El racismo del pasaporte
Indignantes me parecen las recientes declaraciones atribuidas al expresidente español Mariano Rajoy sobre el origen de algunos seleccionados franceses, no sólo por lo que dicen respecto del fútbol sino especialmente porque revelan una manera de entender la identidad nacional que creíamos largamente superada.
Sugerir, explícita o implícitamente, que un ciudadano es menos francés por el color de su piel, por el lugar de nacimiento de sus padres o por sus raíces familiares supone desconocer uno de los principios esenciales de las democracias modernas cual es que la ciudadanía no se mide por la sangre sino por la pertenencia a una comunidad política fundada en la igualdad de derechos. Eso los españoles debieran saberlo muy bien.
Ese tipo de afirmaciones evocan una tradición de pensamiento que, aunque hoy rara vez se expresa de forma abierta, sigue presente en algunos sectores de la derecha más nacionalista y excluyente de Europa (aunque también en América y, particularmente, en Chile). Es la idea de que existiría una identidad nacional "auténtica", asociada a un determinado origen étnico o cultural, frente a otra identidad considerada secundaria, prestada o incompleta. Bajo esa lógica, un ciudadano descendiente de inmigrantes deberá demostrar permanentemente una pertenencia que jamás se exige a quienes comparten el fenotipo o los apellidos de la mayoría.
Sin embargo, la historia europea desmiente de manera categórica esa visión. Francia, como España, el Reino Unido, Bélgica, Portugal o los Países Bajos, son el resultado de siglos de migraciones, mestizajes, conquistas y transformaciones sociales. Más aún, buena parte de la inmigración proveniente de África, Asia y el Caribe tiene su origen en el propio pasado colonial europeo. Durante siglos, las potencias del continente construyeron imperios que dominaron y asolaron en beneficio de la metrópoli extensos territorios en África, América y Asia, explotaron sus recursos y establecieron vínculos políticos, económicos y culturales que marcaron profundamente la historia de millones de personas. Pretender hoy que quienes en segunda, tercera o cuarta generación provienen de esos antiguos territorios carecen de legitimidad para formar parte de las sociedades europeas supone ignorar una parte esencial de esa historia compartida.
La selección francesa constituye precisamente una expresión de esa complejidad histórica. Sus jugadores representan una Francia diversa, plural y contemporánea, formada por ciudadanos de distintas raíces familiares que comparten una misma nacionalidad y representan al mismo país. Reducir esa realidad a una cuestión de origen biológico implica volver a una concepción esencialista de la nación, según la cual existiría una supuesta "verdadera Francia" diferenciada de alguna otra Francia integrada por ciudadanos de segunda categoría.
Me parece oportuno recordar además, que desde la perspectiva científica resulta impropio hablar de "razas" humanas en el sentido biológico que durante siglos utilizó el racismo para justificar jerarquías entre pueblos. La genética moderna ha demostrado que la variabilidad existente dentro de cualquier población humana es mayor que la existente entre poblaciones distintas. Las categorías raciales utilizadas históricamente responden mucho más a construcciones sociales y políticas que a realidades biológicas objetivas.
Por esa misma razón, resulta igualmente problemático hablar de una "raza francesa" o de una "raza española". Francia y España son naciones construidas durante siglos mediante la integración de pueblos diversos: celtas, romanos, visigodos, francos, árabes, judíos y muchos otros grupos humanos contribuyeron a configurar sus actuales sociedades. La identidad nacional europea nunca ha sido étnicamente homogénea, por más que ciertos discursos políticos intenten presentarla como tal.
Esa misma lógica de superioridad cultural o étnica también encuentra eco en determinadas corrientes que siguen reivindicando una visión idealizada del antiguo imperio español, asociando la historia de España a una supuesta misión civilizadora y a una pretendida superioridad de la cultura católica europea sobre los pueblos originarios de América. Una mirada de esa naturaleza pasa por alto la enorme riqueza de las civilizaciones precolombinas y minimiza los profundos costos humanos, sociales y culturales que implicó el proceso de conquista y colonización.
Las democracias contemporáneas enfrentan el desafío fundamental de construir comunidades políticas cohesionadas sin excluir a quienes poseen orígenes diversos. La igualdad ante la ley, la dignidad de todas las personas y el reconocimiento de la ciudadanía como un vínculo político y no biológico constituyen conquistas irrenunciables del constitucionalismo democrático. Cada vez que un dirigente público pone en duda esa igualdad recurriendo al origen de las personas como criterio de pertenencia nacional, no sólo descalifica a un grupo determinado; también debilita los fundamentos sobre los cuales se sostiene la convivencia democrática.
La historia del siglo XX demostró hasta dónde pueden conducir las ideologías que clasifican a las personas según su origen, su etnia o su ascendencia. Precisamente por esa experiencia, Europa construyó después de la Segunda Guerra Mundial un sistema jurídico y político basado en la igualdad de derechos y en el rechazo de toda forma de discriminación racial.
Defender esos principios nos exige denunciar con claridad cualquier discurso que pretenda reinstalar la idea de que algunos ciudadanos son menos nacionales que otros por el simple hecho de descender de inmigrantes o pertenecer a una minoría.
En sociedades cada vez más diversas, la fortaleza de una democracia no se mide por la homogeneidad de su población, sino por su capacidad para reconocer como iguales a todos quienes forman parte de ella. Esa es, probablemente, la mejor respuesta frente a cualquier intento de reducir la ciudadanía a una cuestión de sangre o de origen.