Bajo crecimiento, alto desempleo: fortalecer la política de alimentación escolar
Desde hace ya varios años que se vienen encendiendo las alarmas respecto del bajo crecimiento que está experimentando nuestro país. Cifras de los años 2024 y 2025 señalan que el país creció por debajo del 3% (entre 2,5 y 2,6% cada año), lo que era sin duda una cifra exigua y por la cual se realizaron todo tipo de declaraciones, señalando fuertemente hacia una crisis económica. Así mismo, el desempleo alcanzó niveles relativamente altos durante los años pasados, afectando a una proporción superior al 8% de la población hacia fines de 2025 e inicios de 2026 (según el INE, tasa de desocupación del trimestre noviembre 2025-enero 2026 era de 8,3%, 0,3 puntos porcentuales por sobre el valor del mismo trimestre del año previo).
El año 2026 comenzó con esperanzas renovadas y la ilusión de mejoras en las condiciones económicas. El nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast, de la mano del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentó una serie de reformas orientadas a reducir el gasto público, incentivar la inversión privada e incrementar el empleo. Si bien, resulta comprensible que tales reformas no tengan efectos inmediatos, lo que es preocupante es que el mercado no esté reaccionando con optimismo y que los expertos observen con cautela (o más bien pesimismo) la materialización de la promesa de mayor crecimiento y empleo, al menos en el corto plazo. A modo de ejemplo, si en enero de este año las expectativas eran de un crecimiento económico cercano a 2,6% (muy similar al experimentado en los años previos), esto prontamente se vino abajo: hoy distintos expertos y organismos, tanto nacionales como internacionales, sitúan el crecimiento económico de Chile en valores más bien cercanos a 0%.
De acuerdo a la última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central, publicada este mes, el crecimiento llegará a 0,2% durante el presente año. Esta es la misma proyección que realiza la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), situando a Chile como el país de menor crecimiento en todo Sudamérica, solo igualado por Bolivia y muy por debajo del promedio de América del Sur (2,1%), América Latina y el Caribe (2,0%) y de los países que más crecerán este año, como Venezuela (6,5%), Paraguay (4,5%), o Perú (3%). El Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto, pone a Chile con un crecimiento esperado de 0,6%, que, si bien está por encima de lo proyectado por el Banco Central o la Cepal, sigue siendo un crecimiento extraordinariamente bajo.
Sin embargo, no solo el crecimiento se proyecta bajo. La inflación alcanzó niveles de 4,1% en el último informe disponible del INE (septiembre), muy por encima del 2,8% que teníamos recién en enero de este año y muy por sobre la meta de 3% declarada por el Banco Central. Más aún, el mismo Banco Central señala que se espera una inflación de 4,6% para 2026, mientras que simultáneamente el desempleo llegó ya al 9,6% para el trimestre junio-agosto. Esto es, un punto porcentual por sobre lo que se tenía un año atrás, con casi un millón de personas desempleadas actualmente.
En resumen, tenemos un escenario de bajo crecimiento económico, alto desempleo y alta inflación. Esto es sin duda un golpe muy fuerte para las familias chilenas, especialmente para aquellas de menores ingresos, las que observan con cada vez mayor dificultad la posibilidad de encontrar un trabajo (particularmente difícil para quienes buscan trabajo formal) y que simultáneamente ven como el costo de la vida se incrementa de forma acelerada. Esto es especialmente cierto cuando se considera que no solo la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 4,1%, pero que además el IPC de alimentos llegó al 4,3%, y que las familias más vulnerables son quienes destinan una mayor proporción de su gasto a la compra de alimentos.
En este escenario se hace indispensable fortalecer el rol de los programas sociales y de las ayudas para las familias de menores ingresos. Shocks económicos como el que está viviendo el país hacen recordar lo vivido durante la pandemia del Covid-19, donde la caída en el empleo y en el crecimiento, así como las fuertes alzas en el costo de vida, produjeron importantes aumentos en los niveles de inseguridad alimentaria, especialmente en las familias más vulnerables. A modo de ejemplo, un estudio de Giacoman, Herrera y Arancibia (2021) publicado en Public Health describen un incremento de 19 puntos porcentuales en la prevalencia de inseguridad alimentaria en Chile, pasando desde 30% en 2017 a 49% en 2020. De igual forma, el Ministerio de Desarrollo Social de Chile señaló que el porcentaje de hogares que sufrió inseguridad alimentaria durante la pandemia, creció más de 6 puntos porcentuales (hasta 19,5%).
Si bien las condiciones económicas son mejores que aquellas observadas durante la pandemia, el que constituyó un momento excepcional, las tendencias son las mismas y los resultados esperados también. Es decir, la actual condición de bajo crecimiento, alto desempleo y alta inflación, resultan particularmente preocupantes en términos de garantizar la seguridad alimentaria de la población. Y esto se vuelve aún más crítico cuando, como se señaló al principio de esta columna, el actual gobierno está poniendo en marcha reformas que reducen el gasto público y las ayudas que provienen de los programas sociales.
En tal sentido, vale la pena llamar la atención y concentrar esfuerzos en valorar aquellos programas que reducen la incertidumbre de las familias y que les garantizan niveles de vida mínimos, tales como los programas de alimentación. Este tipo de apoyos estatales, tales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que permiten que los niños y niñas de los hogares más vulnerables de nuestro país accedan a alimentos saludables de forma regular, son clave no solo en amortiguar los potenciales efectos en seguridad alimentaria que pueda tener la actual crisis económica y reducir la presión sobre el gasto de los hogares, sino que adicionalmente en generar las condiciones mínimas para el desarrollo académico e intelectual de las generaciones futuras de nuestro país.
Invertir en crear condiciones básicas de equidad para promover la educación y la movilidad social, comienzan por reducir las brechas asociadas al acceso a escuelas, equipamiento, insumos, pero también a alimentación adecuada. Entre los tantos programas sociales que debiéramos recomendar proteger, aquellos orientados a garantizar la alimentación de la población, tal como el Programa de Alimentación Escolar, serían los primeros que debiésemos resguardar.