El desafío de hacer de la PAES una prueba para todas y todos

Rodrigo del Valle Martin

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^{Coescrita con Catalina García Gómez, directora de Inclusión, Pontificia Universidad Católica de Chile}

Ahora que estamos en esos días en que en todas partes se habla de "la prueba" y decenas de miles de jóvenes rinden las pruebas de admisión a la universidad (actual PAES), es un buen momento para preguntarse ¿qué pasa con los también miles de jóvenes a lo largo de Chile que presentan una discapacidad u otra condición que les impide rendir la prueba, o al menos hacerlo en igualdad de condiciones? ¿Han pensado cómo da la PAES una persona ciega, sorda, del espectro autista o con otras condiciones?

En un mundo en que las malas noticias son las que aparentemente llaman la atención de los medios y las personas, en este ámbito, felizmente, hay buenas noticias y avances sustantivos, por pocos conocidos, que es importante destacar.

En términos de equidad e inclusión en el marco de las pruebas de admisión a la educación superior, desde hace ya más de 8 años se vienen haciendo importantes avances. Quienes rinden la prueba y se encuentran en una de las condiciones antes señaladas, u otras similares, pueden solicitar hacerlo con "ajustes razonables" en caso de necesitarlos. Es una iniciativa positiva y esperanzadora en la que decidimos profundizar en conjunto, dos profesionales que hemos trabajado por años en inclusión, desde dos universidades diferentes, encontrándonos con interesantes resultados que destacamos en esta columna.

Quienes necesiten rendir las pruebas con algún tipo de ajuste deben hacer con antelación una solicitud formal y fundada, que es evaluada y luego aprobada o rechazada (como de hecho ocurre en la mayoría de los casos), por una comisión de expertos que colabora con el Demre en este proceso.

Estos ajustes son esencialmente de 4 tipos: Espacios en que se rinden las pruebas; tiempos de rendición; medios con que se rinden las pruebas; y apoyos a la actividad del estudiante; y no implican cambio en preguntas ni alternativas, solo en modalidades de rendición. Al igual que ocurre con los ajustes a los que las y los estudiantes tienen derecho por ley en sus procesos formativos (ley de Inclusión y ley TEA), y que en el caso de la educación superior deben permitir el ejercicio, en igualdad de condiciones, a su derecho a la educación superior (Art. 26 DD.HH.), a la vez que se mantienen las exigencias que darán cuenta del logro de su perfil de egreso.

Entre 2018 y 2024, hubo 25.670 personas con discapacidad u otras necesidades especiales que rindieron la prueba con ajustes razonables. La buena noticia es que en ese período esta cifra aumentó de 432 en la admisión 2018 a 10.849 en el proceso 2024 ¡Un aumento de casi 25 veces!

Una vez que rindieron las pruebas en el período analizado, 66% de estudiantes quedó habilitado para postular (alcanzaron el puntaje mínimo requerido). Eso supone un aumento progresivo, pasando de 37% el 2018 a 78% el año 2024 (comparado con 89% a nivel general de quienes rindieron la PAES en 2024). Es decir, otra buena noticia, ¡la cantidad de habilitados se ha duplicado en el período!

Pero ¿quedan seleccionados en una carrera? ¡Por supuesto! El 43,2% fue seleccionado en una carrera de su preferencia entre 2018 y 2024 (comparado con 68% a nivel general en 2024). Y lo bueno es que ha habido un aumento constante pasando de 22% el 2018 a 49% en 2024.

Ha sido una política nacional exitosa que aumenta sustantivamente la cantidad de estudiantes que solicitan ajustes y cumplen con los requisitos evidenciado el alto interés de esta población por acceder a la educación superior, superando la exclusión previa que ni si quiera les permitía rendir la prueba en igualdad de condiciones hace algunos años. Por otra parte, nos muestra que, si evaluamos con equidad, podremos reconocer las fortalezas y habilidades de quienes no podían demostrarlas por el solo hecho de que el formato de dicha evaluación generaba una barrera.

Ahora la pregunta que es necesario responder es ¿qué desafíos supone esto para la permanencia y éxito académico de este grupo de estudiantes y sus docentes? ¿Cómo nos comprometemos como sociedad y universidades para que todo su proceso formativo sea en igualdad de condiciones y a la vez con las mismas exigencias?