Las limitaciones del proyecto de convivencia escolar
El proyecto de ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas fue presentado por el Gobierno en junio de 2024 y recientemente ha comenzado su discusión, en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Educación del Senado. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por la situación de violencia en nuestros colegios. Al cierre del tercer trimestre de 2024, la Superintendencia de Educación registró 8.864 denuncias, marcando un récord histórico con un incremento de 1,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior (Acción Educar, 2024). A pesar de la urgencia que estos datos reflejan, las soluciones propuestas en el proyecto de ley parecen insuficientes en varios aspectos clave.
En primer lugar, la normativa exige la formación de equipos especializados en convivencia, dirigidos por profesionales a tiempo completo y con dedicación exclusiva, pero según lo han advertido los mismos establecimientos durante la tramitación, no incluye el financiamiento necesario para cubrir los nuevos estándares. Esto pone una presión adicional sobre los colegios, especialmente aquellos con recursos limitados.
Por otro lado, el proyecto impone una serie de nuevas obligaciones que, inevitablemente, traen aparejada también una mayor fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación, lo que incrementa significativamente la carga administrativa de las escuelas. Los establecimientos deberán actualizar y difundir de forma continua sus reglamentos, desarrollar e implementar el Plan de Gestión de Convivencia Educativa, cumpliendo con los plazos y requisitos nuevos exigidos, y asegurarse de que toda la comunidad educativa esté debidamente informada. Estas exigencias también recaen sobre los directores, quienes tendrán que coordinar procesos participativos, supervisar la correcta ejecución de los protocolos y presentar informes detallados al Consejo Escolar. Aunque algunas de estas medidas pueden considerarse positivas, la acumulación de responsabilidades, sumada al incremento en la supervisión, dificulta que directores y docentes se concentren en su función principal de impartir educación y adoptar medidas para generar un ambiente respetuoso y propicio para el aprendizaje.
Respecto al Consejo Escolar, el proyecto propone su obligatoriedad en todo tipo de establecimientos, sean públicos, particulares subvencionados o particulares privados, lo cual afecta la autonomía de las instituciones, las cuales podrían tener implementados métodos o figuras de participación incluso de mayor efectividad para el fin que este proyecto propone.
El proyecto también establece que la Superintendencia de Educación será la entidad encargada de coordinar los esfuerzos intersectoriales en materia de convivencia escolar. Sin embargo, no cuenta los necesarios alcance y autoridad para articular eficazmente la participación de otros organismos clave, como el Ministerio de Salud. Al igual que ocurre con los niños que necesitan atención especializada por haber sufrido graves vulneraciones de derechos, aquellos que requieren apoyo psicológico o psiquiátrico para desenvolverse adecuadamente en el entorno escolar enfrentan serias limitaciones dado que el sistema público de salud presenta carencias significativas tanto en cobertura como en calidad.
La Defensoría de la Niñez alertó al respecto y en 2023 el 52,9% de los adolescentes de educación media de la zona norte de Santiago cumplían con criterios para uno o más problemas de salud mental: 35,2% para depresión, 25,9% ansiedad generalizada y 28,2% para consumo problemático de sustancias. Por ello, es fundamental no solo referirse a una mejor coordinación intersectorial -obligación legal ya existente para los órganos del Estado- sino también establecer medidas concretas que amplíen el acceso y mejoren la calidad de las prestaciones. El proyecto no cuenta con el respaldo de los ministerios y órganos pertinentes, ni especifica acciones o prestaciones que comprometan el apoyo necesario en un tema trascendental y que, nuevamente, es condición esencial para la existencia de un ambiente propicio para el aprendizaje y para la prevención de situaciones de violencia.
El diagnóstico actual, evidenciado por numerosos estudios e instituciones, refleja la magnitud y complejidad del problema. Sin embargo, el proyecto de ley no logra ofrecer una respuesta efectiva. La insuficiencia de recursos frente a las nuevas exigencias, el incremento de la carga administrativa, la ausencia de medidas que promuevan la autoridad docente, la falta de estrategias preventivas y la necesidad de un marco vinculante que garantice un compromiso interministerial real, convierten esta iniciativa en una regulación que, lejos de resolver el problema, asfixia a las escuelas, sin abordar las causas de fondo. Para superar la crisis de convivencia escolar, y promover la salud y el bienestar de las comunidades educativas, es imprescindible contar con políticas públicas pertinentes y eficaces. El proyecto requiere mejoras sustantivas para convertirse en un verdadero aporte al sistema educativo de nuestro país.
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