Pensiones

Manuel Riesco

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La Presidenta de la República ha recibido el informe de la comisión asesora a la cual encargó elaborar propuestas para abordar el problema de fondo del sistema de AFP: el monto insuficiente e incierto de sus pensiones y su escasa legitimidad ciudadana, diagnóstico confirmado de modo contundente por la propia comisión. El informe presenta un claro sesgo en favor de las AFP, sin embargo, por primera vez recoge oficialmente opciones alternativas para terminar con este sistema y restablecer de modo parcial o total un sistema público de pensiones basado en el esquema de reparto.

Como era de esperar dados sus conocidos pronunciamientos previos y estrechos vínculos con las AFP, la mitad de sus miembros y su presidente se pronunciaron por mantener intacto el sistema de capitalización individual, sugiriendo aumentar todavía más la carga sobre los empleadores y el fisco, sin ofrecer mejora sustancial de las pensiones a sus afiliados a quienes, por el contrario, se pretende asimismo elevar sus cotizaciones forzosas y edad legal de retiro. Ello habla mal de quienes seleccionaron a tales comisionados y resulta irritante para la ciudadanía, lo que a estas alturas parece inaceptable y arriesgado.

Sin embargo, la otra mitad de los comisionados se pronunció por reformas de fondo, restableciendo un sistema público de reparto de manera parcial o total, lo cual constituye un avance de significación.

Lo más importante del informe es que recoge en su integridad la propuesta de terminar de inmediato con las AFP, presentada por la más calificada de sus miembros para estos efectos, puesto que ella viene de lograr hace un año el término de la capitalización individual que había sido impuesta de modo parcial en su Polonia natal.

Dicha propuesta fue presentada por la distinguida economista y académica de la Universidad de Varsovia, Profesora Leokadia Or?ziak, sustentada por un sólido y completo modelo de viabilidad desarrollado por CENDA para la Subsecretaría de Previsión del ministerio del Trabajo. Una simple enumeración de los beneficios de esta propuesta, que ahora es oficial, resulta impresionante.

En efecto, la propuesta C de la profesora Or?ziak demuestra que el término de las AFP y restablecimiento del sistema público, basado en el esquema de reparto que utilizan con éxito todos los países del mundo desde hace más de un siglo y también Chile hasta 1981, permitiría:

1) Aumentar el número de pensionados por edad en un 50 por ciento, jubilando de inmediato a todos los afiliados a las AFP que han cumplido y sobrepasado la edad legal exigida, rebajando así la edad promedio efectiva de retiro de los chilenos, desde 70 años en la actualidad, la más elevada entre los países que registra la OCDE, a 60 años para las mujeres y 65 para los hombres que la ley establece como derecho, edades que no es necesario elevar hasta bien entrada la segunda mitad del siglo.

2) Subir al doble el monto promedio de todas las pensiones, incluidas las que perciben los jubilados actuales, lo que las eleva desde un tercio a dos tercios de las remuneraciones imponibles promedio, y reajustarlas en lo sucesivo cada año según el índice de remuneraciones.

3) Ahorrar al fisco todos los subsidios directos, como bonos de reconocimiento o aportes previsionales solidarios, e indirectos como planes de retiro, que actualmente se aportan en dinero efectivo a las pensiones AFP y cuyo monto supera los dos billones de pesos anuales, cifra que equivale, por ejemplo, al doble de lo requerido para solventar la gratuidad completa en educación superior.

4) Generar un ahorro fiscal adicional de consideración al eliminar los beneficios tributarios al ahorro previsional voluntario de los afiliados de altos ingresos y paralelamente reducir de modo sustancial y rápido la proporción de adultos mayores atendidos por los sistemas de pensiones no contributivas, pensiones básicas solidarias y del antiguo sistema de reparto, cuyo número actual más que duplica las pensiones AFP por edad.

Todo ello se puede sostener en el tiempo en base a las solas cotizaciones de los afiliados. Por precario que sea el empleo y bajos los salarios, las cotizaciones actualmente más que duplican el monto de las pensiones pagadas por el sistema de AFP en su conjunto y crecen el doble de rápido que éste.

No es necesario incrementar las tasas de cotización actuales al menos durante dos décadas y el fondo de pensiones mantiene niveles razonables. Dichas proyecciones consideran a los afiliados reales del sistema de AFP con sus edades respectivas y un escenario demográfico y de crecimiento económico extremadamente conservador.

La propuesta de la Profesora Or?ziak, a partir de hoy documento oficial del gobierno de Chile, demuestra además que la eventual mantención del sistema de capitalización individual entregaría pensiones que no alcanzan a un tercio de las que son posibles de ofrecer bajo el esquema de reparto.

Aún si aquel fuese administrado a costo cero por el Estado, sin AFP privadas, y bajo exactamente las mismas condiciones demográficas, de crecimiento económico y salarial, tasas de cotización y rentabilidad del fondo, que fueron consideradas para estimar los beneficios del esquema de reparto. Por cierto, al mismo tiempo que entregaría bajas pensiones, dicho sistema continuaría transfiriendo inmensos excedentes netos al sistema financiero.

Todo lo anterior demuestra de modo categórico que la única causa de las bajas pensiones —la condición demográfica a la cual culpan las AFP es actualmente la más favorable de toda la historia y continuará hasta fines del siglo siendo mejor que lo que era en 1970— no es otra que el propio sistema de AFP.

Éste fue diseñado e impuesto violentamente por la dictadura y sostenido por los gobiernos siguientes, como un esquema de ahorro forzoso, destinado a expropiar mes a mes una enorme y siempre creciente masa de salarios e impuestos, que actualmente equivale en términos netos a un tres por ciento del PIB por año, y traspasarlos al sistema financiero, que a su vez los transfiere en su mayor parte a los grandes grupos empresariales que operan en el país, empezando por los propietarios de las AFP y grupos empresariales ligados al Pinochetismo, quienes pretenden no devolverla jamás.

Por este motivo, además de provocar la miseria de los jubilados, el sistema de AFP es una de las causas principales de la mala distribución del ingreso en el país, y constituye uno de los abusos más flagrantes que minan la confianza ciudadana en sus instituciones, la cual ha disminuido a un nivel crítico que hoy nadie desconoce y resulta evidentemente peligroso.

Ponerle término a las AFP resulta imperioso y se llevará a la práctica mucho más temprano que tarde.