Pensiones

El histórico alzamiento popular iniciado el 18 de octubre del año 2019 ha modificado radicalmente las condiciones del debate de pensiones. Hoy es posible atender esta demanda central del Pliego de Unidad Social: acabar el abusivo sistema AFP y reconstruir un nuevo sistema público de seguro social que, sin aumentar la carga de cotizaciones sobre los salarios, brinde pensiones dignas a nuestras jubiladas y jubilados, y al mismo tiempo mejore las cuentas fiscales.

Ciertamente, dicha reforma ayudará a restablecer la convivencia nacional sobre bases más justas y estables en beneficio de todos, especialmente  de los adultos mayores que han sido abusados por décadas.

Algunos principios pueden ayudar a construir un consenso para atender esta demanda.

Acabar con el abuso, terminando el sistema de ahorro forzoso AFP, recuperando las cotizaciones que éste hoy se apropia y traspasando al Estado la administración del sistema, incluyendo el esquema de rentas vitalicias y seguros de invalidez.

Reparar el daño infringido, duplicando las actuales pensiones y restituyendo el fondo acumulado a sus propietarios, íntegramente y lo antes posible.

Finalmente, aprovechar el considerable superávit fiscal resultante de las medidas anteriores, que alcanza a unos 11 mil millones de dólares anuales equivalentes a $8,8 billones, 1/5 del presupuesto fiscal y 4,5% PIB, para mejorar otras pensiones, otras políticas sociales y la clasificación de riesgo del país.

Lo primero es acabar con el abuso. Nunca más en Chile se desviarán recursos de cotizaciones previsionales a fines que no beneficien directamente a los trabajadores, porque son la parte de la remuneración de los activos destinada garantizar pensiones dignas a sus mayores.

Menos que nada al financiamiento de grandes empresas privadas como se ha venido haciendo por cuatro décadas, recursos que deben provenir íntegramente de las ganancias y rentas, jamás de los salarios. Este abuso gigantesco es la esencia del sistema de ahorro forzoso y debe acabar para siempre en el país.

Se recuperará de inmediato la totalidad de las cotizaciones previsionales que hoy se apropia el sistema de AFP. Obligatoriamente se descuentan mes a mes a trabajadoras y trabajadores activos y sólo a ellos pues quedan exentos ingresos superiores a $2,2 millones al mes.

Alcanzan actualmente a 12,78 por ciento de las remuneraciones imponibles y suman casi diez mil millones de dólares por año, equivalentes a $8,8 billones, 18% del presupuesto fiscal y 4% del PIB.

En lo sucesivo, las cotizaciones se destinarán íntegra y exclusivamente al propósito para el cual fueron establecidas hace un siglo y del cual jamás debieron salir y nunca más serán desviadas, asegurando que todas las trabajadoras y trabajadores activos contribuyan, de manera justa y proporcional a sus ingresos, con su deber de asegurar pensiones dignas, hoy y mañana, a sus padres y abuelas, trabajadoras y trabajadores jubilados.

No se elevarán las actuales cotizaciones previsionales, que son un impuesto que pagamos aunque lo desembolsen los empresarios, hasta que todas las actuales cotizaciones y la totalidad del fondo de pensiones acumulado hayan sido recuperados para el pago de pensiones. Por la misma razón, tampoco se elevará la edad de jubilación, de mujeres u hombres.

Lo segundo es reparar el daño infringido, duplicando pensiones y restituyendo actual fondo a sus dueños Las actuales pensiones del sistema AFP se duplicarán en promedio.

El gasto actual en pensiones AFP, que se eleva a $3,7 billones/año, será suplementado con un monto similar de $3,7 billones/año, de manera que el monto promedio de los beneficios actuales, que hoy equivale a 27% del salario imponible, se elevará al doble, es decir al equivalente a 54% del sueldo imponible, en promedio.

Se reajustarán en lo sucesivo según el índice de remuneraciones imponibles, de modo de mantener una proporción definida y estable con éstas.

Se beneficiará especialmente a las mujeres, terminando con la actual discriminación en contra suya.

