No al impuesto a los combustibles

Diversos economistas y políticos se han mostrado en contra de la reducción o eliminación del impuesto a los combustibles, siendo una de las razones más recurrentes el que éste sería un impuesto eficiente (su recaudación es de bajo costo y hay poca evasión), progresivo y justo porque afecta principalmente a las personas de más altos ingresos. Sin embargo, esto es cuestionable.

El impuesto específico a los combustibles afecta de manera importante a la clase media de nuestro país.

De acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Jaime Guzmán, el 79% de la población siente que este impuesto afecta su situación económica, percepción que es más alta en nuestra clase media. Esto no puede ser de otra forma si consideramos que para ese grupo el gasto en bencina significa un 11% de sus ingresos, mientras que para el quintil más alto sólo representa el 2,7%.

Evidentemente las familias de más altos ingresos, que en su mayoría tiene al menos un automóvil, tiene un consumo mayor de gasolina que una familia de clase media, pero no podemos comparar lo que significa para una familia que gana 600 mil pesos un gasto de $70.000 en bencina, versus una familia con ingresos de más de un millón de pesos.

Por favor no nos engañemos, para la familia de clase media, que es la más desprotegida en nuestro país, ese gasto es relevante en su presupuesto mensual.

Por otra parte, al hacer este análisis no podemos seguir utilizando datos de hace 5 años.

Nuestra economía ha cambiado y vemos que nuestra clase media accede a una mayor cantidad de bienes y servicios, entre ellos el automóvil, porque en nuestro país tener un auto ya no es un lujo.

Así lo demuestra los datos entregados en septiembre del año 2011 por la Asociación Nacional Automotriz de Chile: los vehículos a los que accede la clase media representan el 45% del mercado, segmento que ha crecido en un 30% durante el año 2011.

Esto se ve reflejado en un estudio realizado por Adimark que señala que el 80% de los grupos familiares con ingresos mensuales de un millón de pesos y el 45% de las familias con un ingreso promedio de 700 mil pesos tienen un vehículo.

Es importante recordar que este impuesto no fue creado con una función redistributiva y tampoco como una forma de paliar las externalidades negativas que origina el uso de vehículos motorizados.

Este impuesto surge en 1985 luego del terremoto que afectara nuestro país, y tuvo por objeto financiar la reparación de la infraestructura pública destruida. Inicialmente este impuesto era de 2 UTM por metro cúbico de bencina y 1,5 UTM por metro cúbico de diesel.

Sin embargo, pese a que la infraestructura fue repuesta y que hoy la mayoría de nuestras carreteras son concesionadas, este impuesto no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado en el caso de la bencina a 6 UTM por metro cúbico, lo cual es absolutamente contradictorio.

Hay quienes buscan sustentar la mantención e incluso el alza a este impuesto por los múltiples costos sociales que conlleva el uso de los vehículos, como lo es la contaminación y la congestión vehicular.

Sin embargo, esto es injusto para todas aquellas personas que viven en lugares donde no hay contaminación o congestión, ¿por qué tendrían que pagar ellos un impuesto específico por una realidad que no es la de ellos?

Además, la congestión no es una externalidad generada por la bencina, sino que se debe a la insuficiente infraestructura vial y el creciente parque automotriz de nuestro país.

Tampoco es correcto recurrir a la contaminación que provoca el uso del automóvil toda vez que, al año 2010, el 86% del parque automotriz correspondía a vehículos motorizados que usan convertidor catalítico –menos contaminantes-, lo que en la Región Metropolitana equivale al 93,7% de los vehículos.

Por lo demás, las autoridades ambientales han señalado que la contaminación de Santiago y otras grandes ciudades se debe al uso de la leña y a las industrias que funcionan en ellas.

Para reducir la contaminación y la congestión existen otras medidas mucho más efectivas y que abordan en concreto el problema que se trata de resolver.

Así, se podrían impulsar los impuestos verdes, y mejorar el transporte público. Sabemos que extender la red de metro disminuye el uso del automóvil. ¿Por qué no avanzar más en una solución como esta que, además, mejoraría sustancialmente la vida de muchas personas?

Tengo la convicción que la reducción o eliminación del impuesto específico a los combustibles tendrá un impacto importante y directo en los bolsillos de la clase media de nuestro país. Avanzar en esto ayudaría a ser de Chile un país más justo.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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