Educación: expectativas del nuevo gobierno

Estamos viviendo momentos históricos, donde la ciudadanía y sus representantes deberán tomar decisiones importantes, tanto en la Convención Constitucional como en la elección de un nuevo Presidente o Presidenta de la República. En ambos procesos, la temática sobre Educación es fundamental, al ser un área prioritaria que debe estar presente en la nueva Constitución, así como en los programas de gobierno de la y los candidatos presidenciales.

Iniciando la segunda década del siglo XXI, los vertiginosos avances en ciencia y tecnología, el cambio climático y el dinamismo de las sociedades demandan una educación de calidad que prepare a las generaciones actuales y venideras para responder a esos nuevos desafíos. Es por ello que desde los sectores vinculados a la Educación, especialmente los pertenecientes a la Educación Superior, tenemos altas expectativas respecto a las medidas que plantee el nuevo gobierno que asuma.

La situación educacional en Chile evidencia una enorme desigualdad, producto de las brechas existentes entre la educación municipalizada, particular subvencionada y privada; a lo que se suma el déficit de docentes de Educación Básica y Media proyectado para los próximos años, lo que ha repercutido en una mayor desigualdad. La propuesta del nuevo gobierno en materia educacional debe abordar los diversos procesos de aprendizaje y, asimismo, considerar las falencias presentes de manera tal de garantizar que todas y todos los estudiantes reciban una educación de calidad.

Se hace urgente definir las transformaciones de la educación, instalando una nueva forma de ver la Educación Superior desde su rol social, que quedó en evidencia durante la crisis sanitaria, social y económica que vivimos producto de la pandemia por Covid-19, y donde los planteles que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), cumpliendo con su rol público, realizamos diversas acciones para apoyar la red de salud junto con flexibilizar los pagos de aranceles y garantizar el proceso formativo de miles de estudiantes; pese a que los planteles del CRUCh sufríamos el desequilibrio económico estructural cercano a los $160.874 millones el 2020.

Debemos pasar a la acción y tomar definiciones concretas tendientes a resolver las complejidades presentes en el actual sistema educativo. En la medida que como país reconozcamos la educación como un derecho de las personas a lo largo de la vida y que el Estado tiene el deber de garantizarlo, es que, como sociedad, podremos avanzar hacia un desarrollo sustentable y sostenible, formando a las nuevas generaciones con un sentido de humanidad profundo, resultado del pensamiento crítico, de la solidaridad, empatía y participación.

Próximos a cumplir dos años del estallido social, donde la ciudadanía está más empoderada y exige a las instituciones mayores derechos sociales, es que el nuevo gobierno debe considerar la educación pública y de calidad a nivel primario, secundario y universitario, apostando por el desarrollo real y conjunto del país, al igual que lo hizo Chile en 1885, cuando el gobierno de la época destinó el 10% del presupuesto total consignado a Educación para la construcción de la Escuela de Artes y Oficios, hoy Universidad de Santiago de Chile, porque estaba convencido de que la educación era la única opción de contribuir al desarrollo del país luego de la Guerra del Pacífico.

Por tanto, los desafíos del nuevo gobierno deben encaminarse hacia un modelo de desarrollo que reconozca y releve la importancia de la educación pública, situándola en el centro de las políticas públicas que reduzcan las brechas existentes y potencien el desarrollo del país en las próximas décadas. Solo de esta manera, podremos avanzar hacia una educación pública y de calidad en todos sus niveles, garantizando una buena docencia y un buen profesorado, así como infraestructura y recursos para las universidades estatales; lo que nos permita formar a las nuevas generaciones a lo largo de su trayectoria de vida, aportando con pertinencia e impacto al desarrollo de Chile con mayor igualdad, inclusión y solidaridad.

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