Homicidios de niños, niñas y adolescentes: Bajo la sombra de la violencia

Hoy enfrentamos una cifra alarmante: Más de 307 menores de edad han perdido la vida debido a homicidios perpetrados con armas de fuego en Chile entre 2018 y 2024. Este trágico panorama nos exige reflexionar sobre la urgencia de abordar una problemática que afecta profundamente a nuestra sociedad.

La violencia armada se ha arraigado en diversos sectores, todos con características comunes: Comunidades empobrecidas, excluidas y postergadas. Esta situación no solo es un grave desafío de seguridad pública, sino que representa una violación flagrante de los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes, el derecho a la vida, a la protección y a vivir en un entorno seguro que favorezca su desarrollo integral.

"El tiempo no para, yo no entiendo nada. El mundo está loco y yo loco con él". Aunque los homicidios en general en el país han mostrado una leve desaceleración, los asesinatos de menores de edad siguen en aumento. Este hecho evidencia una crisis profunda en la cohesión social, especialmente en los sectores más vulnerables, aquellos donde crecen nuestros niños, niñas y adolescentes que ven frustradas sus vidas, y donde la violencia se ha convertido en una constante de su cotidianidad. Esto se refleja en la falta de equipamiento público adecuado, áreas verdes deterioradas, la presencia constante de personas consumiendo alcohol o drogas en espacios públicos y basurales alrededor de sus viviendas. A esta realidad se suman problemas como la violencia intrafamiliar, las riñas y el uso indiscriminado de armas de fuego y pirotecnia, fenómenos que afectan gravemente su desarrollo y que es parte de una violencia estructural.

En este contexto, los barrios más vulnerables se convierten en un terreno fértil para la inserción de niños, niñas y adolescentes en bandas criminales. Un fenómeno que, lamentablemente, permanece oculto detrás de una cobertura mediática que suele simplificar una realidad mucho más compleja. En estos ambientes, las bandas ofrecen no solo un espacio de protección frente a la violencia, sino también un sentido de pertenencia, poder y, sobre todo, de supervivencia. Este fenómeno se refleja en el aumento de los fallecimientos de menores de edad a manos de armas de fuego, con 48 casos en 2024, seis más que en 2023. Ese mismo año, 124 menores de entre 14 y 18 años cometieron homicidios en el país.

Estos números no deben ser considerados meras estadísticas, sino como un claro indicador de la descomposición social que afecta a comunidades enteras. En estos sectores, la violencia no es un hecho aislado, sino una presencia constante que permea todos los aspectos de la vida cotidiana de los más vulnerables.

A pesar de la implementación de la ley 21.430 en 2023, destinada a garantizar la protección de la niñez y adolescencia, el desafío sigue siendo monumental. Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de homicidio formaban parte de algún programa estatal, quedando a la vista su ineficiencia. La nueva ley representa un avance positivo, pero para ser realmente efectiva debe incorporar un enfoque integral, que contemple medidas urgentes y específicas para frenar la violencia armada. Aunque el horizonte hasta 2032 puede parecer prometedor, los niños, niñas y adolescentes que hoy están en riesgo no pueden esperar tanto tiempo para ver cambios reales en sus contextos.

El aumento de los homicidios de menores de edad, la falta de protección en sus barrios y la proliferación de armas en manos equivocadas exigen una respuesta urgente y radical. Es indispensable implementar políticas públicas que aborden de manera efectiva la circulación de armas de fuego, el control territorial, la recomposición de los territorios más afectados y la creación de redes de apoyo psicosocial y comunitario. Solo de esta manera podremos garantizar que las futuras generaciones no sigan viviendo bajo la sombra de la violencia. Si no actuamos, nuestra respuesta como sociedad será, tristemente, la criminalización de aquellos a quienes el Estado ha fallado.

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