Buena noticia: la Convención Constitucional no tiene una comisión temática en educación

María Eugenia Letelier

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Bajo la pregunta ¿qué aspectos se definirán en la nueva Constitución? se crearon las comisiones temáticas de trabajo. En la lista no hay una específica para educación. Lo que parece una omisión, puede interpretarse como una nueva lectura del quehacer educativo, imbricado en los derechos fundamentales, en la creación del conocimiento y la cultura. Pensado así, estamos ante una poderosa puerta de entrada para entender la educación, más allá de la escuela y del sistema educativo.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la educación tiene un carácter habilitador y relacional, pues potencia otros derechos, al apoyar las condiciones que hacen posible su ejercicio. Tal es el caso del derecho a la vida, que en este momento se coloca en el centro al considerar que la educación contribuye al cuidado de la vida social y natural. La educación tiene un papel que cumplir en relación con los derechos de los pueblos y la solidaridad. El derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el derecho a la asistencia humanitaria, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho del consumidor. Son todos derechos en torno a los cuales la educación tiene el potencial de aportar hacia la construcción del bien común.

Si el quehacer educativo se asocia al sistema de conocimiento, la visión de la educación se amplía más allá de la escuela, reconociendo que el aprendizaje se da a lo largo de la vida y que el conocimiento no sólo es una cuestión de la élite intelectual y política, sino está entre y con las personas, es decir, todas las personas somos sujetos capaces de conocer y crear conocimiento. Esta visión interpela al tradicional sistema educativo rígido y vertical, para buscar otro modo de relación pedagógica que no sea para las personas, sino de promover la participación con las personas asumiendo el desafío de la formación integral desde una perspectiva multidimensional y compleja.

El sistema de justicia social y educativa demanda otra interacción con las personas como un encuentro humano que reconoce no solo los conocimientos, sino las formas de construirlos a través de prácticas sociales y comunitarias en una diversidad de ámbitos como el trabajo, la familia, los movimientos sociales, en suma, la propia vida. Esto es, una educación con niños/as, jóvenes, con personas jóvenes y adultas en la que las interacciones y el reconocimiento de sus saberes dan sentido y poder en los procesos educativos, a los sujetos que los habitan y a las esperanzas que se forjan en sus encuentros.

No hay una comisión específica, pero esta aparente omisión abre una manera distinta de pensar la educación, ya no sólo constreñida al sistema y al análisis que se reitera cada año a partir de las mediciones, desagregando resultados por comunas que vuelven a comprobar las inequidades reiteradas, pero nunca corregidas. Es tiempo de pensar distinto, de preguntarse ¿cuánta democracia le hace falta a nuestro país para alcanzar una educación de calidad? La pandemia puso en evidencia de manera dramática las desigualdades de acceso a la red, de acceso a los computadores, de espacio para estudiar y acompañar procesos formativos en las familias.

No hay comisión de educación, pero todas las comisiones tienen el enorme desafío de considerar que sin educación no hay ciudadanía, no hay posibilidad de ejercer los derechos fundamentales, ni de construir consensos sociales en un país que acoja a todos y todas quienes lo habitan. La convención debe considerar que el futuro de la humanidad depende, en gran medida, de nuestra capacidad de aprendizaje y de transformación para construir una vida mejor, digna, en la confianza que niños/niñas, jóvenes y adultos somos sujetos capaces de aprender, de producir nuevos conocimientos y convivir desde nuestras legítimas diferencias.