El informe final de la Mesa de Reactivación Laboral propone una agenda ambiciosa para revertir el grave déficit de competencias que frena la empleabilidad y la adaptabilidad de la fuerza de trabajo. Sus propuestas, que incluyen iniciativas para la educación media técnico-profesional (EMTP) y reformas al sistema de capacitación laboral, apuntan en la dirección correcta. Sin embargo, su viabilidad depende de una condición que apenas se examina: contar con docentes, instructores y formadores debidamente preparados para desarrollar las competencias que demanda el mercado laboral. El informe aborda el financiamiento, la gobernanza y la articulación del sistema, pero no propone nada sobre quiénes deberán hacer posible esa transformación.
Formar para el trabajo exige mucho más que dominar un oficio. Requiere personas capaces de transformar la experiencia productiva en aprendizaje, de mantenerse al día con tecnologías que cambian rápidamente y de adaptar ese conocimiento a perfiles diversos de estudiantes y trabajadores. Ese perfil no surge de manera espontánea, sino que requiere políticas activas de atracción, preparación y desarrollo profesional.
La EMTP ilustra con especial claridad este desafío. Sus docentes median entre los objetivos del sistema educativo, las demandas del sector productivo y las aspiraciones del estudiantado. Su labor exige combinar competencias pedagógicas con formación y experiencia en la especialidad que imparten. Esta doble dimensión, educativa y ocupacional, configura uno de los roles más complejos del sistema escolar. La misma exigencia se extiende a los centros de formación técnica, los organismos técnicos de capacitación y las instituciones de formación en oficios, cuyos formadores deben enseñar a estudiantes y trabajadores adultos con trayectorias diversas, experiencias previas muy disímiles y brechas formativas significativas.
La paradoja es que Chile cuenta con una reserva de talento que permanece prácticamente invisible. Según la Casen 2024, cerca de 365 mil personas de 55 a 65 años con educación superior completa siguen activas o buscan empleo, muchas de ellas con décadas de experiencia en sectores clave de la economía nacional, pero con una empleabilidad cada vez más precaria.
El envejecimiento poblacional, que el debate público suele presentar como una amenaza, puede convertirse, al menos en parte, en una respuesta a la escasez de formadores con experiencia productiva. Para aprovechar esta oportunidad, se requiere una ruta estructurada que incluya mecanismos de atracción dirigidos tanto a estos profesionales como a las empresas en las que se desempeñan; procesos de selección que reconozcan su experiencia técnica y su potencial para formar a otros; y una preparación pedagógica modular y flexible, construida sobre su trayectoria en lugar de desconocerla. Su incorporación permitiría actualizar los procesos formativos, fortalecer el vínculo con el mundo productivo y evitar que un capital de experiencia acumulado durante décadas se pierda al final de la vida laboral. Así, el envejecimiento dejaría de verse solo como un costo y pasaría a convertirse también en una fuente de capacidades para formar el talento que el país necesita.
Las herramientas para avanzar ya existen, en buena medida, dentro de la propia agenda de reactivación. Los instrumentos de capacitación podrían financiar una preparación pedagógica modular para profesionales provenientes de la industria, mientras que la institucionalidad propuesta permitiría identificar candidatos, articular su formación y facilitar su incorporación a distintos espacios formativos. No se trata de crear una nueva institucionalidad. Se trata de aprovechar mejor la que ya existe para desarrollar a quienes formarán a la fuerza de trabajo. Sin esa pieza, el sistema podrá contar con mejores instrumentos y mayor coordinación. Pero seguirá sin responder la pregunta que determina el éxito de toda la reforma: quién formará a la fuerza de trabajo que el país necesita.