El apoyo no puede terminar a los 18 años
Varias cartas recientes han abordado la situación de jóvenes que, tras crecer en residencias de protección y no continuar estudios, deben enfrentar en soledad los desafíos de la vida adulta, sin recursos ni habilidades suficientes, pues no pueden acceder a programas de acompañamiento para la vida independiente. Sin redes familiares ni sociales, quedan expuestos a situaciones de calle, precariedad o incluso a involucrarse en actividades delictivas.
De acuerdo con la ley actual, solamente aquellos que continúan sus estudios siguen contando con los apoyos y acompañamientos necesarios para su proceso de transición a la vida independiente. Aunque, cuando el Estado asume el cuidado de niños, niñas y adolescentes en residencias, ejerce una responsabilidad parental que implica deberes equivalentes a los de cualquier madre o padre. Nada justifica que esa responsabilidad termine abruptamente al cumplir la mayoría de edad, del mismo modo en que las familias no abandonan a sus hijos al cumplir 18 años
La Sala del Senado en el marco de la discusión de la Ley de Armonización de la Ley de Servicio de Protección Especializada a la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, rechazó la indicación aprobada previamente por la Cámara de Diputados que extendía el acompañamiento hasta los 24 años para aquellos jóvenes que, aunque no continúen estudios, ingresen voluntariamente a una etapa de habilitación para su independencia económica. La decisión se fundamentó en razones presupuestarias y en dudas sobre sus efectos institucionales y operativos, sin considerar el impacto que tiene para estos jóvenes egresar completamente desprotegidos y sin las condiciones mínimas para iniciar una vida autónoma.
Cada año, en promedio, alrededor de 450 jóvenes egresan de residencias por alcanzar la mayoría de edad. Cerca del 70% continúa estudios y mantiene acompañamiento, de acuerdo con la normativa vigente. La discusión actual se refiere, por tanto, a aproximadamente 130 jóvenes al año: aquellos que, sin continuar estudios formales, igualmente necesitan apoyo para construir un proyecto de vida autónomo.
Hoy la posibilidad de corregir esta incomprensible decisión recae en la comisión mixta que deberá constituirse. Esperamos que prime la comprensión de que estos jóvenes no requieren menos apoyo, sino más oportunidades para una transición digna hacia la vida adulta.
La protección no es un premio por estudiar; es un deber del Estado con quienes crecen bajo su cuidado. ¡No más egresos en situación de abandono y en soledad solo por cumplir 18 años!