Presidenciales y el acceso a la educación superior

Pablo Arias Araya

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El 21 de noviembre son las elecciones presidenciales, instancia donde, entre otros asuntos, se definirá cuál es el rol que debe tener la educación superior y los mecanismos para asegurar un acceso equitativo a ésta.

Al revisar las propuestas de los candidatos a La Moneda, cuatro de ellos han planteado ya sea la eliminación de todo instrumento de ingreso a la educación superior o al menos una revisión y/o modificación profunda de la actual prueba. Soluciones que se plantean a partir de un diagnóstico compartido: las diversas políticas en materia de financiamiento y modificaciones a la PSU no han aumentado la matrícula de los alumnos más vulnerables.

Ante ello, es importante revisar cuáles son las ventajas, desventajas y efectos no deseados de eliminar toda prueba de acceso a la educación superior. Lo primero a destacar es que existen una serie de pactos y normativas internacionales que explicitan que la admisión al nivel terciario debe promoverse en igualdad de condiciones, pero en función de los méritos y/o capacidades de los estudiantes.

Lo anterior implica que se debe promover el acceso sin que exista discriminación arbitraria por parte del sistema o de las instituciones de educación superior (IES) que forman parte de él. Con ello, se vuelve necesario contar con un/unos instrumentos que posibiliten diagnosticar, de manera objetiva, confiable y trasparente, las capacidades y/o aptitudes de los estudiantes.

Por otro lado, al revisar la experiencia internacional, no existe ningún país o sistema educativo que tenga un acceso universal para todos los estudiantes en todas las IES y programas. Dentro de cada nación conviven distintos tipos de instituciones -públicas, privadas, técnicas, universitarias, vocacionales, etc.-, cuyos requisitos de ingreso varían tanto como la diversidad de carreras o programas que ofertan.

Ahora bien, existen algunos planteles de educación superior que no cuentan con requisitos de ingreso como son las universidades públicas en Argentina, los community college en Estados Unidos y algunas universidades en Australia. En el caso de Argentina, las universidades públicas tienen una modalidad de admisión directa, siendo el único requisito haber terminado los estudios secundarios. Si bien la medida logró una leve mejoría en la participación de los jóvenes de los quintiles de ingreso más bajos durante el periodo 2010-2016, continúan existiendo brechas de acceso importantes entre estudiantes según su origen socioeconómico, a lo que se suman las altas tasas de abandono al primer año, que son cercanas al 50%.

En Estados Unidos, estos college son instituciones de educación superior que ofertan carreras de dos años. Su único requisito de acceso es haber egresado de la educación secundaria. Estadísticas de ese país muestran que la población que se inscribe en estas instituciones ha disminuido, pasando de 19,2 millones a 18,9 millones en el periodo 2014-2018. Además, existe una sobrerrepresentación de alumnos de menores recursos, así como de alumnos de origen afroamericano e hispano, restringiendo así la diversidad de alumnos al interior de los planteles.

En el caso de Australia, en 2009 el gobierno de la época determinó una serie de acciones y políticas para cumplir con el objetivo de que el 40% de la población entre 25 y 35 años tuviera al menos el grado de licenciatura. Ahora bien, estudios señalan que las políticas de acción afirmativa tuvieron efectos no deseados como fue el incremento de las desigualdades al interior de las instituciones y entre los alumnos.

En suma, la eliminación de todo requisito o prueba de admisión a la educación superior puede tener efectos positivos en el corto plazo, como podría ser el aumento de la matrícula o mayor participación de alumnos más vulnerables, pero también tiene efectos no deseados como son el aumento en la desigualdad entre y al interior de las instituciones, menores tasas de retorno económico y mayores índices de deserción.

Con todo, las elecciones del 21 de noviembre son un llamado para que la sociedad civil en su conjunto elija qué sistema educación superior debe tener el país y que atributos y/o valores debe poseer.

Por su parte es necesario entender que la eliminación de toda prueba de acceso no es la mejor respuesta a la baja participación de los sectores más vulnerables, sino lo son avanzar hacia un sistema con múltiples vías de admisión en consideración de las aptitudes de los estudiantes y proyectos educativos de cada institución, promover de mejor información a los futuros estudiantes e incentivar un mejor emparejamiento entre las capacidades de los estudiantes y las programas a los que acceden.