“La Disputada” función empresarial del Estado

Nos sorprendió la noticia de Codelco que anuncia el ejercicio de una opción para adquirir el 49% de AngloAmerican Sur S.A. (dueña de las minas Los Bronces y El Soldado) a un precio estimado por sobre los USD 6.750 millones… justo cuando se debate fuertemente por la calidad y el costo de la educación chilena en sus distintos niveles.

El presupuesto de endeudamiento de Codelco para esta operación, equivale al costo de financiamiento de muchos años de educación superior de calidad.

Entonces ¿cómo se entiende que este negocio sea presentado como la “operación del siglo”?

¿Cuáles son las prioridades reales de este Gobierno?

¿Por qué el Estado tiene que andar comprando empresas privadas extranjeras? ¿De dónde viene esa autorización? ¿Quién revisa esto?

¿Cómo se definen las prioridades del gasto empresarial del Estado?

¿Cuándo es justo que el Estado gaste plata que podría, en vez, ir a satisfacer las dramáticas necesidades que el país tiene en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura?

¿Puede justificarse que el Estado destine recursos de todos los chilenos para competir con los privados en cualquier área?

El tema de fondo apunta, en realidad, a definir por qué pueden o deben existir empresas del Estado, cómo y en qué áreas.

Sobre la existencia y conveniencia de ellas, abundan opiniones y evidencias, tanto técnicas como políticas.

Todas las posiciones presentan argumentos válidos y atendibles que, de alguna manera, legitiman la coexistencia de empresas privadas y públicas bajo ciertas condiciones específicas. Pero la cuestión detrás de la existencia y financiamiento de las empresas estatales, corresponde a un delicado asunto de políticas públicas que, en estricto rigor, debiera estar técnicamente limitado a una fría decisión de finanzas corporativas (o en este caso, de finanzas públicas).

Desgraciadamente, este asunto es políticamente tan sensible y a la vez, tan complejo, desde el punto de vista jurídico y económico, que normalmente esta discusión se transforma en una pura declaración altisonante de consignas y slogans. Pues bien, lo técnico se termina mezclando y cubriendo con meras consideraciones políticas y posiciones dogmáticas. ¡Y de ahí, no salimos!

En ese escenario, ¿podemos entonces tener una discusión sobre el rol empresarial del Estado? No sólo creo que sí podemos; creo que debemos tenerla. Esta discusión es un asunto ciudadano de la mayor relevancia, y debe sostenerse pronto y de una buena vez, de manera abierta, transparente y bien informada.

Vergonzosamente, éste ha sido un debate evitado y pospuesto a lo largo de la historia económica moderna de Chile, porque los intereses privados del capital, los “obispos del neoliberalismo” y los administradores del aparato burocrático del Estado -y de las prebendas que se ofertan en su nombre a los partisanos políticos y apitutados de siempre-, se han encargado de empatar la cancha y no mover estas aguas, a espaldas del pueblo.

Pero antes de tomar posiciones, debemos partir por dilucidar un aspecto que es casi filosófico: Asumimos que el pueblo de Chile está de acuerdo con que el Estado puede y debe intervenir en la economía con un rol empresarial. Si estamos de acuerdo con lo anterior, la inquietud que surge entonces es la siguiente:

¿Cuándo puede-debe intervenir el Estado en la economía como empresario?

Esta pregunta no es nada de etérea o académica. Bien vale recordar que una buena parte de la cuestión política tanto en la anterior elección presidencial como también en la actualidad, tiene que ver con definir “cuánto Estado” queremos los chilenos, cuánta actividad, cuánta intervención queremos de lo público en contraposición al mundo privado.

Las soluciones facilistas, que asumen que en la activa participación del Estado en la economía, existe una panacea al abuso corporativo o a la solución de necesidades sociales, funciona bien como slogan, pero no es una regla de oro aplicable en cualquier caso.

Su éxito o fracaso depende también, en gran medida, de la forma en cómo el Estado decide intervenir.

Volver a los fundamentos, y repensar estos criterios, es una importante necesidad de política pública, pues los desafíos que tiene Chile por delante, incluyen replantear el Estado, su organización, su legitimidad democrática, sus ámbitos de acción, su control y su financiamiento, en atención a las exigencias que impone el proyecto de desarrollo nacional.