Etiquetado en alimentos: una cuestión de salud pública
Hace pocas semanas T13 informó algo que, lamentablemente, quienes trabajamos en el ámbito de las enfermedades asociadas al gluten ya sabíamos que podía ocurrir: una marca comercializaba productos etiquetados como "100% libres de gluten" que, en realidad, contenían esta proteína. La seremi de Salud inició un sumario. Bien. Pero el daño ya estaba hecho. Personas con enfermedad celíaca confiaron en ese rótulo y su salud pagó el precio.
Para quienes no conocen la enfermedad celíaca, vale la pena dimensionarla: es una condición autoinmune crónica en la que la ingesta de gluten provoca inflamación intestinal, daño progresivo en las vellosidades del intestino delgado y, a largo plazo, complicaciones tan graves como ciertos tipos de cáncer. No existe tratamiento farmacológico: la única terapia es una dieta estricta y permanente sin gluten. Eso convierte el etiquetado de los alimentos en una cuestión de salud pública, no de preferencia del consumidor.
El problema no es nuevo ni menor. Estudios nacionales realizados en más de 1.200 adultos aparentemente sanos muestran que el 8,5% declara seguir una dieta sin gluten por tener enfermedad celíaca. A eso hay que sumar quienes padecen otros trastornos asociados al consumo de trigo. Estamos hablando de un grupo poblacional significativo que hoy enfrenta una inseguridad alimentaria que el Estado chileno sigue ignorando sistemáticamente.
Chile tiene una Ley Celíaca -la N° 21.362- y el Decreto N° 49 del Ministerio de Salud, vigente desde septiembre de 2025, que establece condiciones para el etiquetado de alimentos libres de gluten. Pero una ley sin fiscalización es papel mojado. Hoy abundan los emprendimientos que no respetan las normativas vigentes, y como no existe un control preventivo por parte de las autoridades sanitarias, estos productos pasan inadvertidos hasta que alguien se enferma. Nuestro país es uno de los pocos que no presta atención real a este problema.
El país necesita medidas concretas: un programa de fiscalización preventiva con muestreo y análisis de laboratorio antes de que los productos lleguen al mercado; sanciones proporcionales al daño causado por el etiquetado fraudulento; un registro público y actualizado de productos certificados con trazabilidad; y los recursos humanos y técnicos necesarios para que la Ley Celíaca se aplique con todos sus efectos. Urge, además, avanzar hacia un programa nacional que aborde de manera integral la inseguridad alimentaria de este grupo.
Mientras eso ocurre, nuestro llamado a quienes mantienen una dieta sin gluten es advertir que no basta con leer el envase. Prioricen productos que cuenten con certificación de terceros, es decir, que lleven un logo de certificación reconocido. Consulten el listado de productos certificados en coacel.cl y, ante cualquier duda, acudan a su médico o nutricionista. No se arriesguen.
La enfermedad celíaca no es una moda ni una preferencia alimentaria. Es una condición médica seria, subdiagnosticada y con consecuencias graves. Las personas celíacas merecen comer con seguridad y con dignidad. Y eso, en un país que se precia de tener políticas de salud pública serias, no debería ser demasiado pedir.
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