Reactivar no es precarizar
Chile enfrenta una de las discusiones económicas y sociales más relevantes de los últimos años: cómo recuperar el empleo sin sacrificar los derechos de quienes viven de su trabajo.
La Red de Centros de Estudios Progresistas, integrada por diversas instituciones de pensamiento, entre ellas el Centro Democracia y Comunidad (CDC) de la Democracia Cristiana, ha analizado en profundidad las 22 propuestas elaboradas por la Mesa de Reactivación Laboral (Comisión Bravo).
Nuestra conclusión es clara. Las propuestas parten de un diagnóstico equivocado. Y cuando el diagnóstico es incorrecto, las políticas públicas no solo fracasan: pueden agravar el problema que pretenden resolver.
El problema no son los derechos laborales
El desempleo que hoy afecta a cerca de un millón de personas no se explica por un exceso de protección laboral. No son las indemnizaciones. No son las jornadas de trabajo. No son las regulaciones laborales. El verdadero problema es otro.
Chile atraviesa una economía con bajo crecimiento, inversión insuficiente, consumo debilitado y deterioradas expectativas empresariales. Durante demasiado tiempo la política económica ha privilegiado el ajuste sobre la reactivación. Sin crecimiento económico no existe creación sostenible de empleo.
Pretender resolver esta realidad debilitando los derechos laborales equivale a tratar una neumonía bajando el volumen del termómetro.
Un informe con más supuestos que evidencia
El informe de la Comisión Bravo presenta importantes debilidades. No cuantifica cuántos empleos crearían realmente sus propuestas. No estima sus efectos sobre salarios, productividad ni finanzas públicas. Supone que reducir regulaciones generará empleo, pese a que la evidencia internacional no entrega respaldo concluyente para esa afirmación. Además, omite completamente variables fundamentales como la inversión, la productividad, la demanda agregada y el crecimiento económico.
En otras palabras, concentra el debate en el mercado laboral mientras ignora el estado de la economía.
Modernizar no es reducir derechos
Valoramos diversas propuestas que fortalecen la empleabilidad y la participación laboral. El fortalecimiento del sistema nacional de cuidados. La expansión de la educación parvularia. La mejora de la capacitación laboral. La modernización de la intermediación laboral. El perfeccionamiento del Subsidio Unificado al Empleo.
Todas ellas pueden contribuir positivamente. Pero también advertimos que tendrán efectos limitados mientras la economía continúe estancada.
En cambio, rechazamos aquellas iniciativas que buscan ampliar la flexibilidad unilateral de las empresas mediante:
- La eliminación progresiva de la indemnización por años de servicio
- La ampliación de la causal de necesidades de la empresa
- La extensión de la promediación de jornada hasta 52 semanas
- El fortalecimiento de la polifuncionalidad
- La flexibilización de jornadas excepcionales
- Modalidades de teletrabajo sin límites efectivos de jornada
Estas medidas reducen protección, aumentan incertidumbre y debilitan el equilibrio de las relaciones laborales. No existe evidencia robusta de que generen más empleo, sí existe evidencia de que aumentan la precarización.
El falso dilema
Se intenta instalar la idea de que Chile debe elegir entre proteger el empleo o proteger los derechos laborales. Ese dilema es falso.
Los países con mayores niveles de productividad son precisamente aquellos que poseen mejores instituciones laborales, mayor negociación colectiva, protección social sólida y diálogo social permanente. El empleo decente no es un obstáculo para el desarrollo. Es uno de sus principales motores.
El camino alternativo
Chile necesita una estrategia distinta, una estrategia que vuelva a poner el crecimiento económico al servicio del bienestar de las personas, y ello exige:
- Recuperar la inversión pública y privada
- Fortalecer la demanda interna
- Impulsar una política industrial intensiva en empleo
- Apoyar decididamente a las pequeñas y medianas empresas
- Promover la innovación y el desarrollo tecnológico
- Fortalecer el empleo formal
- Ampliar las políticas de cuidado
- Invertir en capacitación permanente
- Fortalecer la negociación colectiva y el diálogo social
El desarrollo económico y la justicia social no son objetivos contrapuestos, son condiciones recíprocas.
La experiencia internacional demuestra que ningún país alcanza un desarrollo sostenible compitiendo mediante salarios bajos o debilitando los derechos laborales. Las economías más exitosas invierten en productividad, innovación, capital humano, estabilidad institucional y cohesión social.
Chile debe seguir ese camino. No el de la precarización. Es un llamado al país, a abrir un debate nacional amplio, plural y democrático sobre el futuro del trabajo; y que debe incorporar al Gobierno, al Congreso, las organizaciones sindicales, el sector empresarial, las universidades, los centros de estudios y la sociedad civil.
Las transformaciones del mercado laboral no pueden decidirse sin la participación de quienes trabajan, porque el desempleo no se combate reduciendo derechos, el crecimiento no se construye debilitando a los trabajadores, la productividad no aumenta precarizando el empleo.
La competitividad no depende de salarios bajos, sino de innovación, inversión y capital humano. La justicia social no es el costo del desarrollo: es la condición que lo hace posible. Chile necesita una agenda de reactivación económica, pero necesita, sobre todo, una agenda de reactivación con justicia social, trabajo decente y diálogo social; porque la economía debe estar al servicio de las personas, y nunca las personas al servicio de la economía.