Operación Termita
Las termitas tienen una característica inquietante, la de destruir desde adentro. No hacen ruido, no irrumpen con estridencia ni anuncian su presencia. Mientras la estructura parece firme, ellas ya han comenzado a debilitar sus cimientos. Cuando el daño finalmente se hace visible, muchas veces ya es demasiado tarde.
Esta metáfora describe con precisión el avance de las economías ilícitas en Chile. No se trata únicamente del narcotráfico o del comercio ilegal. Existe otra dimensión, menos visible pero igualmente corrosiva: el crecimiento sostenido del crédito informal, un fenómeno que ha ido ocupando los espacios que el sistema financiero formal ha dejado vacíos.
El reciente informe de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) representa un punto de inflexión. Por primera vez, cerca de 30 organizaciones empresariales trabajaron sobre una metodología común para dimensionar el impacto económico de los mercados ilícitos. Una de esas entidades fue la Asociación del Retail Financiero (ARF), gremio que reportó el impacto del crédito informal: moviliza anualmente más de 4 mil millones de dólares anuales, y afecta a más de 600 mil personas. Pero más allá de las cifras, lo importante es la evidencia cuantificable. Lo que antes eran denuncias aisladas como el "gota a gota", ahora aparece como un fenómeno estructural que afecta simultáneamente al Estado, a las empresas y, sobre todo, a miles de personas.
Durante los últimos años hemos visto cómo la Comisión para el Mercado Financiero denuncia plataformas ilegales que ofrecen préstamos, cómo aparecen casos en la prensa sobre créditos abusivos e intereses usureros y cómo las víctimas relatan extorsiones y abusos ante el no pago. Sin embargo, cada episodio por más que nos impacte desaparece rápidamente del debate público. Es como lanzar una piedra al agua, cuyas ondas duran apenas unos segundos antes de que todo vuelva a la normalidad. Y ese regreso a la normalidad aparente, se transforma en el mayor triunfo de las termitas.
Ciertamente, la realidad de miles de familias que quedaron excluidas del sistema financiero formal es una verdad incómoda y revela que cuando el acceso al crédito formal se restringe excesivamente, ese espacio es ocupado por otros actores que no respetan las reglas, la fiscalización y no les interesa la protección para los consumidores.
Enfrentar este problema exige abandonar la lógica de las soluciones únicas. No existe una bala de plata contra las economías ilícitas. Se requiere una agenda integral que combine inclusión financiera, modernización regulatoria y una acción coordinada del Estado.
Bajo este escenario, es necesario y urgente revisar los procedimientos de cálculo de la Tasa Máxima Convencional con el propósito de reincorporar a miles de personas al crédito formal; actualizar una Ley de Fraude, que fue diseñada para un mercado de pagos que ya cambió, así como corregir los efectos que podría generar la nueva normativa sobre pago mínimo de tarjetas, junto con fortalecer las facultades de organismos como la CMF para bloquear oportunamente plataformas ilegales y establecer una verdadera coordinación entre las distintas agencias del Estado. Estas 5 medidas apuntan en una misma dirección: impedir que la ilegalidad continúe expandiéndose donde la institucionalidad llega tarde.
El desafío no consiste únicamente en perseguir a quienes operan fuera de la ley. También implica preguntarse por qué existe una demanda creciente por estos mercados. Mientras exista una cantidad importante de personas que no cuenten con acceso al mercado formal y regulado para financiar una necesidad básica o un emprendimiento, el crédito informal tendrá oportunidades y seguirá creciendo.