¿Subvencionar a las grandes empresas o subir el sueldo mínimo?

Maite Orsini

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Hace unas semanas y dentro del marco de la “agenda social” el Gobierno propuso un subsidio estatal para los sueldos de las y los trabajadores que consistía en aumentar su ingreso a 350 mil pesos. Esta política pública, inédita en el mundo, se denominó “ingreso mínimo garantizado“ y ha sido criticada duramente tanto por la oposición como por economistas de diversos sectores. 

Las razones de estas críticas no tiene que ver con lo inédito sino por problemas éticos y de eficiencia.

En primer lugar, esta propuesta insiste en la lógica de los subsidios a todas las empresas, sin distinción de tamaño. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? El Gobierno, curiosamente, plantea que esto se trata de un subsidio al trabajador, no a la empresa.

Por más que se haya diseñado como un incentivo al trabajo, o una transferencia directa al trabajador, lo cierto es que el tamaño de la empresa distorsiona la intención detrás de la medida y la razón es muy sencilla. Las grandes empresas pueden pagar sueldos más altos, por lo que, en esos casos, el “subsidio” a las y los trabajadores funciona no como un bono al trabajador sino como un bono a la empresa.

En otras palabras, como la gran empresa puede pagar el aumento del salario, el subsidio es un traspaso de recursos a la empresa aunque se haga indirectamente por vía del trabajador.

En el mismo sentido, las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden pagar este aumento por lo que, en esos casos, la transferencia efectivamente funciona como un traspaso al trabajador. Como se ve, es completamente necesario hacer esta distinción para mantener el espíritu de la medida, que, en palabras del propio Gobierno, es subsidiar al trabajador, no a las empresas.

Además, se ha dicho insistentemente que un aumento del salario mínimo (no del ingreso mínimo garantizado) implicaría la pérdida del trabajo dado que se encontraría por sobre el equilibrio de demanda y oferta de trabajo. Pero este supuesto es tremendamente problemático.

No considera que las grandes empresas, para estos efectos, operan con un poder de mercado que les permite definir los salarios de manera unilateral. La falta de herramientas para las y los trabajadores para negociar colectivamente afecta en el mismo sentido.

El mejor ejemplo de que las empresas más grandes pueden pagar mejores salarios es que luego del estallido social muchas de ellas acordaran pagar, por ejemplo, 500 mil pesos como salario mínimo en sus compañías. 

También hay que considerar que la medida generaría pésimos incentivos porque podría empujar los salarios a la baja, en vez de al alza como el aumento del salario mínimo. En una columna titulada “Ingreso mínimo v/s Salario mínimo” y que fue publicada el 11 de noviembre  por Alexandre Janek, profesor de Economía UC, sostiene que la gracia del aumento del salario mínimo es que permite que los salarios mayores que el mínimo también suban.

El ingreso mínimo garantizado, en cambio, como es un subsidio del Estado para llegar a la remuneración de 350 mil pesos implica un incentivo negativo. Como dice el profesor Janek, una empresa no ofrecerá nunca un salario entre 301 mil y 350 mil sencillamente porque no tiene incentivos para ello. Con el ingreso mínimo garantizado no habrá una presión al alza de los salarios sobre el mínimo.

Finalmente, pone en riesgo la institucionalidad de aumento de salarios hacia el futuro. ¿Qué ocurrirá con la negociación del sueldo mínimo? Esta negociación es importantísima; dado que no existe la negociación por rama de producción, es la única oportunidad que tienen para negociar de manera colectiva por una mejora en sus salarios.

Hacia el futuro tanto trabajadores como empresarios tendrán sus incentivos puestos en pedirle al Estado mayor subsidio al salario, en vez de que existan mejores salarios mínimos. Eso es fiscalmente irresponsable y económicamente indeseable. 

¿Por cuánto tiempo seguiremos dependiendo de este subsidio? Es importante tener esto en cuenta, porque hacia el futuro podríamos estar negociando sobre ingreso mínimo garantizado en vez de salario mínimo por un tiempo indefinido.  

Por todas estas razones, las y los diputados de la Comisión de Trabajo hemos propuesto un aumento del sueldo mínimo que alcance los 435.536 líquidos para todas las y los trabajadores.

¿Por qué este monto? Porque el aumento del ingreso mínimo a 435.536 pesos líquidos que proponemos cumple con el objetivo de que trabajar sea sinónimo de dignidad. De que el trabajo permita una vida por sobre la línea de la pobreza a una familia de 4 personas.

No se trata entonces de una cifra antojadiza ni de lograr un “gran aumento”, se trata de comprender que los estándares bajo los cuales diseñamos las políticas públicas deben ser distintos y que, ahí, superar la línea de la pobreza es el mínimo ético. No puede ser que el trabajo sea sinónimo de pobreza.

Sin embargo, resulta fundamental hacer una distinción entre las empresas que pueden pagar este aumento salarial, las grandes empresas, y aquellas que no pueden costearlo sin sufrir grandes problemas económicos, las MIPYME.

Para hacer esta distinción, nuestra propuesta parte del mismo principio que utilizó la última reforma tributaria y el proyecto de reducción de jornada laboral a 40 horas, distinguiendo a las empresas cuyos ingresos por ventas, servicios y otras actividades sean superiores a 75.000 unidades de fomento anuales por último año calendario. Así, para las que se encuentren debajo de ese umbral, existirá el subsidio para llegar al mismo monto.

Es importante considerar que esta es una medida que permite redistribuir los recursos estatales destinados al Ingreso Mínimo Garantizado hacia aquellas empresas que no pueden costear el aumento, evitando un subsidio a aquellas que sí pueden hacerlo.

Esto evita, también, que los recursos de todas y todos los chilenos financien y subsidien a las grandes empresas. En otras palabras, permite usar los recursos públicos de la Agenda Social de manera muchísimo más eficiente y, sobre todo, justa.