Condiciones para garantizar el derecho a la educación de calidad

Carlos Delgado Álvarez

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Garantizar el derecho a la educación es fundamentalmente una responsabilidad social que se otorga a través del Estado. Asegurar el acceso y provisión de educación de calidad a todos los estudiantes de una nación corresponde al Estado en primer lugar, pero también a las familias y los demás miembros de la comunidad, pues existen condiciones previas para que el Estado pueda cumplir con ello.

En efecto, lo primero que debe ocurrir es que los estudiantes asistan a la escuela y para ello se debe tomar conciencia de que es el espacio más adecuado en el cual deben estar quienes cumplen con la edad, luego la motivación sino la obligación de asistir. En este sentido, ir a la escuela tiene la doble dimensión de ser un impulso interno para los estudiantes y una responsabilidad para quienes tienen su tutela.

En seguida, es importante establecer los estándares mínimos que se considerarán para que la escuela imparta una educación de calidad, y ellos dicen relación con la infraestructura, el equipamiento, la calidad de los docentes y del currículo que se imparte. Esto constituye el núcleo de una educación de calidad y la sociedad debe establecer los mínimos universales para garantizar una educación de calidad para todos.

Entonces, es de esperar que la infraestructura de los establecimientos escolares, independiente de dónde se encuentren emplazados, si en el centro de un barrio citadino o en una isla del sur del país, debe contar con gimnasio, comedores, sala de profesores, conexión adecuada a internet, biblioteca, laboratorios para ciencias y tecnologías, entre otros; deben estar, sin diferencias alguna, con equipamiento didáctico que regularmente se actualiza; que los docentes y directivos se hayan formado en programas exigentes, estén actualizados, puedan demostrar desempeños competentes y estén altamente motivados. Que el currículo que se imparte combine equilibradamente altos estándares de aprendizaje, pero también ofrece la flexibilidad para que los docentes puedan desplegar su profesionalismo adaptándolo a las pertinencias culturales en las cuales se desempeñan. Todo estudiante, independiente de donde nazca o viva, tiene derecho a asistir a una escuela que posee las mismas condiciones para impartir una educación que le garantice un desarrollo y los aprendizajes esperados para su edad o ciclo educativo.

El imperativo que permita garantizar y hacer efectivo el derecho de una educación de calidad para todos es un esfuerzo de diversos actores, el de la escuela y los docentes es la principal, pero tenemos que asegurar condiciones previas de salud para la madre y para todo niño, niña y adolescente de manera regular y permanente; es necesario proveer de alimentación básica todos los días a quien lo necesite de acuerdo a los requerimientos de la edad y de las actividades adicionales que realicen, como deportes; como también, debemos dotar de transporte seguro a todos los estudiantes cuyas familias no lo puedan proveer autónomamente.

Si bien mucho de lo anterior se ha estado realizando desde hace muchos años y otras necesidades se han incorporado de manera reciente, la exigencia de garantizar un derecho implica elevar los estándares y universalizar su provisión, algo que permitirá avanzar en igualdad y establecer sobre todo, que las condiciones de partida son las mismas para todos.

Abordar la educación como un desafío de justicia social implica realizar una declaración política que nos señale el camino hacia la cohesión e integración social, pero también traducir aquello en un programa que asegure la coherencia entre dicha declaración, la formulación de políticas públicas y la implementación de capacidades institucionales para hacerla realidad. Garantizar el derecho a una educación de calidad para todos nuestros niños, niñas y adolescentes en igualdad de condiciones, en cualquier escuela de nuestro territorio, implica un consenso en torno a fortalecer la educación pública, reparando el deterioro y maltrato del periodo municipal, invirtiendo con decisión y sin complejos en las condiciones antes señaladas en el marco de un programa de largo plazo, más allá de un periodo presidencial, que permita visualizar en un marco de estabilidad, que las transformaciones necesarias se realizarán independiente de la gestión transitoria que pueda encabezar un gobierno o ministro.

Asumir este desafío país como una misión nacional permitirá alinear los recursos, las voluntades y fortalecer las decisiones que se requieran para su implementación. El otro camino es de la improvisación, el del ensayo y error, el de los cambios voluntariosos sin el respaldo suficiente como para mantenerse en el tiempo. Sobre esto último ya hemos sido testigos de muchas luces que abruptamente se han apagado por cambios y caprichos personales de quienes las han impulsado.