Todos participan en la nueva educación pública

El Sistema de Educación Pública que estamos construyendo a partir del acuerdo país que se selló con la aprobación casi unánime de la Ley 21.040 el 24 de noviembre de 2017, tiene como uno de sus pilares constitutivos la participación de la comunidad educativa. 

Y esto porque es la reforma más participativa de todas las que ha hecho el Estado en las últimas décadas. 

El Sistema propone novedosas formas de participación como nunca en la historia de la educación, asegurando el derecho de que la opinión, inquietudes y sueños de los distintos actores de la comunidad se tengan en cuenta y garantizando su participación en la gobernanza de los Servicios locales de educación pública. 

Las nuevas instituciones de participación que tiene el nuevo sistema son el Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública, el Consejo Local de Educación Pública y la Conferencia de Directores de establecimientos. 

A la fecha y después de un largo y democrático proceso, hemos creado en cada Servicio local un Comité Directivo, que es uno de los mecanismos de participación más concreto y decisivo de la nueva institucionalidad de la educación pública.

Su objetivo principal es velar por el adecuado desarrollo estratégico del plan educativo, esto es, la rendición de cuentas de la dirección del Servicio ante la comunidad local y buscar una vinculación efectiva con la institucionalidad territorial, tanto a nivel comunal como regional. También se pronuncian sobre la elección de directores o directoras de los Servicios locales. 

El Comité Directivo está compuesto por dos representantes de los alcaldes, dos representantes del Gobierno Regional y dos representantes democráticamente electos de los padres y apoderados de los establecimientos de cada Servicio. 

La elección de representantes de padres y apoderados fue un largo y fructífero proceso. En los cuatro Servicios locales de educación pública ya instalados (Barrancas, Puerto Cordillera, Huasco y Costa Araucanía) participó el 66% de los presidentes y presidentas de los centros de madres, padres y apoderados, de casi 300 establecimientos, con más de 60 mil estudiantes. En dos de los Servicios locales, los candidatos decidieron hacer debates públicos de cara a la comunidad. 

Las candidaturas postuladas fueron representativas de las once comunas que forman parte de esos Servicios :Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado; Coquimbo y Andacollo; Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen; y Carahue, Nueva Imperial, Teodoro Schmidt y Toltén. 

Entre las muchas anécdotas que dejó este proceso, una de las más llamativas es que, en Huasco y Costa Araucanía, hubo que realizar segundas vueltas para dirimir el empate entre algunos candidatos. 

Por otra parte, la nueva educación pública mandata a directores y directoras de los establecimientos a promover la participación de la comunidad en el Servicio local con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza y mejora continua.  

Para ello, establece la existencia y funcionamiento de una Conferencia de Directores de Establecimientos que se debe realizar al menos una vez al año. Esta conferencia tiene carácter consultivo y su objeto es analizar el estado de avance del Plan Estratégico Local, proponer mejoras para el diseño y la prestación del apoyo técnico-pedagógico y analizar toda otra materia de interés para el cumplimiento del objeto del Servicio local. 

La primera Conferencia de Directores se realizó la semana pasada en Costa Araucanía, oportunidad en la cual todos los directores de colegios se reunieron para discutir cómo mejorar la calidad de la educación en ese territorio. Las Conferencias de Directores son otra iniciativa sin precedentes por su alcance y profundidad, otro de los logros de este primer año del Sistema de Educación Pública. 

A nivel nacional, hay otro mecanismo de participación fundamental que ha creado lel nuevo sistema, la Estrategia Nacional de Educación Pública 2018-2027, para la cual tomé la decisión de crear un consejo consultivo, en el que participan 25 expertos y representantes de organizaciones de la educación pública y habrá una consulta nacional a las comunidades, luego de lo cual se presentará por primera vez en la historia una propuesta de los objetivos estratégicos, las metas y las acciones que guiarán el desarrollo de la educación pública para los próximos ocho años, identificando prioridades de los territorios y del país. 

Lo anterior se vincula con los planes estratégicos locales que cada servicio y sus comunidades educativas definirán por un periodo de 6 años con los sellos y metas de cada territorio.

Ambas herramientas de gestión se elaboran en procesos participativos y consideran la diversidad de cada territorio, todo lo cual es inédito en la educación en el país.

Los establecimientos educacionales de los Servicios locales y el Director Nacional y los Directores y los subdirectores de los Servicios son elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública y hacen un convenio de desempeño de gestión escolar que incluye el cumplimiento de la Estrategia y los planes estratégicos. 

Además, se ha constituido un Consejo de Evaluación de la educación pública, también establecido en la ley, y que tiene la labor de asesor al Presidente de la República, generando un informe anual con orientaciones y recomendaciones para mejorar la implementación de la ley  del Sistema de Educación Pública. 

Finalmente, en tiempo récord ha montado un sistema de transparencia, lobby y participación ciudadana, entregando la cuenta pública participativa 2018 y cumpliendo estrictamente con lo que las leyes de participación y transparencia mandatan, por ejemplo, ya lleva cinco sesiones del Consejo de la Sociedad Civil donde participan representantes de las organizaciones, instituciones y gremios relacionadas con la educación pública. 

El Sistema nace así con la participación de las comunidades educativas como norte y parte intrínseca de todos sus componentes. Sin ella, no es posible hablar de mejorar la calidad ni entender los cambios estructurales que comenzamos a realizar en este primer año de aplicación de la ley.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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