Dificultades y deficiencias de un plan de desconfinamiento

Hay preocupación por cómo se está llevando a cabo el proceso de desconfinamiento paulatino de las cuarentenas que desde hace algunos días viene implementando la autoridad sanitaria en el país.

No solo porque se trata de la salud de los chilenos, sino también por el significado político que tal gestión tiene para nuestro futuro inmediato. Preocupación que se agudizó a propósito del rebrote del virus en la Región de Magallanes, que llevó al ministro de la cartera de Salud a llamar la atención de sus propios equipos de trabajo y a enredarse en una discusión con aquel municipio, aparte de provocar la renuncia de la Seremi de Salud de la zona.

En este cuadro es relevante informar a la opinión pública que los alcaldes no tienen a cargo la fiscalización de las cuarentenas y que su tarea es de colaboración y asistencia territorial.

Vale recordar por la vía del ejemplo, que, en medio de la crisis, la Seremi de Salud Metropolitana ofreció capacitación para los equipos de inspección en los procesos de fiscalización, cuestión que no se tradujo en hechos reales, por cuanto por razones de infraestructura la capacitación anunciada solo pudo ser implementada en la comuna de Las Condes, con punto de prensa incluido.

Lamentablemente continúan los problemas de trazabilidad (estrategia central para el control y seguimiento del plan “Paso a Paso” dispuesto por la autoridad), el que no ha logrado afianzar hasta hoy una estrategia coherente y segura a nivel país.

Entre otras razones, la más importante, fue la tramitación de los recursos asignados a los municipios que partieron con una demora incomprensible para los momentos que se viven.

Dichos recursos fueron transferidos desprolijamente y sin respaldo documental, cuestión que, en este caso en particular, es básico para determinar la estrategia país que conlleva instrucciones emanadas desde la autoridad sanitaria nacional hacia la atención primaria administrada por los municipios, a estas alturas, socio invaluable de este drama pandémico.

Estos desaciertos obligaron a un grupo de alcaldes a rechazar los convenios que respaldaban los traspasos de recursos, porque de manera extemporánea ordenaban a los municipios a realizar determinadas acciones que, definitivamente ya no se habían materializado o se habían sacado adelante por otras vías, acorde a la realidad y urgencias de cada territorio.

Ahora, es imposible soslayar la acumulación de fallos de apreciación y ejecución de los encargados de concretar el plan. El modelo escogido, de cuarentenas dinámicas y desconfinamiento progresivo, exige una coordinación muy precisa del trabajo comprometido por todos los actores.

Por ejemplo, a diario, vemos en la televisión fiscalizaciones intempestivas en algunos lugares de la capital, como talleres mecánicos, gimnasios, bares clandestinos y comercio no esencial en general, donde los  infractores son detenidos y esposados bajo la aplicación de la ley vigente de la cuarentena.  Por otra parte, en el Chile real, el funcionamiento del comercio no esencial es recurrente, sin captar el interés de la prensa.

Desde un inicio, la autoridad sanitaria ha entregado señales confusas. Paradójicamente, hace unos días, una comuna del sector sur de la Región Metropolitana, autorizó el funcionamiento de un mercado ¡persa!, donde el desorden, el incumplimiento de las reglas de resguardo sanitarias, la falta de liderazgo y deslinde de responsabilidades, pareciera ser la nueva estrategia en el manejo de la pandemia.

Entre innumerables falencias, la autoridad de salud no entregó un lineamiento claro para el cierre de las botillerías al inicio de las cuarentenas dinámicas, dejando al arbitrio de los municipios esa decisión al igual que las ferias libres, que han sido fuentes críticas de contagio y - al mismo tiempo - la principal forma de abastecimiento de aquellos compatriotas acongojados por la crisis económica.

Al tenor de lo expuesto, es imprescindible que a esta altura de la pandemia y el desarrollo del publicitado plan “Paso a Paso”, lo más importante sea la fiscalización oportuna, con buena cobertura y consciente del riesgo que significa dejarla al arbitrio de las administraciones locales.

Luego, está fuera de discusión que, sin facultades y recursos, no se puede colaborar con eficiencia.

Se hace necesario un cambio radical en los procedimientos, implementando instrucciones claras y asumiendo las responsabilidades como corresponde a un proceso tan trascendente como el que Chile está viviendo.

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