Políticas universitarias realistas y eficaces

Es indispensable tener un panorama claro sobre cómo funcionan nuestras universidades y lo que pasa en otros países para definir políticas públicas que sean eficaces para el progreso de esas organizaciones, en calidad e inclusión social. Un primer paso es identificar dónde estamos.

Desde esta perspectiva parece conveniente establecer una nueva tipología de universidades.Nuestra realidad evidencia características propias de los sistemas de educación superior más consolidados a nivel mundial. Es así como se observa, por ejemplo, que “las universidades altamente selectivas” o “de investigación”, no son todas las universidades integrantes del sistema. Habitualmente se trata de un porcentaje muy menor.

El fenómeno descrito, a nivel nacional, se explicita nítido al observar la cantidad de publicaciones científicas medida como artículos WOS (ex ISI) en la Web of Knowledge para los últimos dos años. En total se observa una producción de 17.096 artículos, de los cuales algo más de la mitad es aportado por sólo cuatro de nuestras universidades.

Si combinamos elementos como el descrito con otros antecedentes atingentes, nos encontramos con un grupo reducido de universidades - dependiendo del criterio utilizado, entre cuatro y ocho – a las que deberíamos darle la categoría de universidades selectivas o completas, otorgándoles, por supuesto, un trato diferente, con aporte fiscal especial acorde a su cualificación.

El resto de las universidades acreditadas no pertenecientes a la anterior categoría muestran, en los indicadores que se desee comparar, bastante equivalencia. A manera de ejemplo se puede señalar que la producción científica de las universidades privadas acreditadas, medida en publicaciones WOS para los últimos dos años, supera la producción de trece universidades estatales derivadas, ventaja que se mantiene aún adicionando la producción de tres universidades católicas, no selectivas, pertenecientes al consejo de rectores.

En este contexto, la segunda categoría propuesta consistiría en universidades que cumplen una función pública y nivel de compromisos acordados con el Estado, lo cual les permite obtener aporte fiscal directo para docencia, investigación de relevancia regional y/o nacional y vinculación con el medio.

Finalmente, se reconocen universidades privadas acreditadas sin aporte fiscal,  las cuales podrán participar de fondos concursables en las áreas en que se encuentren acreditadas.

El apoyo especial del Gobierno a las universidades estatales no selectivas, con compromiso regional, se estima pertinente por la vía del aporte por cumplimiento de metas de desempeño.

Pretender que todas las universidades sean “Research Universities” es tan iluso como plantear que en Estados Unidos todas son como Berkeley o el MIT. Aunque ambos han sido postulados como modelo en nuestro parroquial debate.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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