Trabajo en universidades públicas, tensión entre funciones y fiscalización de la labor académica

Pablo González Martínez

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Días atrás, la Federación de Asociaciones de Académicos de Universidades del Estado de Chile (Fauech) y la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile (Acauch), emitieron sendas declaraciones en las que fijan su posición respecto del oficio E121345, emitido por la Contraloría General de la República (CGR) el 22 de julio de 2025, en el que instruye la implementación de sistemas de control digital a la asistencia de funcionarios públicos, incluyendo a quienes ejercen labores académicas en las universidades del Estado.

Las organizaciones gremiales manifiestan su desacuerdo con una medida como la señalada, puesto que ella se funda en supuestos de control que, más allá de las intenciones del organismo contralor, poseen un claro cuño burocratizante de la labor académica, que emerge, tal vez, de una comprensión parcial o simplificada de las funciones que las y los académicos de las universidades del estado realizan a diario.

La labor académica, como es natural, se relaciona de modo directo con la propia naturaleza de las universidades en general y de las universidades del Estado en particular. Estas últimas, tienen como propósito fundamental, generar conocimiento de vanguardia, formar a las futuras generaciones de profesionales, ciudadanas y ciudadanos del país y vincularse permanente y sistemáticamente con las comunidades y territorios de las diversas regiones.

Estas tareas permanentes, de investigación, docencia y extensión, constituyen un sello característico de la universidad pública latinoamericana, sello que se expresa, a su vez, en las cualidades y tareas exigidas tradicionalmente a las y los académicos de las universidades estatales. Y he aquí el punto esencial de la tensión entre la legítima y necesaria fiscalización y la naturaleza del trabajo académico: ¿Es el control horario de una jornada laboral el mecanismo que permite resguardar el cumplimiento de estas tareas esenciales?

Según las organizaciones gremiales y sus respectivas bases, ello no es así. Todo lo contrario. La naturaleza del trabajo académico no es administrativa, mucho menos mecánica o burocrática. Realizar investigación exige, las más de las veces, desarrollar trabajo de campo, por lo general desplegado en el extra muros universitario. Igual cosa suele ocurrir con las actividades de extensión y de vinculación con el medio.

Entonces, el riesgo es burocratizar y obstaculizar la laborar académica de quienes se desempeñan en estas funciones en las universidades del Estado. Y este riesgo es aún más complejo, ya que significaría establecer nuevos obstáculos a las universidades estatales, lo que eventualmente podría significar la pérdida de competitividad y el debilitamiento de ellas, en favor de las universidades privadas, para las que tipo de normas no tiene aplicación. Y de lo que se trata, es precisamente de lo contrario.

Chile necesita con urgencia un sistema de educación superior estatal, auténticamente público, para enfrentar los desafíos que el país y la sociedad tienen. Ello implica, por parte del estado, en toda su extensión, el diseño y la implementación de políticas y normas que favorezcan, sin complejos y sin ambigüedades, a las universidades del estado. Un sistema integrado de educación superior en el nivel universitario y técnico superior, que incluya a las escuelas matrices de las fuerzas armadas, es una necesidad prioritaria. De igual modo, un nuevo sistema de financiamiento para las universidades y los centros de formación técnica estatales, constituye una urgencia creciente. Sistemas de gobernanza y de fiscalización y rendición de cuentas, acordes a las necesidades actuales y futuras del país y de las propias instituciones de educación superior, constituyen otras de las prioridades y celeridades que se deben tener en cuenta.

Por las razones ya planteadas, las asociaciones proponen mecanismos alternativos de fiscalización y de evaluación del trabajo académico, algunos de los cuales ya existen. Cabe reiterar que la posición de los gremios no es de rechazo absoluto a las necesidades de fiscalización y de control, todo lo contrario. La posición de las y los académicos, mayoritariamente, reconoce la legitimad y la necesidad de contar con mecanismos de fiscalización del trabajo universitario. El punto es que dichos mecanismos, primero, deben apuntar al fortalecimiento de las universidades estatales y, segundo, deben reconocer la naturaleza singular y compleja de las labores que las y los académicos realizan a diario.

Un comentario final ineludible. Es necesario apoyar decididamente la labor que la Contraloría General de la República ha desarrollado en este último período y es evidente que debe ser felicitada por lo realizado. Sus fiscalizaciones últimas han llevado luz a espacios tradicionalmente sombríos de la administración del estado y del uso de recursos públicos.

Es de esperar que dicha labor siga adelante, teniendo en cuenta la necesidad y la responsabilidad, igualmente ineludible, que tienen todos los organismos del estado, incluyendo al ente fiscalizador, de fortalecer la institucionalidad estatal en todas sus formas, comprendiendo también a las universidades públicas.