Los extremos chilenos: criterios para su análisis
El concepto de "partido antisistema" ha experimentado un proceso de expansión semántica que amenaza con vaciarlo de contenido analítico. En la literatura clásica, el término remitía generalmente a actores que rechazaban las reglas fundamentales de la competencia democrática. En el contexto contemporáneo, en cambio, se utiliza para describir fenómenos heterogéneos, desde críticas al desempeño de las élites hasta impugnaciones del régimen como tal. Esa ambigüedad dificulta el análisis y distorsiona el juicio político. La dificultad no es menor. En la política del siglo XX existían referentes más nítidos. Los partidos fascistas de entreguerras y los comunistas de la primera mitad del siglo XX -aquellos que la ciencia política describió como genuinamente antisistema- presentaban una combinación reconocible, con rechazo frontal a las reglas del juego democrático, discurso deslegitimador del orden liberal y, en muchos casos, disposición a la violencia política.
En el escenario postotalitario, esa nitidez se pierde. Los actores de hoy son más ambiguos, sus fronteras más porosas y sus relaciones con la democracia son más complejas y a menudo contradictorias. Y, sin embargo, la pregunta sigue siendo políticamente relevante. Clasificar mal tiene efectos concretos. Lleva a reaccionar de manera desproporcionada frente a fuerzas que, pese a su retórica áspera y confrontacional, operan dentro del marco institucional o, en sentido inverso, a normalizar señales de fuerzas que tensionan ese marco. En ambos casos, el diagnóstico errado debilita el juicio político.
El propósito de esta columna es desplazar la discusión desde las etiquetas hacia los criterios, ofreciendo herramientas mínimas para analizar con mayor rigor fenómenos que invitan a la simplificación. La interrogante central tampoco es si un partido critica al establishment, impugna el modelo económico o enfatiza conflictos valóricos intensos. Eso puede hacerlo cualquier fuerza democrática. La cuestión es si su comportamiento, su discurso o su núcleo doctrinario apuntan a deslegitimar el régimen democrático como tal, sus reglas de convivencia, el pluralismo como principio y la vigencia del orden constitucional.
Como ha señalado el politólogo Giovanni Capoccia, comentando a Giovanni Sartori, los gaullistas que se oponían a la Cuarta República francesa eran "antisistema" respecto de ese régimen específico, sin ser antidemocráticos en sentido general. La distinción importa, pues hay actores que impugnan una forma concreta de organización política sin rechazar la democracia como principio.
Para recuperar precisión, conviene distinguir ocho dimensiones en línea con la tradición de la ciencia política. Estas dimensiones tienen distinto peso analítico y conviene ordenarlas según su capacidad diagnóstica. Las tres primeras son umbrales. Su transgresión resulta por sí sola determinante, porque revelan comportamientos difícilmente disimulables, que ningún otro factor compensa.
La primera es la actitud frente a la violencia política. La condena clara y consistente de la violencia como herramienta de acción en democracia constituye el criterio más decisivo de delimitación. Una fuerza que la promueve, instrumentaliza, justifica o tolera cruza una línea que ninguna otra virtud institucional compensa, y permite distinguir con mayor nitidez entre una fuerza en tensión con el sistema y una en ruptura con él. La segunda es la conducta observable. Si una fuerza participa en elecciones, acepta resultados adversos y coopera, aunque sea conflictivamente, en instancias institucionales, hay una señal básica de integración. Su ausencia es inmediatamente descalificadora y difícil de disimular.
La tercera dimensión umbral profundiza la anterior y examina ese compromiso en condiciones más exigentes. Gobernar respetando los contrapesos institucionales y ejercer una oposición leal al régimen constitucional son conductas difíciles de simular e indicativas del carácter profundo de una fuerza política.
Las dos dimensiones siguientes permiten interpretar la naturaleza de estas fuerzas con mayor profundidad, aunque son más ambiguas y requieren análisis combinado.
La cuarta es el núcleo ideológico, aquello que la fuerza considera irrenunciable. Ese sustrato permite evaluar su compatibilidad con el pluralismo, la separación de poderes, la competencia electoral pacífica y el orden constitucional. Es la dimensión más reveladora en términos estructurales, aunque también la más difícil de observar directamente y la más susceptible de ser manipulada discursivamente. La quinta es el discurso. Importa distinguir si la crítica se dirige a las élites o al funcionamiento del sistema, o si cuestiona la legitimidad de las reglas democráticas en sí mismas. El discurso es, con todo, el elemento más plástico y táctico de una fuerza política. Lo que un partido proclama sobre la democracia dice menos que lo que hace en ella.
Las tres dimensiones restantes son de carácter contextual. Modulan la magnitud del riesgo antidemocrático, aunque no determinan por sí solas la naturaleza de estas fuerzas.
