Los pendientes a 43 años de la reforma del Sistema de Educación Superior

Mauricio Araneda

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• Co-escrita con Nicolás Barrientos Oradini, Doctor of Philosophy in Business Administration, Cass European Institute of Management Studies, Francia; y académico FEN-UAH

Registrado como una fecha histórica, el 3 de enero de 1981 el Ministerio de Educación promulgó el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, dando luz verde a la posibilidad de crear universidades constituidas como "personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro", lo que abrió espacio al sector privado para que participara en el sistema, a través de la fundación de nuevas universidades. A 43 años de la macro reestructuración del Sistema de Educación Superior factores administrativo-financieros han tenido un rol clave en la fluidez operacional de los planteles educacionales.

El proceso de creación fue paulatino. Entre 1981 y 1987, sólo se autorizó la puesta en marcha de 5 universidades privadas. En el período 1988 - 1989, se sumaron otros 17 planteles. Y hacia el año 2004, en Chile ya se habían fundado 47 universidades, pero no todas estaban en funcionamiento, pues algunas habían sufrido problemas económicos que terminaron siendo el principal motivo del cierre de sus puertas.

En el caso de las universidades públicas, técnicamente no pueden quebrar, ya que solo las sociedades mercantiles lo hacen, no obstante, estas organizaciones también son susceptibles de entrar en crisis económicas. Ante este escenario de la improbabilidad de una quiebra de una universidad pública, un eventual escenario de crisis financiera podría implicar que necesite exceso de financiamiento para continuar cumpliendo su objetivo de creación, lo que podría implicar una reasignación de recursos por parte del Estado.

Sin embargo, en el caso de las universidades privadas, nada obstaculiza que puedan ser objeto de una declaratoria de insolvencia, toda vez que, en la Ley de Quiebras, no hay una norma que excluya a las corporaciones o fundaciones del procedimiento concursal como lo señala el abogado José Luis León en su artículo "¿Judicialización de la educación superior?" (2014), pensamiento compartido por el también abogado Juan Esteban Puga en el libro "El juicio de quiebras" (2004), al precisar: "Las fundaciones, cooperativas y las corporaciones son personas jurídicas de Derecho Privado, sin fines de lucro (...). Por lo mismo, sujetos de derechos y obligaciones. Por lo tanto, son susceptibles de ejecución colectiva".

Prueba de esta situación, son las 21 universidades privadas que al año 2018 han dejado de funcionar, lo que demuestra que las universidades privadas, al igual que todas las organizaciones, son vulnerables a sufrir desequilibrios financieros debido a la insolvencia y poca liquidez, desajustes que pudieron ser causados por políticas económicas deficientes en el plano estratégico, administrativo o productivo, que gatillaron, finalmente, la liquidación de la organización.

Los mecanismos de financiamiento de las universidades en Chile han involucrado varias fuentes, tanto públicas como privadas (algunos de ellas son: financiamiento público, créditos y becas, ingresos propios de las universidades; donaciones y fondos privados y autofinanciamiento). En general, la suficiencia de estos mecanismos puede ser un desafío para algunas universidades, especialmente si enfrentan limitaciones presupuestarias, una alta dependencia de fuentes específicas o fluctuaciones en el apoyo gubernamental. La diversificación de fuentes de ingresos, la eficiencia en la gestión y la adaptación a cambios en el entorno financiero y político son aspectos importantes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las instituciones educativas. Así como también mantener la autonomía propia de las universidades privadas con vocación pública, que colocan al servicio del bien común la generación de conocimiento multidisciplinario y capacidad innovadora.

Y el desempeño financiero de las universidades está regulado y supervisado por diversos organismos gubernamentales y entidades responsables, entre ellos: Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación. Mediante procesos de acreditación y evaluación, se busca garantizar la calidad académica y la sostenibilidad financiera de las instituciones de educación superior en el país. Las universidades deben cumplir con ciertos estándares establecidos por estas entidades para asegurar su reconocimiento y operación legal.

Pero tal como ya se ha demostrado, las universidades privadas en Chile, al igual que cualquier otra entidad empresarial, pueden enfrentar situaciones financieras adversas que las lleven a la quiebra o al cierre.

Por lo tanto, es evidente la importancia de conocer las condiciones financieras en que se encuentran estas instituciones, con la finalidad de poder identificar problemas que pudieran presentarse y las causas de ellos, de esta forma anticiparse a futuros escenarios desfavorables, tomando acciones correctivas, ya sea si estas se desviaren de la posible permanencia financiera y requiriesen financiamiento adicional o bien si ésta afectase la acreditación institucional. A esta situación, se exceptúa el Sistema de Información índices del Ministerio de Educación, que proporciona datos (no estándares), más no necesariamente representa un insumo para la toma de decisiones estratégicas y/o regulatorias.

A pesar de lo relevante que es poder contar con una herramienta que cumpla con estos objetivos, no existen estándares de evaluación de la situación financiera de las universidades en Chile, que permitan de manera objetiva y preventiva reaccionar a los posibles escenarios adversos que dificulten el normal desarrollo de las operaciones de este tipo de organizaciones, pero sobre todo, que sea adecuada para esta industria en particular. Junto a lo anterior, se hace relevante determinar si los mecanismos descritos anteriormente, son suficientes o requieren una evaluación de política pública.
En síntesis, existen entes reguladores como la Superintendencia de Educación Superior y la Subsecretaría de Educación Superior, tienen facultades, tienen información, responden a denuncias, pero no existe un sistema, un cuadro de mando integral o marco lógico (salvo Índices, como ya se dijo) de indicadores que permita monitorear los potenciales riesgos en el sistema, proponer soluciones y mejorar la toma de decisiones de política pública. Este es uno de los desafíos a 43 años de la gran reforma en materia de Educación Superior.