Escuelas seguras: educar no es controlar
Queremos escuelas seguras. Ese es un punto de acuerdo básico. Espacios donde niñas, niños y jóvenes puedan aprender sin miedo, desarrollarse integralmente y convivir con otros. Donde no solo se enseñan contenidos, sino también formas de relacionarnos, de resolver conflictos y de ser parte de una comunidad.
Por eso, la discusión sobre seguridad en las escuelas no puede ser superficial. No se trata de estar a favor o en contra de la seguridad, sino de preguntarnos cómo se construye de verdad.
En ese contexto, la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley "Escuelas Protegidas", presentado por el Gobierno, da cuenta de una forma limitada de abordar esta situación, que pone el acento en medidas de control por sobre el fortalecimiento de las condiciones que permiten prevenir la violencia.
La violencia que hoy vemos en los establecimientos educacionales es real, pero no nace ahí. Se expresa en las escuelas porque también está presente en la sociedad: en la forma en que nos relacionamos, en cómo resolvemos nuestras diferencias, en la frustración acumulada y en la falta de espacios de contención y escucha. Y adopta distintas formas, no es solo la agresión física más grave, sino también el acoso, la violencia digital o la exclusión.
Para quienes han vivido episodios de violencia, es natural exigir respuestas inmediatas. Sin embargo, quienes tienen la responsabilidad de diseñar políticas públicas y legislar no pueden actuar sólo desde ese impulso. Su tarea es otra, dar respuestas que efectivamente sirvan. Y no toda respuesta cumple ese objetivo.
La escuela debe contar con protocolos para enfrentar situaciones graves. Es parte de su función, porque pueden ocurrir y deben abordarse adecuadamente. Pero hoy el foco se está desplazando hacia ahí, como si la seguridad se redujera a medidas de control o reacción.
La buena convivencia escolar, y con ello la seguridad en los establecimientos, se construye desde antes, en procesos cotidianos que muchas veces no se ven, en el acompañamiento, en la salud mental y en el vínculo diario entre estudiantes y adultos. Cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos también de madres, padres y apoderados y de su entorno social. Es ahí donde se juega la posibilidad real de prevenir la violencia.
En Chile ya se ha avanzado en esa dirección. La Ley de Convivencia Escolar recientemente aprobada incorpora herramientas, actualiza sanciones y, sobre todo, pone el foco en el bienestar, la prevención y la comunidad educativa. Sin embargo, su implementación aún es incipiente, y las escuelas siguen enfrentando estos desafíos con recursos limitados y equipos sobrecargados.
Por eso, más que sumar nuevas obligaciones o trasladar tareas que no corresponden a los equipos educativos, la pregunta debería ser otra: ¿Estamos fortaleciendo las condiciones para educar mejor? ¿Estamos invirtiendo donde realmente se hace la diferencia?
Las medidas que se adoptan no son neutras y las señales que se dan tienen consecuencias. Cuando se instalan lógicas de control sobre niños, niñas y adolescentes, como la revisión de pertenencias personales u otras medidas de vigilancia, se afecta su dignidad, su privacidad y el modo en que se relacionan con la escuela. Una política que busca mejorar la convivencia no debería terminar debilitando los derechos de quienes forman parte de su comunidad.
La educación también es la posibilidad de construir proyectos de vida. Por lo tanto, medidas que restringen ese acceso, como la negación de la gratuidad, afectan a quienes necesitan apoyo real para reinsertarse y enmendar su rumbo. Cuando los niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos, ni la convivencia mejora ni la seguridad se fortalece. Por el contrario, ambas se debilitan.
Si queremos escuelas más seguras, necesitamos algo más que medidas de control. Necesitamos fortalecer el vínculo, el acompañamiento, la comunidad y los recursos. Y es ahí donde la educación cumple su verdadero rol. Porque educar no es sinónimo de controlar.