Desmunicipalización ¿camino correcto?

Ramón Jara

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Sería injusto desconocer que la apertura hacia la desmunicipalización o nueva educación pública ha sido un paso importante en los cambios que con suma urgencia requiere el sistema.

Diversos estudios han demostrado que el trabajo de los municipios ha dejado una gran deuda a lo largo del tiempo, razón más que suficiente para dar un giro significativo al modelo. Prueba de ello es la caída de la matrícula en este sistema: de un 50% en 2004 a un 37% en 2017.

Sin embargo, era importante llevar adelante esta reforma pensando en mejorar sustancialmente la calidad de la educación pública, debido a la enorme brecha que existe, especialmente con los colegios privados.

Es en este determinante punto donde surgen serias dudas si estos cambios estarán a la altura o abriremos la puerta a un nuevo fracaso en materia educacional.

En primer lugar es un hecho que la educación municipal vive una profunda crisis. Si tomamos los indicadores de desempeño que mide la Agencia de Calidad de la Educación, nos encontramos con la mayoría de escuelas municipales en las categorías de medio-bajo e insuficiente, versus una pequeña minoría que alcanza los estándares de nivel medio y alto.

Por esta razón es esencial abordar la calidad como eje fundamental de la desmunicipalización, pues los más perjudicados con el actual sistema son aquellas familias que no cuentan con los recursos para que sus hijos migren hacia el sistema privado, donde los resultados son distintos.

Otra de las críticas apunta a la segregación por tipo de establecimiento para alcanzar la desmunicipalización. Mientras algunos tendrán como plazo el año 2025, otros -como aquellos que presentan buenos resultados académicos-, lo harán en 2030.

Por donde se mire, ésta es una señal errada que envía el Gobierno, pues el proceso gradual de los cambios debería ser en igualdad de condiciones para todos los colegios.

De lo contrario, da la impresión que se formará un grupo elitista dentro del mismo sistema, cuando justamente hoy los cambios en todo el sistema educacional debieran apuntar a escapar de ese tipo de concepto.

Por otro lado, también surge la interrogante del tipo de escuela pública que se requiere en los próximos años. Esta discusión no sólo se da en Chile, sino que en varias partes del mundo, pero en el corto plazo, por ejemplo en cinco años más. Sin embargo, con la desmunicipalización, en nuestro país sólo se podrá profundizar en este ámbito recién en 12 años más. Aun cuando se sabe que los cambios “deben ser cuanto antes”.

A esto debemos sumar la variable recursos, que hace pocos días generó una polémica dentro del propio conglomerado oficialista y que amenaza la aprobación de la Ley de Presupuesto.

Congelar dineros que financiarán la gratuidad pone en riesgo a establecimientos que avanzan hacia la desmunicipalización, poniendo en jaque el proceso, que justamente beneficiará a los estudiantes de mayor vulnerabilidad social.

Con todo lo anterior, cabe preguntarse qué pasará con el proceso de desarrollo de la Carrera Docente y su implementación ¿seremos capaces?

Pues bien, sin duda ese será uno de los grandes desafíos de la desmunicipalización; esto es, que ambos proyectos funcionen en forma paralela junto a la Ley de Inclusión para por fin poder hablar de cambios reales y de un nuevo sistema de Educación Pública en Chile.