La sexta es la posición dentro de su coalición. Liderar una alianza es cualitativamente distinto a ser una minoría en ella. Las fuerzas minoritarias tienden a sobrerrepresentar su identidad y a tensionar acuerdos como forma de supervivencia política, lo que desde fuera puede interpretarse como impugnación del orden democrático sin serlo necesariamente. La séptima es la cohesión interna. Los partidos no son bloques monolíticos y, en los extremos, esto es particularmente visible. Las divisiones entre sectores pragmáticos y doctrinarios, entre integración institucional y pureza ideológica, ayudan a explicar muchas indeterminaciones. Pero la cohesión interna incluye también la existencia de disidentes respecto de la línea ideológica o política oficial del partido. Esa disidencia adquiere peso analítico diferenciado según su posición dentro de la organización. No es equivalente una voz crítica en la periferia que una que encabeza la candidatura presidencial o ejerce el liderazgo público visible, ni tampoco es menor si esa corriente disidente tiene presencia significativa en la representación parlamentaria del partido.
La octava dimensión es el tamaño relativo de la fuerza y su entorno político. Es probablemente la más importante para medir su peligrosidad antidemocrática efectiva y su capacidad deslegitimadora real. Un partido pequeño inserto en una coalición más amplia de carácter democrático tiene menor capacidad de erosionar la legitimidad del sistema, sea cual sea su perfil ideológico. Su potencial desestabilizador no depende solo de lo que declara, sino de su peso efectivo y de los equilibrios que lo rodean. En el contexto chileno, esta dimensión adquiere una relevancia política particular, pues es la que convierte una tendencia en un riesgo concreto para el orden democrático.
A estas ocho dimensiones se suma un elemento transversal, la diferencia entre conflictos políticos intensos y la erosión efectiva de la democracia. Los primeros pueden ser rudos y polarizantes, pero compatibles con las reglas del juego. La segunda mantiene las formas electorales mientras debilita el pluralismo, los contrapesos y los derechos. Confundir ambos planos es un error frecuente y políticamente costoso.
También resulta ilustrativa la proyección internacional de los partidos, los referentes que admiran, las redes en que participan y los liderazgos que justifican o condenan. No es irrelevante que sectores de izquierda radical tiendan a justificar o relativizar regímenes de larga data como los de Nicolás Maduro en Venezuela y los de Fidel Castro y Raúl Castro en Cuba, sistemas que han sostenido estructuras autoritarias durante décadas. Han suprimido la alternancia política y restringido libertades fundamentales. Desde la derecha radical, a su vez, se ha expresado admiración o indulgencia hacia liderazgos como los de Viktor Orbán, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro, así como simpatías por políticas de corte pinochetista.
Cabe notar, con todo, que entre estos referentes existen diferencias relevantes en su comportamiento frente a las reglas democráticas. Orbán acaba de aceptar una derrota electoral, mientras que Bolsonaro llegó a desconocer el resultado de un proceso legítimo. Ambos fenómenos -el de la izquierda y el de la derecha radical- son relativamente distintos entre sí y admiten gradaciones internas, pero en ambos casos revelan una relación ambigua o instrumental con los principios democráticos que merece ser examinada con rigor y sin equivalencias forzadas.
Una mirada diacrónica es igualmente necesaria. Los partidos cambian, a veces con rapidez. Actores que en contextos de crisis adoptan posiciones de exclusión pueden integrarse posteriormente al sistema, y también existen trayectorias en sentido inverso. El diagnóstico requiere observar procesos en el tiempo, y la fotografía de un momento puede ser engañosa.
Esto sugiere algo incómodo. Los extremos, aun cuando difieren en sus fines, pueden parecerse en ciertos comportamientos bajo condiciones similares. Enfrentan dilemas comunes sobre integración, identidad y supervivencia política. Reconocer esas similitudes facilita la comprensión de sus lógicas de acción, sin que ello implique asimilarlos.
Los documentos formales dicen menos de lo que aparentan. Las declaraciones de principios suelen incluir compromisos estándar con la democracia y los derechos humanos. Lo relevante es cómo esos compromisos se expresan en la práctica, en el liderazgo efectivo y en la resolución de conflictos internos. El ejercicio del poder introduce además un factor adicional. Gobernar tiende a moderar y también puede facilitar procesos de integración más profundos en el sistema político.
Aplicar estas ocho dimensiones al caso chileno no equivale a repartir calificativos, sino a sustituir la intuición por criterios. Y esos criterios sugieren un resultado que incomoda a quienes prefieren los diagnósticos categóricos. Lo más probable es que los principales partidos situados en los extremos del espectro político nacional se ubiquen, en su mayoría, en una zona gris. Ninguno presenta un perfil de rechazo frontal y consistente al orden democrático en todas las dimensiones analizadas, pero tampoco ninguno está exento de tensiones, ambigüedades o antecedentes que justifiquen una observación atenta y sostenida. La zona gris no es un espacio de inocencia ni de culpabilidad, sino el territorio donde la democracia se juega de manera más cotidiana y menos espectacular.
Por eso, más que preguntar si un actor es o no "antisistema" en abstracto, conviene observar su comportamiento en estos planos. La conclusión es necesariamente matizada. Entre la integración plena y el rechazo del orden democrático existe un amplio espectro donde influyen convicciones, incentivos estratégicos y correlaciones de fuerza.
Las categorías que distinguen con precisión -las que separan al desafiante del antisistema, al populista del iliberal, a la fuerza en tensión de la fuerza en ruptura- permiten identificar riesgos reales sin confundirlos con el ruido propio de la política democrática. Esa precisión es hoy, en Chile, una herramienta política de primera importancia, y una condición para no confundir amenaza con disenso.