La banalidad de la falsa tranquilidad

Julián Cortés Oggero

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Hay algo profundamente cómodo en culpar a la alarma en lugar de mirar el incendio. No es necesario negar un problema para desactivarlo: basta con vaciarlo de urgencia, desplazarlo desde el terreno del riesgo hacia el de la retórica, como si lo relevante no fuera la acumulación de amenazas, sino el tono con que se las enuncia; es decir, no refutarlos, sino volverlos irrelevantes, no discutir su existencia y diluirlos en su espesor. No se cuestionan sus evidencias; más bien, se las reubica en un plano donde pierden densidad. Ésta es una operación discreta, pero eficaz: transforma lo estructural en opinable, lo sistémico en anecdótico.

Algo de eso atraviesa hoy a ciertos sectores en el debate nacional sobre el cambio climático y las iniciativas socioambientales.

No es necesario negar el fenómeno para vaciarlo de contenido político. Basta con reducirlo a exageraciones mediáticas o a errores del pasado -como si los desaciertos de divulgadores hace medio siglo pudieran invalidar el conocimiento acumulado por miles de estudios revisados por pares y sintetizados en los informes del IPCC (2023)-. Confundir esas categorías no es un detalle menor: es un error metodológico que distorsiona el debate.

Pero el cambio climático no opera en ese registro. No es un evento aislado ni un riesgo lineal. Es una condición que reconfigura sistemas completos -energéticos, hídricos, urbanos, productivos-. Su lógica es acumulativa, incierta y profundamente desigual.

Pero, la evidencia es consistente. El IPCC (AR6, 2023) afirma con un nivel de certeza "inequívoco" que el calentamiento del sistema climático es de origen humano y que sus impactos ya están afectando múltiples regiones. El Banco Mundial (2021) estima que el cambio climático podría empujar a más de 130 millones de personas a la pobreza extrema hacia 2030. La FAO (2022) advierte que la inseguridad alimentaria está siendo intensificada por eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.

Chile no es ajeno a esta realidad. La mega sequía ha afectado a la zona centro-sur por más de una década, reduciendo las precipitaciones entre 20% y 40% respecto de los promedios históricos (CR2, 2020). Los incendios forestales -como los de 2017 y los más recientes- han mostrado una intensidad y simultaneidad crecientes, tensionando las capacidades institucionales y evidenciando la dimensión sistémica del riesgo. En paralelo, la vulnerabilidad energética sigue siendo una brecha estructural; cerca de 63% de las viviendas en Chile no cuenta con aislación térmica adecuada (Censo, 2025), mientras que estudios de la Red de Pobreza Energética estiman que más de un millón de hogares enfrentan gasto energético excesivo y que una proporción significativa de la población declara pasar frío en sus hogares (RedPE, 2019).

En ese contexto, hay un desplazamiento particularmente problemático: convertir la discusión en una cuestión de costos presentes. Es cierto que las políticas climáticas pueden tener efectos regresivos si están mal diseñadas. Pero la evidencia comparada muestra que instrumentos como los precios al carbono o los estándares de eficiencia han sido precisamente los que han acelerado la innovación tecnológica (IEA, 2020; OECD, 2021). La transición no ocurre a pesar de la regulación, sino en gran medida gracias a ella.

Más aún, omitir el costo de la inacción no es neutral. El informe Stern (2007), reforzado por evidencia posterior, advierte que los costos de no actuar pueden ser sustantivamente mayores que los de la mitigación. En América Latina, esto ya se traduce en pérdidas agrícolas, estrés hídrico y mayor exposición a desastres.

Los sectores más vulnerables no solo enfrentan los costos de la transición. También padecen -y con mayor intensidad- los costos de no hacer nada. Son quienes tienen menor capacidad de adaptación frente a sequías, inundaciones o crisis energéticas. Ignorar esa asimetría mientras se discuten precios en abstracto no los protege: los invisibiliza.

Hay en este vaciamiento algo que recuerda -en otro registro- a lo que Hannah Arendt describió como la banalidad del mal: no la negación del daño, sino su normalización a través de la superficialidad. Y en ese gesto, aparentemente inocuo, se debilitan las condiciones mismas para enfrentarlo.

Reducir el problema a una oposición entre regulación e innovación, o entre mitigación y adaptación, por una parte, simplifica un fenómeno que exige miradas y formas de gobernanza más complejas, y por otra, distorsiona cuando lo desplaza hacia una retórica apocalíptica, como si se tratara de una ficción especulativa más que de un proceso científicamente documentado.

En el fondo, el problema no es el exceso de alarma, sino la tentación de la tranquilidad: la idea de que los procesos que incomodan pueden ser contenidos, diferidos o relativizados sin consecuencias.

Pero los riesgos sistémicos no desaparecen cuando se los minimiza. Se acumulan en silencio, hasta que dejan de ser discutibles. Y entonces, ya no hay alarma que alcance.