Uno de los consensos más amplios en nuestro país, desde hace al menos una década, es que los bancos deben salir del sistema de financiamiento de la educación superior. Esto se refleja, por ejemplo, en la última encuesta Cadem, donde 74% de los encuestados se manifestó a favor de esta medida.
El proyecto de Fin al CAE, presentado por el Gobierno del Presidente Boric, se hace cargo de los perjuicios que ha generado esta política pública no solo para las familias, sino también para el Estado, que ha desembolsado cerca de nueve billones de pesos en CAE desde 2005, lo que corresponde a 23% de lo que el Fisco anualmente destina de su presupuesto en educación superior.
Si bien el sistema de créditos estudiantiles -CAE, Fondo Solidario de Crédito Universitario y Corfo- permitió que miles de jóvenes ingresaran a las universidades, lo cierto es que a largo plazo generó mayor endeudamiento en las familias. A esto se suma que, como política pública, el CAE no supo anticipar el empeoramiento de las condiciones laborales de un grupo importante de las y los egresados, quienes con el transcurso de los años comenzaron a tener grandes dificultades para pagar su deuda educativa.
En este escenario, resulta indispensable terminar con esta lógica de financiamiento, pero no solo eso: también es fundamental que los recursos se inviertan en mejorar la infraestructura y en potenciar áreas tan relevantes como las ciencias, tecnología e investigación en las universidades.
La propuesta del nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) es una excelente noticia porque establece un modelo de financiamiento moderno, eficiente y fiscalmente responsable que sacará a los bancos de la ecuación. Con el FES, los estudiantes no tendrán que preocuparse de financiar sus estudios durante su carrera, lo que sin duda significará un alivio para quienes no tienen gratuidad.
Además, el Plan de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas permitirá la condonación total o parcial para todos los deudores de créditos estudiantiles, considerando su realidad específica posterior al egreso. De esta manera, se reconocerá el esfuerzo de quienes se han mantenido al día con su deuda, al mismo tiempo que se aliviará a quienes tengan dificultades económicas, con un tramo exento de pago para las personas que ganen menos de 500 mil pesos al mes.
La tramitación de este importante proyecto ya comenzó en la Comisión de Educación. Debemos aprovechar esta oportunidad histórica y no retroceder en los consensos que hemos alcanzado como sociedad. Es fundamental debatir con altura de miras con un único horizonte común: poner fin a las deudas educativas que afectan a miles de familias, establecer un nuevo financiamiento para la educación superior y mejorar la educación de nuestro país.
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