Educación pública: la transformación más importante que se haya hecho en democracia

En el último año hemos asistido a una de las transformaciones más importantes que se han hecho en el país (y sin grandes sobresaltos, de lo cual estamos orgullosos porque significa que las cosas se hicieron bien), la puesta en marcha de la nueva Educación Pública. 

El año pasado comenzó la creación de un Sistema de Educación Pública y el inicio de un proceso de transición gradual de la educación municipal a una nueva Educación Pública lo cual significa la transferencia de miles de establecimientos educacionales municipales a 70 nuevos servicios locales de Educación Pública. 

La desmunicipalización de la educación  que se aprobó el 24 de noviembre del año pasado implicó el inicio de una nueva etapa en la historia de la educación en Chile. Ese día el país decidió enfrentar una tarea de importancia estratégica en el siglo XXI: garantizar una educación pública de calidad, que entregue oportunidades a los estudiantes y, al mismo tiempo, contribuya al desarrollo del país en su conjunto. 

El proceso que comenzamos a ejecutar exitosamente no es una vuelta al pasado, a la época en la cual el ministerio de Educación estaba a cargo de los colegios en el país, todo lo contrario, se trata de una reforma que modifica sustancialmente la estructura de la administración central del Estado en número de servicios públicos y en personas a su cargo, crea novísimas instituciones intermedias y, además, la actualiza a estándares internacionales. 

La transición durará hasta el año 2025, con una evaluación intermedia para revisar el proceso de instalación. El objetivo es crear de forma robusta una nueva institucionalidad moderna, especializada, eficiente, con identidad territorial, que se convierta en referente de excelencia del sistema educacional. 

En este camino de implementación, hemos creado en solo un año, cuatro de esos 70 nuevos servicios públicos: Puerto Cordillera, Barrancas, Huasco y Costa Araucanía (que agrupan a 14 comunas). Entre el año 2019 y el 2022 se sumarán 23 nuevos Servicios Locales de Educación Pública, que agruparán a 100 comunas; y entre el año 2023 y el 2025 se sumarán 43 nuevos Servicios Locales de Educación Pública que reunirán a 231 comunas. 

Entre las innovaciones que hemos realizado en el proceso de implementación de la Nueva Educación Pública, se encuentra la colaboración con los municipios para hacer la transferencia de bienes, muebles e inmuebles, del personal educacional, etc., de la forma menos traumática posible.

Lo cual tiene una vara alta con la resolución del problema y el pago de las deudas que tenía la Corporación de Cerro Navia, una comuna que durante años se convirtió en símbolo de mala administración educacional.

Destaca también la colaboración con los gremios de la educación para informarles de los traspasos y prever problemas pendientes en un trabajo conjunto que ha permitido que no existan prácticamente problemas serios a la fecha. 

En la implementación de la Nueva Educación Pública se pasó por tres momentos distintos. En principio, lo que denominamos “implementación 1.0” en marzo pasado, consistió en instalar los primeros dos servicios garantizando únicamente continuidad del servicio educativo; la “implementación 2.0” de julio pasado fue mucho más amplia dirigida a los siguientes dos servicios que se incorporaron al sistema; finalmente, estamos preparando la “implementación 3.0” enfocada en procesos, que se convertirá en un manual para los servicios que ingresen a partir del próximo año. 

Ello no solo fue un proceso administrativo, sino que se relacionó de forma directa con los procesos pedagógicos tanto en relación con los planes de los Servicios locales de Educación, como en la redefinición de los Planes Anuales de Educación, entre otros instrumentos. 

Por otra parte, la implementación de la ley nos presenta profundos desafíos, por ejemplo, muestra la necesidad de revisar la relación del ministerio de Educación con los sostenedores, así como los roles de los supervisores actuales y de las direcciones provinciales.

A partir de esta ley, el Mineduc debe reestructurarse y trabajar con nuevos sostenedores (los Servicios Locales) y no con los establecimientos directamente. Lo mismo ocurre con el resto de las instituciones del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, las que deben incorporar a estos nuevos actores. 

Es una tarea de enormes proporciones que creemos que hay que enfrentar con responsabilidad y visión de Estado. Por ello, la Dirección de Educación Pública evalúa y modifica sus procedimientos constantemente para superar dificultades que son siempre novedosas. Implementar algo de esta magnitud por primera vez, significa innovar. 

Se trata de una reforma de una magnitud sin precedentes que, desde la perspectiva de la modernización del Estado, significa el incremento del 50% en la cantidad de servicios descentralizados y el paso de alrededor de 300 mil a 500 mil funcionarios públicos. Estos números implican la necesidad urgente de repensar cómo se harán en el futuro las funciones centrales de la administración y la relación con instituciones como la Contraloría, Dipres, etc. 

Para encabezar este proceso complejo y difícil de transformación del Estado se necesita, experiencia en gestión política, en políticas públicas, modernización del Estado, además de liderazgo, conocimientos y experiencias para conducir este proceso. Sea quien sea que el Presidente designe en el cargo en el futuro (luego de haber declarado desierto el primer concurso por Alta Dirección Pública), deberá tener esas aptitudes. 

La oportunidad que tiene Chile con el Sistema de Educación Pública y el acuerdo alcanzado es enorme: al desmunicipalizar la educación, por primera vez se puede hacer una asociación virtuosa entre la gestión pedagógica de la calidad y la administración financiera, al no estar permitido contraer deudas.

Estamos construyendo un sistema saneado económicamente, tenemos la posibilidad de utilizar adecuadamente los recursos y subvenciones y destinar el aumento sostenido de la inversión en educación exclusivamente para el servicio educativo y a la mejora de su calidad. 

Estamos convencidos que este es el camino correcto para mejorar la calidad de la educación pública, actuar como sistema y no aisladamente por colegio; encarar la tarea no solo en el aula sino definiendo las condiciones mínimas para el aprendizaje, respetar el acuerdo país alcanzado y actuar con la convicción de que es una política de Estado más allá de los avatares de la política cotidiana. 

Concluimos esta etapa al mando de la Dirección de Educación Pública con la satisfacción del deber cumplido y con la esperanza de que quienes nos sucedan en el cargo mantengan y fortalezcan la institucionalidad que hemos creado.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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