Pesca, administrando pobreza

La designación del ex diputado, Raúl Súnico, como subcreterio de Pesca causó sorpresa en parte del sector pesquero. Como lo ha informado la prensa los pescadores artesanales lo reconocen como cercano a la pesca industrial de la Octava región, levantando voces críticas a su nominación.

Primero por respaldar la llamada “Ley Longueira”, y segundo, por su fuerte defensa a la pesca de arrastre, la misma que la Presidenta Michelle Bachelet se comprometió a eliminar en forma progresiva en su programa de gobierno.

Estos son sólo los problemas de entrada de la nueva autoridad del sector. Además, tendrá que enfrentar todos los efectos de la ley que el mismo respaldó.

En el tema de la eficiencia del mercado, a un año de la aprobación de la ley, estará presente el cuestionamiento si la entrega de derechos de pesca, en forma gratuita a quienes estaban en la actividad, realmente genera la eficiencia prometida como excusa para entregar las cuotas de pesca como un título nobiliario, sin un acceso ni competencia abierta a terceros.

A la luz de los hechos, la ley muy por el contrario ha facilitado la mayor concentración de la industria pesquera, generando masivos despidos desde su aprobación.

Además, los artesanales se verán fuertemente afectados debido a que la industria es su principal poder comprador.Esta jibarización del sector industrial traerá las anomalías clásicas que producen en economías de cartel, lo que tendrá que ser enfrentado por el gobierno entrante.

Pero, no todo fue malo en la aprobación de la ley de pesca. Gracias a las nuevas modificaciones para el 2014 las cuotas de pesca se decidieron en los Comités Técnicos sobre la base de la mejor información científica disponible, llevando a que la mayoría de las cuotas fueran reducidas casi en un 50% para lograr la sustentabilidad de los recursos.

Es así como el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, pasó de ser un “anexo” de la subsecretaría de Pesca –la que mediante el “informe técnico” en la ley antigua filtraba todos los resultados de la investigación- a ser el referente en la determinación de las cuotas de pesca de los principales recursos de importancia económica.

Sin embargo, este proceso no ha estado exento de presiones para intervenir este nuevo sistema y subir las cuotas. Tanto así que el director del Ifop, José Luis Blanco, habría sido destituido de su cargo por respaldar los informes del Instituto y negarse a hacer cambios que no se basaran en la ciencia. Está claro que una de las principales tareas del gobierno de Michelle Bachelet será blindar al Ifop y los Comités Técnicos frente a los embates de los grupos de poder.

Con todo eso, es importante reconocer que estas bajas en las cuotas están afectado fuertemente al sector pesquero.

Con menos cuotas el Gobierno debe estar preparado para ayudar a los pescadores.

Ahora, si la pregunta es ¿por qué hay que ayudar a los pescadores si ellos sobreexplotaron los recursos? es necesario tener claro que por muchos años la decisión de la cuota pasó por la permisiva visión política del Gobierno de turno, que dieron cuotas muy por sobre lo establecido por el Ifop, dañando fuertemente los recursos pesqueros.

Aquí hay que ser claro, el Gobierno saliente hizo exactamente lo mismo mientras la ley se lo permitió.

Con la nueva ley, el subsecretario de Pesca no tiene la discrecionalidad que tenía antes para multiplicar los peces según la necesidad de la contingencia política.

Es decir, en pesca el Gobierno tendrá que administrar pobreza.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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