Crisis social y educación superior

El año 2019 estuvo marcado, indudablemente, por el movimiento social que con particular ímpetu se hizo notar desde el último trimestre y cuyas consecuencias todavía son de difícil determinación. El 2020 que recién comienza será, con toda seguridad, un año donde la discusión pública estará marcada por diversas materias que ha levantado el propio movimiento social, así como también por el incipiente proceso constitucional.

 

En esta línea, se vislumbran, con especial preocupación, las implicancias que el estallido social podría ocasionar en el sistema de educación superior del país.

Por ejemplo, los múltiples atentados contra las instituciones no solo conllevan un daño a la infraestructura de los planteles, sino que constituyen un ataque a toda la comunidad educativa conformada por docentes y alumnos que buscan día a día en las aulas, laboratorios y talleres, la concreción de proyectos educativos que los impulsan a cumplir sus sueños. Todo atentado debe condenarse enérgicamente y no se puede vacilar en ello, puesto que los ataques afectan, en primer lugar, a los estudiantes.

Asimismo, los intentos de boicotear la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), recalendarizada ya en un par de oportunidades por la fuerza del transcurso de los hechos, es algo que también debe repudiarse.

Ello significaría truncar los anhelos de acceso a la educación superior de miles de personas, cuestión que el Estado, a través de sus diferentes instituciones, no puede permitir.

Así, por plausibles que sean varias de las peticiones que se formulen desde ciertos sectores de la sociedad en torno a corregir dicho instrumento, los incidentes que han marcado la realización de la PSU revisten un carácter de tal gravedad que puede afectar, no solo a los jóvenes y sus familias, sino que a la institucionalidad vigente y al país en su conjunto.

Si bien, el sistema de educación superior de nuestro país, y en particular las instituciones - uno de sus actores más relevantes - debe sentirse interpelado por el cumplimiento de su rol en la gestación o en las posibles vías de solución de la crisis social, no puede permitir, por otro lado, que pequeños grupos radicalicen el diálogo como único instrumento y fin, amenazando con daños a las casas de estudios superiores o de obstruir un proceso tan crítico e importante para los jóvenes que accederán a la educación superior, como atentar contra la PSU.

Un daño de estas dimensiones y naturaleza es algo posiblemente difícil de resarcir.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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