Incendios forestales, municipios en deuda

Recientemente hemos sido testigos de las terribles consecuencias que ha dejado el incendio forestal más letal de la historia reciente. Se trata del denominado “Campfire” - cuya traducción significa “hoguera”-, siniestro que terminó con la vida de 87 personas y que, en su punto más álgido, las autoridades estimaron en 1.200 los desaparecidos en California, Estados Unidos. 

Los equipos de emergencia afortunadamente han informado que el “Campfire” se encuentra contenido - ya no avanza-, y que estaría pronto a extinguirse. Entre las consecuencias materiales, esta tragedia afectó aproximadamente 14 mil viviendas, siniestró un territorio total de 62 mil hectáreas (equivalente a 40 mil canchas de fútbol) y dejará millonarias pérdidas. 

El verano de 2017 Chile también vivió su propio “Campfire”, con devastadoras consecuencias sociales y económicas.

La “Tormenta de Fuego”, como fue denominada por la Unión Europea y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), acabó con la vida de 11 personas, afectó 2.288 viviendas y destruyó 467 mil hectáreas, un área siete veces superior al incendio forestal en California.

Adicionalmente, la “Tormenta de Fuego” modificó la escala habitual con la que se mide la fuerza de los incendios forestales en el mundo: si antes de “Tormenta de Fuego” dicha medición se extendía entre los niveles del 1 al 5, hoy existe una “sexta generación”. 

Todo apunta a que el cambio climático es uno de los principales responsables de estos incendios forestales y de gran parte de los eventos climáticos extremos que están azotando diferentes latitudes en el planeta. La prolongada sequía que se extiende en la zona centro sur del país y eventos extremos de calor pareciera ser una consecuencia directa de ello y a la cual cada verano nos tendremos que acostumbrar. 

Por lo tanto, y tal como todos los años, nos preguntamos sobre cómo estamos preparados para enfrentar una nueva temporada de incendios forestales.

Y una pista de ello lo entregó el Consejo para la Transparencia el 29 de octubre pasado, cuando informó que sólo un 45% de los municipios entre la regiones de Valparaíso a Bío-Bío cuentan con planes y comités de protección civil vigentes. 

Según el organismo fiscalizador, en el 54% de la comunas consultadas fue imposible demostrar la existencia de dichos instrumentos, dado que un 40% informó que no tenía el plan vigente y un 14% no se pronunciaron sobre los antecedentes solicitados. Respecto de los comités de protección civil, un 10% informó no contar con esta instancia de gestión y coordinación. 

Estas cifras son decidoras para demostrar que, lamentablemente, no estamos bien preparados para la temporada vigente y que existen reales posibilidades de repetir escenas ya vistas en nuestros bosques y ciudades.

Sabemos que los municipios conviven con diferentes carencias, sin embargo ello no debe ser excusa para emprender acciones concretas de preparación y respuesta que involucren directamente a su comunidad (vecinos, organizaciones, empresas), más allá del mandato legal que éstas tienen en materia de emergencias. 

Por cierto que el Gobierno central debe proveer de los recursos necesarios en caso que un desastre alcance ribetes mayores, sin embargo es en el ámbito local desde donde deben surgir las acciones - innovadoras o simples - que permitan enfrentar dicha realidad.

Desde las alianzas público - privadas locales, hasta la expansión de cursos comunitarios (CERT) o la existencia de un plan local eficiente de cortafuegos, por mencionar algunos ejemplos, suelen ser fórmulas de prevención y respuesta adecuadas ante las amenazas naturales que nos rodean.

Sin embargo poco sabemos sobre si éstas se desarrollan en los territorios, o si se desarrollan, cuáles son sus medidas concretas. Lo único que sabemos, gracias al Consejo para la Transparencia, es que las comunas siguen estando muy lejos de ello.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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