¿Podremos salvar de la insolvencia a nuestros emprendedores?

Eduardo Durán

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La pandemia por Coronavirus ha sido un duro golpe a la liquidez de grandes y pequeñas empresas en el país. De hecho, una de las compañías estratégicas del país, Latam Airlines, debió tomar medidas de salvataje para no sucumbir financieramente, al apelar a la reorganización de acuerdo a las normas establecidas en el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU.

Pero si la aerolínea chilena no pudo con la crisis sanitaria la suerte de tantas Pymes nacionales es aún más preocupante.

Durante mayo serían más de 200 empresas las que cerrarían sus operaciones de acuerdo a la consultora FK Economics y si consideramos los datos de la última encuesta Cadem, la percepción de la ciudadanía respecto del futuro del país es pesimista.

Un 92% de los consultados calificó de mala o muy mala la situación actual del empleo en Chile y otro 95% piensa que la economía retrocede, lo cual no está muy alejado de la realidad si consignamos la histórica caída interanual de 14,1% que anotó el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) en abril, de acuerdo a cifras del Banco Central.

Por lo tanto, las cifras que conozcamos en junio podrían ser aún más pesimistas.

Lo cierto es que el Coronavirus gatilló uno de los peores golpes a la tranquilidad financiera de miles de personas y empresas. El esfuerzo de años y el anhelo de emprendimientos prometedores terminaron por sepultarse tras sumar al Estallido social el impacto del Covid-19.

Es esta inexcusable realidad la que debe marcar la pauta para rediseñar políticas públicas que estén a la altura de aquellas soluciones que el país espera de sus autoridades. Necesitamos un Estado que aterrice la ayuda a los verdaderos y agobiantes problemas que están hoy viviendo los chilenos.

Si sabemos que la crisis sanitaria vino a profundizar aún más el nivel de sobreendeudamiento, donde la mitad de los trabajadores vive con solo $400 mil al mes es momento de actuar con la mayor rapidez.

No podemos perder tiempo justamente cuando se habla que en junio habrá un peak de quiebras, mientras el desempleo nacional podría superar los dos dígitos. 

Más allá de las mejoras legislativas que el Gobierno considere finalmente realizar a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento de Personas y Empresas (Ley n° 27.720) es importante que se proyecte con soluciones a largo plazo, maneje la incertidumbre y por, sobre todo, entregue señales de tranquilidad.

En esa línea, debemos aliviar la carga financiera de tantos afectados. ¿Cómo? Una positiva iniciativa es facilitar el proceso de quiebra, exigiendo menos requisitos, y evitando así cualquier tipo de discriminación, dado que actualmente el monto para declararse en quiebra es muy alto. Sería muy oportuno bajarlo de 80 UF (casi $2,3 millones) a tres sueldos mínimos mensuales líquidos (cerca de $760 mil).

Así, personas de menores deudas y presumiblemente menores ingresos puedan solucionar su situación de endeudamiento de manera definitiva. Es importante también entregar mayor certeza sobre los requisitos de acceso a través de limitar la discrecionalidad judicial y velar por la protección a las personas y empresas que recurren a la ley, para que no pueda existir ningún tipo de preferencia luego de haberse terminado el procedimiento de liquidación.

De igual forma, se deben establecer de manera eficaz las reglas para que los tribunales de justicia no rechacen la quiebra por un criterio arbitrario cuando las personas o empresas están en un estado de insolvencia.

Necesitamos urgente un acuerdo entre todos los sectores políticos para mejorar la ley. El tiempo corre en contra para evitar una mayor cesantía y cierre de emprendimientos en este escenario de crisis sanitaria que asola a Chile y al mundo.