la magnitud del terremoto más grande jamás registrado, un nuevo peligro comenzó a formarse en silencio. Tres deslizamientos de tierra bloquearon la salida del río San Pedro y el agua empezó a acumularse en el lago Riñihue. Si cedía, no arrasaría solo con Valdivia: arrastraría todo a su paso. No había protocolos. No había sistema. Había incertidumbre, urgencia y decisiones que no podían esperar.
Lo que siguió no fue solo una respuesta a la emergencia. Fue una forma de enfrentar el riesgo con lo que había: trabajo coordinado, conocimiento técnico en construcción y una intervención que, con el tiempo, evitaría una catástrofe mayor. "El Riñihuazo" no es solo un episodio del pasado. Es una escena que condensa algo más profundo: la relación entre conocimiento, decisión y territorio.
Hoy, más de 60 años después, Chile sabe mucho más sobre desastres que en 1960. Sabemos cómo se construye el riesgo. Sabemos que no depende solo de la amenaza, sino también de la exposición y la vulnerabilidad. Sabemos que el territorio no es un escenario neutral, sino una construcción social.
Sabemos lo suficiente para evitar el desastre. La duda es si estamos dispuestos a hacerlo.
Si miramos el Chile actual, los avances son evidentes. Existe un Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), una institucionalidad especializada en su coordinación (Senapred), una instancia operativa (Cogrid) y una Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. A ellos se suman planes comunales y regionales que dan cuenta de un cambio institucional relevante en sintonía con los marcos internacionales.
También han aumentado las capacidades técnicas: hoy contamos con más información, mayor cobertura de monitoreo y un desarrollo significativo del conocimiento científico. Instituciones como la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el Centro Sismológico Nacional o el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur han fortalecido la capacidad del país para observar y anticipar fenómenos. En paralelo, desde las universidades y los centros de estudio, el trabajo inter y transdisciplinario vinculado a la gestión de riesgos de desastres ha permitido el desarrollo de nuevos paradigmas que amplían la comprensión de la dinámica de estos procesos.
En este balance, indudablemente hemos dado varios pasos hacia adelante. Durante décadas, el desastre fue tratado como una fatalidad y hoy sabemos que no lo es.
Sin embargo, ese avance convive con algo más inquietante. El problema ya no es la falta de conocimiento, sino la distancia entre lo que sabemos y lo que estamos dispuestos a cambiar: decisiones sobre el uso de suelos, la expansión urbana, la localización de infraestructuras críticas o la inversión pública siguen reproduciendo las mismas condiciones de riesgo que luego intentamos gestionar.
Ahí aparece una paradoja que no es solo técnica, sino profundamente política. Como en el teorema de Gödel, hay verdades que el propio sistema no puede resolver desde dentro. La gestión del riesgo de desastres en Chile ha avanzado en diagnósticos, modelos y alertas, pero las decisiones que permitirían evitar el desastre socionatural -ordenamiento territorial, desigualdad, prioridades de inversión, etc.- siguen estando, en gran medida, fuera de ese sistema, no porque no existan herramientas, sino porque implican conflictos que la institucionalidad no siempre está diseñada para enfrentar y, en esa fricción, el conocimiento queda suspendido: reconocido, pero no necesariamente aplicado.
Por eso la memoria, por sí sola, no basta. No es un ejercicio de archivo, sino una forma de responsabilidad. Recordar el terremoto de 1960 sin recordar "el Riñihuazo" es rememorar solo la mitad de la historia. Es olvidar que, incluso en condiciones precarias, fue posible intervenir el riesgo y evitar una tragedia mayor.
Cada desastre arrastra preguntas que incomodan: ¿Qué parte de esto era evitable? Y si lo sabíamos, ¿por qué ocurrió igual? Y la respuesta no está en la naturaleza. El riesgo de desastres se configura en la interacción entre la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Es ahí donde se define quién queda expuesto y quién puede responder. Porque los desastres no afectan a todos por igual: golpean más fuerte donde hay menos infraestructura, menos información y menor capacidad de respuesta. Y eso no es casualidad, sino el resultado de (in)decisiones acumuladas.
En ese sentido, el desafío para la gestión del riesgo de desastres no es sólo técnico, también es político y ético. No se trata únicamente de perfeccionar los sistemas de alerta o los protocolos de respuesta, sino de intervenir las condiciones bajo las cuales la amenaza se convierte en desastre. Esto implica asumir que la prevención no es neutral: ordenar el territorio, restringir usos de suelo o relocalizar infraestructuras supone distribuir costos, limitar intereses y enfrentar conflictos que la institucionalidad tiende a postergar. Más que una agenda incremental, se requiere una decisión de Estado orientada a fortalecer las capacidades técnicas, financieras y políticas de los gobiernos locales, y asumir que la reducción del riesgo de desastres es, en último término, una cuestión de justicia social.
"El Riñihuazo" fue, en su momento, una decisión frente al riesgo. No una solución perfecta, sino una acción suficiente para evitar una tragedia mayor. Hoy tenemos más ciencia, más datos, más institucionalidad que en 1960. Sabemos mucho más. La pregunta es si tenemos la misma disposición a actuar sobre aquello que sabemos.
Un país con memoria no es el que transforma sus desastres en efemérides, sino el que decide no seguir viviendo bajo las mismas condiciones que las producen.