Ley de Conciliación: los privados arriba

Ximena Burgos

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Para el Presidente de la República, Sr. Gabriel Boric, al parecer los trabajadores del sector público que son cuidadores no tienen los mismos derechos que los trabajadores del sector privado que son cuidadores.

"Seguiremos combatiendo las injusticias y barreras que afectan a las mujeres trabajadoras de Chile", nos decía en su pasada Cuenta Pública. Tal vez le faltó el calificativo "privadas" para ser preciso, ya que efectivamente el Proyecto de Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal se encuentra en la sala del Senado y busca ofrecer mayor flexibilidad horaria y jornadas híbridas a madres y padres de menores de 14 años y a cuidadores de personas con dependencia severa o moderada independiente de su edad. Sin embargo, esta ley sólo aplicará para los trabajadores contratados por el Código del Trabajo.

Esta exclusión no se condice con el espíritu del anunciado Sistema Nacional de Cuidados como representante del sello que este gobierno ha insistido en destacar, y que -hasta el momento- el Ejecutivo se ha negado a una iniciativa legal del mismo nivel que consagre estos derechos a los funcionarios públicos cuidadores.

Por alguna razón inaceptable, las materias abordadas en este proyecto al aplicarse sobre otro tipo de trabajador -el público- pierden su calidad de derechos y son relegadas al trato de un trámite trasnochado. Este tema ha sido considerado como "misceláneo" y se abordaría potencialmente en la ley que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público para el año 2024, dando la señal de que las condiciones contractuales de los servidores públicos cuidadores son un "lastre" que se suma a una lista de temas por resolver a última hora con la Mesa del Sector Público, que dependiendo de sus intereses, representa o no las materias que convengan.

Someramente, la "Guía Metodológica sobre Preparación de Proyectos de Teletrabajo en el Sector Público" de la Dipres, de julio de 2022, menciona el "Cuidado de personas (menores, adultos mayores, con enfermedades)" como uno de los criterios de selección de los trabajadores que se adscriban a esta modalidad, no obstante, dicha guía no es necesariamente considerada por todo el sector público (prueba de ello es la Resolución Exenta N° 01406 del 22 de agosto de 2023 de la Universidad de Chile, que aprueba su Instructivo de teletrabajo sin recoger en sus criterios de selección el rol de cuidador) lo que patenta la necesidad de reconocer a los funcionarios públicos cuidadores en un instrumento legal transversal a todo el sector público caucionando sus derechos de modo real.

El carácter timorato de un Estado que se resiste a avanzar con más convicción, eficacia y excelencia con sus propios colaboradores es el verdadero lastre. Grupos como el Movimiento de Mujeres del Sector Público (Momusep) o el Colectivo de Funcionarios No Académicos y Académicos por los Derechos de Personas con Discapacidad y Cuidadores de la Universidad de Chile son espacios que han buscado sin descanso visibilizar la existencia de las y los cuidadores que trabajan en el sector público y que pueden desempeñar sus labores vía teletrabajo para así conciliar de manera estable su vida laboral con sus responsabilidades familiares, tal como los del sector privado.

Su trayecto ha sido arduo y amargo, pues han sido sistemáticamente invisibilizados y vivido la falta de criterio y empatía en el diseño de políticas institucionales que las y los reconozcan más allá de las declaraciones, y constatar un proyecto de ley que los excluye y cuyas materias eventualmente se aborden en un artículo de una ley miscelánea -con suerte-, es una falta de respeto de una autoridad que enarbola discursos con las palabras "igualdad", "derechos" e "inclusión" con mucha facilidad.

Queda esperar si la Ley de Reajuste del sector público para el año 2024 incluirá a los padres y madres de menores de 14 años y a cuidadores de personas con dependencia severa o moderada con los mismos derechos que se consagrarán en la Ley de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal para el sector privado. De ser efectivo, lo ético será que en esta ocasión se consideren como derechos permanentes para dichos funcionarios, no transitorios por el año 2024 quedando a la espera de un nuevo proceso de discusión de reajuste cada fin de año.

Por lo que, Presidente Boric, quienes "seguiremos combatiendo las injusticias y barreras que afectan a las mujeres trabajadoras de Chile" serán las propias funcionarias públicas ante usted, que las ignora.