Juega en el límite con la inocencia de un niño, cautivado por el descenso de las aguas de la quebrada. Ramas y algunos desechos provocan un desborde, a veces, amenazante que lo hace correr. Sólo a pocos metros, junto a cientos de vecinos, está su casa, precaria, aún sobre barro más húmedo que nunca, cuidando que no hagan cortocircuito los cables con las goteras que engruesan su caída. Su mamá corre para que no se volteen los bidones donde guarda los pocos litros bebestibles con los que cocina y da de beber a sus hermanos. La lluvia arrecia, el torrente ruge como no lo hacía en años, como cuando arrebató la vida de 34 vecinos en 1993. Nada ha cambiado. Ahí siguen en la zona de exclusión, en el campamento cuyo nombre es sólo un anhelo: dignidad.
La realidad de los campamentos vuelve a hacerse visible en circunstancias como las que vivimos estos días. La pandemia y la inmigración irregular han hecho más lejana la posibilidad de erradicación frente a políticas públicas insuficientes. Estos asentamientos informales, caracterizados por la falta de servicios básicos y condiciones de vivienda deficitarias, representan un desafío importante para el país y, por cierto, es una realidad que abarca varias regiones con problemas distintos y multiplicidad de factores de riesgos en especial para la niñez. Sin embargo, existe una problemática particularmente preocupante: los campamentos ubicados en zonas de exclusión de cauces naturales, como la Quebrada de Macul.
Estos asentamientos enfrentan riesgos significativos relacionados con la posibilidad de aluviones, poniendo en peligro la vida y la seguridad de las personas que residen en ellos. Así lo ha demostrado dramáticamente la historia y es necesario que las autoridades enfrenten con prontitud la relocalización fuera de las zonas de riesgo. Ya en el año 2017 advertimos -a las autoridades de la época- la necesidad de que se interviniera con un plan en dicho sentido, lo que no se ha materializado, pese a los planes vigentes del Serviu de la época.
Es fundamental desarrollar una planificación territorial que considere los riesgos asociados a fenómenos naturales y evite la ocupación de áreas de exclusión de cauces naturales. Se requiere un esfuerzo coordinado entre el gobierno, organismos públicos y la sociedad civil, para la erradicación y reubicación de los campamentos en zonas de riesgo, como también en la implementación de obras públicas protectoras (como el desarrollo e implementación del parque fluvial en la actual zona ocupada en la quebrada y que ya dispone de un diseño base aportado en el año 2017).
Por último, es fundamental contemplar esta variable de los asentamientos irregulares en zonas de exclusión, a fin de fortalecer los sistemas de prevención y alerta temprana ante desastres naturales, especialmente en áreas de alto riesgo. Esto implica contar con sistemas de monitoreo y comunicación eficientes que respondan con oportunidad ante una emergencia de esta naturaleza. No podemos ser indiferentes. Quisiéramos que la casa de cada niño fuera un lugar seguro y no la antesala del dolor y la tragedia. Un niño, son todos los niños.
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