A salarios y contribuciones iguales, pensiones iguales para hombres y mujeres, respetando las respectivas edades legales de retiro de 60 y 65 años. Asimismo, se mejorarán especialmente las pensiones de EEPP y otros grupos particularmente castigados por el esquema actual, así como las pensiones más bajas como propone NO+AFP.

Los montos de las nuevas pensiones serán definidos, sin depender de veleidosos mercados financieros. Se determinarán mediante un esquema que considere los aportes realizados a lo largo de la vida activa, pero también los últimos años, asegurando que cada jubilada o jubilado reciba un mínimo aceptable y mantenga un nivel razonablemente parecido al que gozaron en actividad, también en el caso de trabajadoras y trabajadores calificados, jueces y otras personas de ingresos mayores.

Dicho incremento es sustentable hacia el futuro. El monto actual de las cotizaciones (7,6 billones/año) duplica el actual gasto en pensiones AFP ($3,7 billones/año), sin considerar subsidio fiscal alguno. Por otra parte, la economía chilena satisface con holgura la regla de sustentabilidad en el tiempo de los sistemas de seguro social: el PIB crece más rápido que el número de adultos mayores, tanto en la actualidad como, con mayor holgura, en las proyecciones a futuro disponibles.

El puñado de grandes grupos empresariales chilenos que han controlado este negocio a lo largo de cuatro décadas se pueden contar con los dedos de una mano. Todos ellos estuvieron estrechamente vinculados a la dictadura de Pinochet. Hoy se agregan algunos inversionistas extranjeros. Ellos se han venido apropiando el grueso de las cotizaciones previsionales, en propiedad plena bajo la forma de primas de seguros y adicionalmente como préstamos y capital accionario aportado por el fondo de pensiones.

Deberán devolver íntegramente y lo antes posible a sus legítimos propietarios los fondos así apropiados. Como pensiones adeudadas en el caso de las compañías de seguros, y fondos prestados o invertidos en sus empresas, junto con sus gananciales. Es la mínima reparación por el gigantesco abuso infringido a los trabajadores, especialmente a sus viejos.

El fondo de ahorro forzoso, mal llamado de pensiones puesto que no guarda relación alguna con éstas como no sea calcular su mísero aporte a las mismas, será puesto a disposición de los afiliados a cuyo nombre está registrado, íntegramente y lo antes posible. Como aporte inmediato a sus nuevas pensiones en el caso de los jubilados, y en forma de otros beneficios a los cuales puedan acceder los afiliados activos.

Finalmente, el Estado puede aprovechar el enorme superávit fiscal resultante para mejorar otras pensiones y la clasificación de riesgo del país.

La recuperación de las actuales cotizaciones ($7,6 billones/año), sumadas a la recuperación de los cuantiosos subsidios fiscales al sistema AFP ($2,7 billones), el aporte neto de éste al pago de pensiones ($2,5 billones), y las primas de seguros que hoy se embolsan en propiedad plena las compañías de seguros relacionadas con el negocio ($3,2 billones), totalizan recursos fiscales adicionales de gran magnitud ($16,1 billones).

Cubierto el nuevo gasto, duplicado, en pensiones ($7,3 billones), el término del ahorro forzoso dejará un enorme superávit a beneficio fiscal, que en el primer año se puede estimar en unos 11 mil millones de dólares,equivalentes a $8,8 billones, a más de ⅕ del presupuesto fiscal y 4,5% del PIB.

El cuantioso superávit fiscal generado permitirá al Estado elevar las pensiones no contributivas y acumular la reserva técnica del nuevo sistema.

Al mismo tiempo, reducir considerablemente sino por completo su actual déficit y necesidad de endeudamiento, mejorando la calificación de riesgo del país y consecuentemente bajando el costo de endeudamiento empresarial.

Esto es precisamente lo que ha ocurrido en los países cuyos gobiernos, en muchos casos de derecha, recientemente terminaron sus esquemas de ahorro forzoso, y constituyó el principal incentivo para hacerlo.

En beneficio del restablecimiento del orden y paz social sobre bases justas, especialmente del bienestar de los adultos mayores pero asimismo del buen funcionamiento de la economía del país, parece más conveniente abordar esta inevitable reforma más temprano que tarde.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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