Evaluación docente para la reactivación educativa
El proyecto de ley que modifica el sistema de evaluación docente ha tenido un silencioso avance en el Congreso. Lo anterior es preocupante, porque su contenido influye directamente en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del país. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, a la espera de ser puesto en tabla para su votación en general en la sala del Senado, lo cual podría suceder en las próximas semanas.
En términos simples, para solucionar el problema de la sobrecarga laboral que el actual sistema de evaluación docente genera, el proyecto deroga el artículo 70 del Estatuto Docente -que establece la "evaluación docente"-, optando, en forma errónea según se verá, por dejar vigente únicamente el Sistema de Desarrollo Profesional Docente o "carrera docente", que apunta a promover el avance de los docentes hasta un nivel esperado de desarrollo profesional, obteniendo un reconocimiento económico en virtud de ello.
Un estudio reciente de Acción Educar concluye que, para que la evaluación docente logre asegurar la calidad de la educación debe cumplir con tres requisitos indispensables: ser periódica, obligatoria y con consecuencias cada vez que exista una evaluación. El proyecto no cumple con ninguno de ellos. Una vez que se alcanza el nivel avanzado, la evaluación deja de ser obligatoria, pudiendo el docente estar en este nivel la mayor parte de su vida laboral. Tampoco es periódica, por lo que un profesor podría impartir clases sin ser evaluado hasta el cuarto año. De obtener malos resultados, ha perjudicado a todos sus estudiantes en el intertanto.
Se eliminan también las consecuencias frente a malas evaluaciones. Si el docente llegó a cierto tramo ya no existe posibilidad de retroceder a pesar de que los resultados obtenidos sean reprobatorios. A su vez, el sistema de acompañamiento profesional se debilita al eliminar ciertos apoyos específicos que justamente estaban dispuestos para que los docentes con resultados insatisfactorios pudieran mejorar su desempeño.
El sistema propuesto, además de ser débil, insuficiente y perjudicial al impedir detectar aquellos aspectos que el profesor requiere mejorar para poder ejercer de manera adecuada la labor educativa, es contrario a las prioridades educativas de las familias. Recientes encuestas de la Universidad del Desarrollo revelan que 75% de las personas cree que el foco en educación debe estar en "nivelar y mejorar los aprendizajes". A su vez, cuatro de cada 10 personas señalaron "la calidad de los profesores" como el factor más relevante al momento de tener que escoger un establecimiento escolar para sus hijos.
Sabiendo que este proyecto es una de las demandas del Colegio de Profesores, que insiste con presionar al Gobierno mediante una serie de paros que perjudican la continuidad del proceso educativo, no extraña que se quiera conceder este punto de manera rápida y sin mayor discusión. Sin embargo, si queremos que realmente contribuya a la recuperación del aprendizaje, requiere ser perfeccionado.
La urgente necesidad de alivianar la sobrecarga laboral docente no puede ir en desmedro de una educación de calidad. Es fundamental que, durante la tramitación del proyecto en el Senado, el Ejecutivo realice los cambios necesarios para que el sistema de evaluación docente no abandone su fin último: que el trabajo de los profesores sea un real aporte en la ardua tarea de recuperar los aprendizajes y la reactivación educativa.
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