Violencia escolar, justicia educativa y rol de las universidades: hacia una política pública transformadora

Carlos Delgado Álvarez

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En las últimas semanas, Chile ha presenciado una serie de graves hechos de violencia protagonizados por estudiantes de Enseñanza Media. Estos sucesos, altamente mediatizados, han generado alarma pública y motivan reflexiones sociales, muchas de las cuales apelan a la conciencia de padres, madres, docentes y adultos en general. Sin embargo, una mirada más profunda revela que estos episodios no son hechos aislados, sino expresiones sintomáticas de un problema estructural: el deterioro del tejido social y la crisis de sentido en nuestras instituciones educativas. En este contexto, urge abandonar las respuestas reactivas y moralizantes, para construir una política pública de convivencia escolar que aborde la violencia desde una perspectiva de justicia educativa, equidad social y formación ciudadana. En este desafío, las universidades pedagógicas están llamadas a cumplir un rol estratégico.

1. La violencia escolar como fenómeno político y estructural

Los hechos recientes en liceos de Melipilla, San Pedro de la Paz, Coronel y Osorno no pueden entenderse como simples desbordes de conducta juvenil, ni como manifestaciones individuales de falta de valores. Por el contrario, deben ser interpretados como síntomas visibles de una violencia estructural más profunda, que atraviesa a la escuela como institución moderna: segregación social y territorial, precarización de la vida familiar y comunitaria, erosión de los vínculos intergeneracionales, deslegitimación del Estado y crisis de autoridad pedagógica.

Desde la teoría política educativa crítica, la escuela no es un espacio neutro ni aislado, sino un microcosmos de las relaciones de poder presentes en la sociedad (Apple, 1997; Giroux, 1988). La violencia que irrumpe en sus aulas es reflejo de un orden social que produce frustración, exclusión y silenciamiento, especialmente en contextos de pobreza, racismo, machismo o discriminación estructural. En lugar de reforzar discursos culpabilizadores hacia docentes o familias, se requiere interpelar las condiciones institucionales, culturales y materiales que producen subjetividades violentadas y violentas (Butler, 2004).

2. Justicia educativa y formación ciudadana: bases de una política transformadora

Una política pública efectiva para enfrentar la violencia escolar debe estar anclada en una visión de justicia educativa, entendida no solo como igualdad de oportunidades, sino como reconocimiento, redistribución y participación (Fraser & Honneth, 2006). Esto implica asegurar condiciones dignas de aprendizaje, fortalecer los equipos de apoyo psicosocial en las escuelas, promover pedagogías críticas y restaurativas, y garantizar la participación activa de estudiantes en la gestión de la convivencia.

La violencia no puede combatirse solo con más control o vigilancia; debe ser abordada mediante culturas escolares democráticas, que valoren la diferencia, gestionen el conflicto con diálogo y favorezcan una ciudadanía activa y deliberativa (Biesta, 2013). Ello requiere formar sujetos capaces de comprender y transformar su realidad, no solo adaptarse a ella. En este sentido, la política pública debe reconocer la convivencia escolar como un eje transversal del currículo y de la formación integral.

3. El rol estratégico de las universidades pedagógicas

En este proceso, las universidades pedagógicas tienen un papel insustituible. No solo por su responsabilidad en la formación inicial y continua de docentes, sino por su potencial para generar conocimiento situado, ético y transformador (De Sousa Santos, 2005).

Es indispensable que rediseñen la formación docente para integrar competencias en justicia educativa, gestión de la diversidad, educación emocional, resolución pacífica de conflictos y ciudadanía crítica (Meirieu, 1998); desarrollen programas permanentes de investigación-acción en conjunto con comunidades escolares, especialmente en territorios vulnerados, para co-construir estrategias de prevención de la violencia con base territorial y pertinencia cultural (Walsh, 2009); impulsen programas de Vinculación con el Medio que vinculen a estudiantes de pedagogía con escuelas y liceos a través de tutorías, mediación escolar, talleres socioemocionales y participación comunitaria; constituyan observatorios regionales y locales de convivencia y justicia educativa, generando datos, análisis y propuestas para el sistema escolar y los gobiernos intermedios. De este modo, las universidades pedagógicas pueden dejar de ser solo formadoras técnicas para convertirse en actoras públicas comprometidas con la transformación social desde la educación.

4. Lineamientos para una política pública nacional

A partir de lo anterior, una política pública integral de prevención de la violencia escolar debería contemplar al menos cinco componentes estratégicos:

1. Diagnóstico participativo y territorializado, que reconozca las múltiples violencias que atraviesan las escuelas (físicas, simbólicas, digitales, estructurales)
2. Fortalecimiento de las capacidades institucionales: dotación permanente de profesionales psicosociales, formación docente continua en justicia y convivencia, acompañamiento pedagógico situado
3. Currículo para la ciudadanía democrática, que integre la educación en derechos humanos, género, interculturalidad, medioambiente y resolución de conflictos
4. Red de apoyo intersectorial, articulando escuelas y liceos con servicios de salud mental, programas sociales, municipios y organizaciones comunitarias
5. Alianzas con universidades pedagógicas, como centros de formación, investigación, acompañamiento y producción de conocimiento crítico

Conclusión

La violencia escolar no es una anomalía, sino una señal de alerta sobre las profundas fracturas de nuestra vida colectiva. Para enfrentarla, no bastan discursos punitivos ni llamados a la conciencia individual. Se requiere una respuesta política, estructural y pedagógica, que reconozca la educación como derecho social y espacio de construcción democrática. Las universidades pedagógicas tienen hoy la posibilidad y el deber de liderar esta transformación, formando docentes no solo como transmisores de saberes, sino como intelectuales públicos y agentes de justicia educativa (Skliar, 2007). Sólo así será posible construir instituciones educativas donde el conflicto no se transforme en agresión, sino en oportunidad para aprender a convivir en la diferencia.

Hannah Arendt entendió muy bien en 1961, al decir: "La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la renovación, de no ser por la llegada de los nuevos y los jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, lo bastante como para prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común".

Referencias

<sup>- Apple, M. W. (1997). Educación y poder. Barcelona: Paidós.
- Arendt, Hanna (2018). La crisis en la educación, en Entre el pasado y el futuro. Editorial Austral.
- Biesta, G. (2013). The beautiful risk of education. Boulder: Paradigm Publishers.
- Butler, J. (2004). Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós.
- De Sousa Santos, B. (2005). La universidad en el siglo XXI: Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad. Buenos Aires: CLACSO.
- Fraser, N., & Honneth, A. (2006). Redistribución o reconocimiento: Un debate político-filosófico. Madrid: Morata.
- Giroux, H. A. (1988). Schooling and the struggle for public life: Critical pedagogy in the modern age. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Meirieu, P. (1998). La elección de educar: Ética y pedagogía. Barcelona: Octaedro.
- Skliar, C. (2007). ¿Y si el otro no estuviera allí? Notas para una pedagogía (de la) diferencia. Buenos Aires: Noveduc.
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado y sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Quito: UASB.</sup>