Educación Técnico Profesional: competir en igualdad para innovar
Chile enfrentará en los próximos años un cambio demográfico que tendrá efectos importantes sobre la educación superior. El INE proyecta que la población comenzará a disminuir desde 2036, reduciendo gradualmente la base de potenciales estudiantes. Este escenario exigirá instituciones más flexibles y capaces de responder con rapidez a los cambios del mundo del trabajo.
En ese contexto, la educación técnico-profesional tiene ventajas importantes: carreras más cortas, mayor flexibilidad y una estrecha relación con el mundo productivo. Y no se trata de un sector menor. En 2026, los institutos profesionales y centros de formación técnica reúnen 613.122 estudiantes de pregrado, cerca del 45% del total, frente a 759.045 en universidades.
Responder a estos desafíos también exigirá innovar: incorporar nuevas tecnologías, desarrollar soluciones con empresas y territorios y adaptar permanentemente la formación a las necesidades productivas. Para hacerlo se requieren capacidades y, por supuesto, recursos.
Aquí aparece una brecha relevante. Según el Ministerio de Ciencia, en 2023 el 78,5% del financiamiento público destinado a investigación y desarrollo (I+D) se asignó mediante concursos. Sin embargo, las oportunidades de acceso son muy distintas. En la convocatoria 2025 del Fondo I+D+i Universitario (FIU), reservada a universidades, 11 instituciones se adjudicaron más de $77 mil millones para 10 años, equivalente a más de $7.700 millones anuales. En contraste, el programa IP-CFT 2030 invirtió $2.464 millones entre 2019 y 2023, de los cuales cerca de $936 millones se asignaron mediante concursos, unos $187 millones al año. Son programas distintos, pero la diferencia de escala es evidente.
Europa ofrece una referencia útil. En Países Bajos, las universidades de ciencias aplicadas cuentan con mecanismos específicos para financiar investigación aplicada y en 2023 obtuvieron €148 millones mediante fondos competitivos. Alemania comprometió hasta €493 millones entre 2024 y 2030 para proyectos similares, más €61 millones adicionales en 2026.
En el Mes de la Educación Técnico Profesional, vale la pena preguntarnos cómo preparar al país para los desafíos que vienen. Si esperamos que los IP y CFT innoven más, se vinculen con las empresas y aporten soluciones a los territorios, también debemos darles mayores oportunidades para competir por recursos públicos. No se trata de restar apoyo a las universidades, sino de ampliar los espacios de competencia y crear instrumentos acordes con la misión de la educación TP: innovación aplicada, transferencia tecnológica y soluciones concretas para el mundo productivo.