La Contraloría y el Palacio Pereira

En la esquina nor-poniente de las calles Huérfanos y San Martín de la ciudad de Santiago todavía quedan restos de lo que fue el magnífico Palacio Pereira, mansión de 2 pisos con 2.700 m2 edificados entre los años 1872 y 1875.

Quien lo proyectó fue el arquitecto francés Lucien Ambroise Henault, profesional que tuvo en Chile una destacada y fecunda labor.

En 1932 los descendientes del propietario vendieron esta majestuosa edificación al Arzobispado de Santiago, la que, adaptada funcionalmente, se utilizó hasta 1968 como un colegio de niñas, conocido como el Liceo Nº 3.

A partir de ese año y en el transcurso de los cinco años siguientes el palacio fue ocupado por jóvenes estudiantes idealistas que impulsaban la revolución y después del golpe militar de 1973, estas instalaciones fueron allanadas por el Ejército en busca de armamentos, los que no fueron encontrados.

Hasta 1981 el palacio era tierra de nadie, por lo que fue totalmente desvalijado y ese mismo año fue adquirido por la constructora Raúl del Río. Enseguida fue declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) como "Monumento Histórico" y a raíz de ello su dueño se enfrascó en eternos litigios con el Estado.

Desde 1981 a la fecha, es decir, durante 30 años, el palacio ha caído en el olvido de todos y hoy es una ruina que genera infinidad de problemas al vecindario, deteriorando el espacio urbano de esa zona de la ciudad: nos preocupa sobremanera que sus fachadas se desplomen en cualquier momento.

Para recuperar lo que queda del palacio era necesario construir un edificio en su espacio libre interior, ya que con la utilidad de ese negocio, se solventarían los costos de la restauración, pero la municipalidad de Santiago, el Colegio de Arquitectos y el ministerio de Vivienda y Urbanismo se oponían a esa fórmula utilizando resquicios legales, aunque el CMN apoyaba el rescate patrimonial.

Ante este escenario, la Contraloría en octubre de 2010, emitió el dictamen Nº 63.082 mediante el cual, entre otras cosas, manifestó que el propietario del sitio en donde se encuentra dicho palacio tiene el derecho de solicitar y obtener una aprobación de anteproyecto y en seguida conseguir un permiso de edificación, ya que las impugnaciones de la municipalidad y de los otros carecían de valor legal.

Pero para seguir aportillando el proyecto de recuperación, la dirección de obras en lugar de obedecer el dictamen de la Contraloría, en la etapa del anteproyecto le formuló nuevas observaciones al arquitecto, lo que significó que el inversionista hiciera una presentación adicional al ente fiscalizador.

Hacemos hincapié que tanto el CMN como la municipalidad de Santiago se oponen a la demolición de lo que todavía se mantiene como vestigio del palacio y la empresa comercial dueña del terreno, avaluado en $ 640.000.000 por el Servicio de Impuestos Internos, no paga contribuciones de bienes raíces, exención tributaria que se mantendrá mientras existan las huellas de la otrora mansión.

El 12 de diciembre de 2011 la Contraloría mediante dictamen Nº 77481, reitera su anterior Nº 63.082 de noviembre de 2010 y les tira las orejas a las insubordinadas municipalidad de Santiago y Seremi de Vivienda y Urbanismo, porque no acataron su resolución original.

La Contraloría, haciendo valer su ley orgánica constitucional obligó al director de obras a que continuara tramitando la solicitud de anteproyecto sin hacer exigencias no contempladas en la regulación urbanística vigente.

Pero ¡oh sorpresa! el 31 de diciembre de 2011, es decir, hace muy pocos días, el empresario Raúl del Río le vendió al ministerio de Bienes Nacionales el terreno con lo que queda del palacete.

Recibirá la suma de $ 1.500.000.000 (un poco menos de 3 millones de dólares), teniéndose en cuenta que con esta transacción caída del cielo se liberó de los problemas que tuvo con el Estado por más de 30 años.

Ahora esperamos que tan pronto se inscriba en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago esa propiedad a nombre del fisco, dicho empresario le pague los honorarios al arquitecto que tanto bregó para que prosperara su proyecto.

Y por otro lado, esperamos que el servicio público que se trasladará para allá, dicen que será la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), refaccione correctamente la moribunda edificación y la haga apta para acoger a sus esforzados funcionarios.