Los errores que pagan las inocentes
Errores de distintos actores, cometidos en distintos momentos, terminan golpeando a las mismas personas: las víctimas de violencia sexual infantil. Las rebajas de condena otorgadas a 56 abusadores y violadores de niños, niñas y adolescentes, que se suman a los 275 del gobierno anterior, revelan una cadena de decisiones cuya cuenta vuelven a pagar las inocentes.
La primera responsabilidad es histórica y transversal: haber mantenido una legislación que permitía reducir las condenas por estos delitos. En febrero de 2022, durante el gobierno de Sebastián Piñera, la ley 21.421 buscó cerrar esa puerta. Sin embargo, su aplicación a delitos anteriores generó controversias que el sistema político y judicial no resolvió de manera consistente.
Durante el gobierno de Gabriel Boric, el Ministerio de Justicia denegó beneficios y defendió su rechazo ante los tribunales. Sin embargo, hubo fallos que ordenaron concederlos y otros que respaldaron la exclusión. La disparidad de criterios mantuvo abierta una incertidumbre que las autoridades no lograron resolver.
El actual Ministerio de Justicia optó por conceder administrativamente las rebajas, invocando una jurisprudencia que no era uniforme. No basta atribuir la responsabilidad a los tribunales. Una ley destinada a impedir estos beneficios terminó interpretada de una manera que permitió otorgarlos.
Para las víctimas, esta discusión tiene un significado concreto: saber que sus agresores pueden recuperar la libertad antes de cumplir la pena originalmente impuesta. ¿Qué confianza puede ofrecerles un Estado que discute competencias mientras ellas deben enfrentar el miedo?
Esta sucesión de decisiones expresa una cultura adultocéntrica: las necesidades de protección de niños y niñas quedan relegadas frente a las consideraciones sobre los adultos condenados. La indignación y los anuncios de corrección deben traducirse en protección, información y reparación para quienes sufrieron los abusos.
La próxima prueba para el Gobierno y el Congreso será la tramitación del proyecto sobre denuncias falsas. Sancionar una imputación deliberadamente inventada no puede confundirse con castigar una denuncia que no logró probarse. Una causa archivada o una absolución no demuestran, por sí solas, que hubo una mentira.
Si existe un compromiso con las víctimas, debe expresarse en recursos para policías y fiscalías, investigaciones oportunas y condiciones seguras para denunciar. Elevar el temor de quienes ya tienen terror de hablar solo profundizará el silencio y la impunidad.
Si los parlamentarios vuelven a equivocarse, otra vez pagarán las inocentes. Pero esta vez quienes legislan no podrán alegar desconocimiento: habrán sido advertidos del riesgo de silenciar a las víctimas y facilitar la impunidad.