Revolución educativa
La calidad actual de la educación escolar pública en Chile es trágica. De acuerdo a datos del Ministerio de Educación (Mineduc) sobre deserción y ausentismo escolar, más de 50 mil estudiantes abandonaron el colegio entre 2021 y 2022, y casi 40% de los alumnos con matrícula vigente tuvo un ausentismo grave. Más allá de las ya conocidas "soluciones parches", y puestas en escena retóricas del gobierno de turno, no se ven en el horizonte medidas de Estado, ni propuestas que atajen un problema estructural que hace crisis por todos lados.
Los resultados de la última prueba de acceso a la educación superior (PAES) manifiestan que dentro de los 100 colegios con mejor puntaje de ingreso, solo dos son municipales, y ninguno corresponde a los llamados liceos emblemáticos. Peor aún, el gobierno del Presidente Boric puso la lápida a la luz de esperanza que representaban los liceos bicentenarios. Al año 2017, el 50% de los Liceos Bicentenario se ubicaron en el 20% superior de rendimiento del SIMCE de segundo medio. En 2018, 43 de 60 Liceos Bicentenario obtuvieron la Excelencia Académica, cuestión reflejada en un aumento de matrícula, asistencia y retención. ¿Cuáles fueron las razones para cerrar dicho programa? Ninguna contundente y razonable.
El diagnóstico y listado podría ser interminable en cifras, casos y situaciones desoladoras que como, por ejemplo, en colegios rurales de la Región de La Araucanía, no tienen las condiciones básicas ni siquiera para que los niños puedan tomar un desayuno o almorzar con dignidad, o tener los resguardos elementales que eviten que las escuelas sean un blanco de posibles ataques incendiarios. Lo paradójico es que un gobierno revolucionario que prometió la dignidad para la primera infancia, y la igualdad educativa, olvide en un mar de anuncios desprolijos a los más vulnerables. Al parecer el revolucionario solo sabe protestar, pero difícilmente gobernar.
Por el contrario, los esfuerzos por implementar recetas ideológicas progresistas en la educación pública no se esconden. Para que no quepa duda, los últimos días el supremo gobierno informó que la nueva jefatura de la División de Educación General (DEG) del Ministerio de Educación fue asignada a la veterana guerrillera Andrea Osorio Rivera, exintegrante del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), casada con otro exlautarista y viuda de Ariel Antonioletti, todos formaron parte del movimiento guerrillero que además de validar la lucha armada para hacerse del poder, realizó acciones armadas que fueron desde atentados explosivos, sabotaje, asaltos a armerías, y bancos. El gesto político es evidente.
De acuerdo al escritor Mauricio Weibel, en su libro "Los niños de la rebelión", desde mediados de los '80, el Movimiento Juvenil Lautaro se especializó en los cordones estudiantiles, es decir, en la formación ideológica, logística, de educación física y artes marciales en liceos y colegios. Los dirigentes públicos de esa agrupación eran conocidos por todos, Andrea Osorio y Marcos Ariel Antonioletti. El gesto político es más que evidente.
¿Asumirá este gobierno la gravedad de la crisis educacional que experimentan los niños chilenos? Porque claramente la vía que han tomado no es la de fortalecer instituciones que se especialicen realmente en el desarrollo educativo de los menores y hallar soluciones concretas a la crisis que denunciaron con ahínco.
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